Desde la noche del miércoles primero de diciembre, Televisa puso en juego buena parte de sus espacios de información y opinión y a varios de sus comentaristas para difundir y validar un testimonio del presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, ahora testigo colaborador de la PGR, según el cual su organización delictiva entregó 50 mil dólares al reportero de la revista Proceso Ricardo Ravelo para que dejara de mencionarlo en su trabajo periodístico. Significativamente, el propio Ravelo había publicado, unos días antes, un reportaje en el que refiere contactos de Villarreal Barragán con Felipe Calderón y con el senador panista Guillermo Anaya. El semanario difundió, una semana antes, un adelanto del libro de Anabel Hernández Los señores del narco, en el que se sostiene que el gobierno federal ha intentado abrir canales de comunicación con los capos de la droga, y que en ese empeño estuvo involucrado el difunto Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación y colaborador cercanísimo de Calderón.
La embestida del consorcio televisivo contra Proceso y su reportero va mucho más allá de la difusión de noticias; la desmesura, la insistencia y los epítetos empleados contra la revista denotan una hostilidad inocultable. Vista en forma aislada, esa embestida podría tomarse como un ejercicio indebido de músculo mediático y empresarial contra una publicación que, independientemente de lo que se piense sobre su línea editorial, ha sido, y es, independiente y crítica.
Hay recordar que Televisa no es únicamente un medio, o un conjunto de medios sino, antes que eso, uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, y que ha puesto su poder económico, su cobertura y su penetración al servicio de sus intereses políticos y corporativos. Ha de tenerse en mente, también, la tradicional relación de connivencia entre la compañía de la dinastía Azcárraga y el régimen: promotora número uno del discurso oficial, beneficiaria de primer orden de los favores del poder público y componente central del grupo político-empresarial que ocupa las instituciones del país, Televisa ha operado y sigue operando, al margen de cualquier disposición legal, como una suerte de ministerio de propaganda gubernamental, y su principal instrumento es el conjunto de concesiones, puntualmente refrendadas y ampliadas por gracia del gobierno, para la utilización de frecuencias que pertenecen a la nación.
Hay que tener presente que el actual gobierno ha abusado en forma sistemática de los organismos de procuración de justicia para ponerlos al servicio de sus designios facciosos, como lo ejemplifica el llamado michoacanazo. Ello hace pensar que los dichos de Villarreal Barragán sobre el informador de Proceso son declaraciones a modo, obtenidas con posterioridad a las publicaciones referidas. Esta sospecha se robustece por el absurdo manejo de fechas inicialmente presentado por Televisa, en el que el presunto delincuente hizo mención de un reportaje 17 días antes de que éste apareciera publicado. La embestida contra Proceso reviste la condición de una campaña gubernamental mal disimulada contra un medio informativo independiente. Ello confirma las relaciones inconfesables entre Televisa y el poder político y ratifica los señalamientos en torno a la ausencia de democracia real y efectiva en el país.
Proceso respondió de la siguiente manera: “Por convicción, por desmesura o por desatino, desde el primer día de su gobierno Felipe Calderón hizo pasar al narcotráfico del terreno penal al político. En pos de legitimación, le declaró la guerra a los cárteles y, sin consenso, la convirtió en política de Estado. En automático, el narcotráfico y la guerra de Calderón se volvieron tema natural y recurrente de Proceso… (El) semanario ha cubierto la guerra de Calderón sin reticencias –guerra en la que se ha vertido más sangre que tinta en reseñarla, podría decirse, evocando a Joseph Roth–… Y lo ha hecho utilizando las herramientas propias del periodismo de investigación del mundo de hoy. En ese seguimiento, las investigaciones de Proceso han dado cuenta de las fallas, errores, abusos y fracasos de la estrategia contra el narcotráfico, contrariando el discurso presidencial. Aún más: los reportajes de la revista han tocado el presunto tabú de la relación entre los capos del narcotráfico y la política y han llegado hasta el máximo nivel, la casa presidencial. Calderón lo ha intentado, pero no ha podido hacer prevalecer la mentira sobre la verdad. El poder público requiere consustancialmente de lo que los politólogos llaman medios disponibles… Televisa es un medio disponible para el actual gobierno. No es el único; sí es el más poderoso y servicial. En cambio, un medio de comunicación independiente acaba convirtiéndose, para un gobierno autoritario, en un enemigo real o imaginado. Así lo es Proceso para el gobierno que encabeza Calderón. Por ello emprendió un embate desproporcionado contra (el) semanario –el día mismo de su cuarto cumpleaños como presidente– a través de su medio disponible preferido y de su conductor estrella, Joaquín López Dóriga… Olvidan quienes participan en la agresión, gratuitamente o no, que los lectores de los medios impresos independientes no son factores pasivos, sino activos, que con su juicio ponen en evidencia la calidad o la falta de calidad de sus contenidos. Este es uno de los principios que rigen la comunicación en las sociedades modernas. La fuerza imbatible de Proceso está precisamente en ellos, los lectores”.
(Tomado de Editorial de La Jornada, 3/XII/10; proceso.com, 5/XII/10).
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