viernes, 28 de agosto de 2009
El enredo
Vicente Fox, sigue acumulando puntos para seguir ascendiendo en la categoría de Rey de la Impunidad, debido a que le fue condonada una multa por la Dirección de Desarrollo Urbano de este municipio, por carecer de los permisos respectivos para remodelar la casona de la exhacienda San Cristóbal, donde construye un hotel. No sólo eso, sino que la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el de las botas también estaría incurriendo en violaciones a la Ley Federal de Monumentos y Sitios, al no haber tramitado ante el organismo la autorización correspondiente para realizar modificaciones al inmueble. Según el INAH, la familia Fox Quesada no ha efectuado a la fecha ningún trámite o solicitud para remodelar la casona o habilitarla como hotel; sin embargo, el pasado 20 de julio el Centro Fox confirmó en un comunicado que ya había realizado dicho trámite. La noticia sobre la remodelación se conoció el viernes 17 de julio, un día después de que se celebró la boda religiosa entre Bisonte Fox y Marta Sahagún, cuando supuestamente la familia Fox se “despidió” de la casa familiar. En su comunicado, el Centro Fox dio a conocer que “efectivamente los hermanos Fox están de acuerdo en transformar la hacienda en un hotel, cuyo propósito es que llegue a ser patrimonio del Centro Fox y, por tanto, una fuente de ingresos para su operación”. En su escrito, admitió que ya se está trabajando en la remodelación. No obstante, sabido es que los Fox no hicieron los trámites correspondientes para modificar la casona de la exhacienda, un inmueble que data del siglo XVII y es considerado un monumento histórico, por lo que el responsable se haría acreedor a una multa de cien a 10 mil pesos y una pena corporal de uno a diez años, previstas en el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por su parte, el director de Desarrollo Urbano de San Francisco, Gabriel Rentería, confirmó que “los Fox nunca tramitaron el permiso de construcción o remodelación de la finca, y tampoco hay conocimiento en el gobierno municipal de que exista un proyecto para convertirla en hotel, por lo que los responsables deberán regularizar esta situación y pagar una multa”. En la misma sintonía, el área de Comunicación Social del gobierno municipal precisó que “(tenemos) conocimiento de que se están construyendo ocho habitaciones o cabañas y, efectivamente, no se pidió la licencia”. Toño Salvador, alcalde de este municipio, abogado y notario público, que sabe de Derecho lo que nosotros de ruso, conocido y afamado por su fácil secreción de líquido biliar cuando uno de sus cómplices es exhibido como tramposo, como en esta ocasión es el caso de Fox, trató de salir al quite con esta perla: “para empezar, no comparto la idea de multar a ese gran demócrata que es Fox, por haber comenzado sin licencias de uso de suelo, la construcción de un hotel”. Enojado, Toñín se enredó en sus propias palabras: “Claro, el Reglamento de Construcción prevé una multa… pero hay que ser parejos; claro, aplicando la ley; pero hay que analizar lo que como autoridad aplicaremos siendo justos”. ¿Se entiende lo que quiso decir? Sencillo: a los amigos se les aplica la justicia, y a los adversarios la ley; es decir, que siga reinando la impunidad, que viva el doble discurso. Ya encarrerado, Toño se dio tiempo de regañar al director de Desarrollo Urbano: “habría que preguntarse como autoridad en qué es en lo que se ha fallado… Porque varios permisos han llegado a tramitarse ante Ayuntamiento, cuando las obras ya están en proceso, y no ha habido multas. Habría que revisar por qué en la misma área de Desarrollo Urbano, se les está pasando el que se pongan en marcha construcciones sin antes tener permisos”. A su vez, la regidora priísta Ma. de Jesús Vázquez, también abogada, le entró al batidillo de declaraciones para justificar lo injustificable: coincidió en la condonación de multas, porque, “en el supuesto de que se vayan a empezar a aplicar sanciones, entonces habría que definir cómo van a ser, y a partir de cuándo, porque de lo contrario, vamos a estar afectando el estilo de vida de los ciudadanos”; en otras palabras, el estilo de vida de los ciudadanos está basado en el ¿favoritismo, señores abogados? Entonces, ¿para qué están los Reglamentos, si no se van a aplicar? Nótese cómo la propia autoridad es la que propicia que vivamos en un régimen en el que la Ley es letra muerta. Más aun, cuando quienes opinan como autoridad son supuestos estudiosos del Derecho, y, dejan entrever ignorancia o cinismo, o las dos cosas al mismo tiempo. Para cerrar el circuito del enredo, Fox emitió un comunicado la tarde del 22 de julio en el que aseguró que “no se le puede imponer ninguna multa por el hotel, porque no ha iniciado la construcción”. Lo anterior, pese a que personal de Desarrollo Urbano había ido ese mismo día a San Cristóbal a verificar el avance de la obra. Para justificarse, Gabriel Rentería declaró que todo el enredo fue a partir de “malos entendidos y una mala información a la ciudadanía”. Lo que quedó claro en este enredo es que Toño Salvador no tolera que sus amigos sean exhibidos como tramposos, al ser acusados públicamente de ser beneficiados por el favoritismo de autoridades municipales a las que les tiemblan las corvas a la hora de querer aplicar la normatividad respectiva.
(Fuentes: Verónica Espinosa, apro, 21/VII/09; a.m., julio 22 y 23, 2009).
El dominio de la intriga
Quien domina la intriga, domina el mundo, o termina imponiéndose a sus adversarios. Los relatos históricos son en realidad tratados de la intriga y de la conspiración. En estas últimas reside el Poder, aunque haya periodos en los que políticos de casta confirmen la regla general con su excepción. Y la regla general es que los que gobiernan y los que pugnan por gobernar no tienen y, lo que es peor, no pueden tener, escrúpulos. Tenerlos es sucumbir. Entre hienas hay que ser una hiena, y es virtualmente imposible que pueda imponerse quien no es despiadado entre alimañas. Puede parecer que un político tiene un alma grande, pero las vilezas no sólo se cometen por actos; a menudo son más graves por omisión, consintiendo, mirando a otra parte en ciertas circunstancias y siempre olvidando el escrúpulo generalmente inoculado en la cuna. A eso, cuando se prescinde del escrúpulo, los políticamente correctos le llaman “firmeza”. Quien gobierna, aun prudente -ver Maquiavelo-, y más quien aspira a gobernar, han de saber burlar la ética política que en la práctica no existe. Mucho se dice de la estupidización general de las sociedades democráticas que están virtualmente en manos de las clases sociales por definición sin escrúpulos, especialistas en la manipulación. Se trata de gentes con o sin responsabilidades públicas que se supone son espejo para muchos, a quienes les basta manejar diestramente el repulsivo arte de la intriga para ir imponiéndose poco a poco sobre otras y al final sobre todos. Tal es el caso del alcalde que se va: Toño Salvador, quien llegó con aureola de “honesto”, “transparente”, “ecuánime”, etc., y que resultó ser un individuo sin escrúpulos al torcer la ley a su antojo despidiendo empleados de distintas áreas de la administración municipal con el pretexto de que “no reúnen los requisitos y el perfil necesarios para un buen desempeño, de acuerdo a los lineamientos diseñados para la administración 2006-2009”, gastando cientos de miles de pesos –del erario municipal– en indemnizaciones laborales; obnubilado por sus prejuicios, no toleró los señalamientos, vinieran de donde vinieran: si provenían de sus adversarios políticos, los llamaba “necios” o “faltos de memoria”, al recordarles que en su momento ellos también toleraron actos ilícitos; si provenían de sus correligionarios, simplemente los llamaba a reuniones urgentes “de trabajo” y les leía la cartilla, machacando que si ocupaban el puesto que tenían era por “él”, sí, por Toño, a quien muchos –sobre todo los empleados de “primer nivel”– le deben el tener un empleo y un buen ingreso quincenal; mentiroso y manipulador, delineó escenarios para maquillar el desastre en seguridad pública, con programas inútiles “para combatir las adicciones”, cuando al mismo tiempo se ha protegido a miembros del narco que actualmente “ocupan la plaza”; corrupto, aprendió a recibir dinero de procedencia dudosa para permitir la instalación de negocios relacionados con el narcomenudeo, la prostitución y la explotación de mano de obra infantil. Quien nos gobierna, o mejor, quien pretendió gobernar es el populacho de arriba que se desparrama por las instituciones y las instancias de gobierno. Populacho, hoy día, no es el de la plebe, el de los jodidos, son los politicastros de verbo señoril y ademanes respetables. Populacho son tantos profesionales que aparentan excelencia pero están podridos… expertos en la intriga y en la conspiración. Hay quienes, estando en los centros
vitales del Poder, se resisten a patrocinar o encubrir la podredumbre. Son los menos los que desean contener la pus que brota por todos lados. Políticos, periodistas, obispos, médicos, abogados, economistas, comerciantes y empresarios impecables no pueden contrarrestar el ímpetu con que la intriga, las maniobras y las conspiraciones urdidas por los canallas contra ellos, contra la justicia y la ética, les superan casi siempre. No bastan políticos, jueces, fiscales, policías, ministeriales, notarios, etc., decididos a cortar por lo sano la desmesura, el fraude, el abuso y la injusticia. La pudrición de la vida pública sobreviene cuando el tejido social ha sido infectado en sus órganos más puros y nobles. ¿Quiere usted quitarse de en medio a un rival declarado o a un correligionario que termina siéndolo, como fue el caso de Toño Salvador que forzó a Ricardo Fernando Venegas hasta hacerlo renunciar?, pues no tiene más que montar hábilmente una faramalla con una serie de cómplices que estén de acuerdo con su canallada, tenderle una trampa y, ¡listo!, se quita usted a los que le estorban por no compartir sus mismos “ideales”. Este es el meollo de tantas y tantas tramas políticas que aparentemente no tienen explicación. Este es el argumento escondido tras la versión oficial de tantos actos insensatos de todos los tiempos, y también de tantos efectos de la intriga, de la conspiración, de la corrupción y del crimen a la vista de todos, pero que no “vemos” por las mañas de los artistas de la depravación. De la misma manera como no ve el espectador el truco del ilusionista. En estos últimos tiempos, el partido de la “decencia y las buenas costumbres” se ha corrompido a tal grado, que ha convertido el ambiente político local en un profundo muladar. Dadas sus trazas y su desempeño, no podía esperarse otra cosa de Toño Salvador. El dedazo, los favores, el nepotismo, el uso patrimonial de los recursos públicos –hasta a su mujer la colocó en el primer lugar de la lista de regidores en la planilla de Jaime Verdín–, la compra de voluntades…, al final la intriga y la conspiración en un perpetuum mobile, resultan ser los verdaderos “valores” de ese partido. El principal rasgo de quien domina la conspiración y la intriga es, su culpabilidad manifiesta, la cual no se puede probar hasta que el intrigante ha entrado en la historia de los hombres y las mujeres infames… Por eso, Toño Salvador ha ingresado a la historia de este municipio por la puerta de la conspiración y de los más bajos sentimientos. Bye, bye, Mr. Shit-head. (Fuente: Jaime Richart, argenpress, 15/VII/09).Batalla antinarco: tortura y vejaciones
El Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas, tortura y manipulación de declaraciones en su estrategia de combate al narcotráfico, según el periódico Washington Post en su portada del jueves 9 de julio. En un reportaje que recaba testimonios de personas ultrajadas, el diario estadunidense advierte que desde la declaración de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, las violaciones a las garantías individuales de los mexicanos son permanentemente pisoteadas. En el texto, el periódico denuncia que en el poblado Puerto Las Ollas, al sur de Guerrero, en un operativo soldados colocaron agujas debajo de las uñas de un discapacitado de 37 años de edad, hirieron con un cuchillo a un niño de 13 años, además de disparar contra un campesino y saquear la comunidad. El reportaje se remonta a las detenciones de 18 policías en Tijuana, en marzo pasado, por presunta protección al crimen organizado. Por medio de testimonios, el rotativo revela que durante el interrogatorio, los uniformados fueron sometidos a tortura, sus cabezas fueron cubiertas con bolsas de plástico e incluso fueron golpeados hasta perder la conciencia. El Washington Post entrevista al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre los casos mencionados. El funcionario alega que son vejaciones aisladas, pero “el gobierno cree que no existen incentivos para los abusos”. El diario cita que en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido cerca de 100 quejas por diversos abusos por parte de las Fuerzas Armadas, en el periodo comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2009. Días después, el diario Los Angeles Times exhortó al gobierno de Estados Unidos a retirar el 15% de los recursos del “Plan Mérida” por las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano. En su editorial del
viernes 24 de julio, el rotativo se suma a la exigencia de Human Rights Watch de someter los abusos militares a tribunales civiles y hacer justicia en las 559 quejas presentadas por ciudadanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por vejaciones castrenses. Dice el diario: “Ningún país debería tener un Ejército que está por encima de la ley, una condición que envenena la democracia”. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones, insiste el diario, debilita el sistema jurídico de cualquier país. Y va más allá: “Debilita la legitimidad del gobierno”. En la editorial se recuerdan los abusos perpetrados por el Ejército durante la “guerra sucia” contra militantes de izquierda durante el priísmo. También cuestiona el papel
Suicidio de parejas
Hace pocos días la prensa informó del suicidio asistido de la pareja británica formada por sir Edward Downes y lady Joan Downes. Ambos padecían enfermedades irreversibles y decidieron, motu proprio, abandonar la vida con la colaboración de la asociación suiza Dignitas. Dignitas es una agrupación, afincada en Zurich, que apoya el suicidio asistido. A diferencia de Exit, otra organización suiza que sólo atiende a connacionales, Dignitas da apoyo a cualquier persona que busque el suicidio asistido “siempre y cuando los motivos no sean egoístas”. Según los hijos del matrimonio, el doble suicidio fue planeado por sus padres con tiempo suficiente tras haber repasado las razones fundamentales de su decisión. La principal fue que las enfermedades habían destrozado un matrimonio que duró varias décadas, aparentemente en armonía. Ella padecía cáncer terminal e incurable; él estaba ciego y sordo. “Murieron en paz y en las circunstancias que ellos mismos eligieron”, declararon los hijos. El suicidio asistido genera mucha controversia. Sólo se lleva a cabo en Suiza y en Oregon, Estados Unidos. Consiste en suministrar a la persona los fármacos adecuados para que los ingiera en el momento que lo desea. En Suiza, el suicidio se lleva a cabo en las casas de las agrupaciones mencionadas, y en Oregon, donde decida el enfermo. Los problemas que plantea el suicidio de parejas son distintos de los que suscita el suicidio individual. Ambos son tolerados por los librepensadores y rechazados por los religiosos. Aunque no abundan los datos acerca de los suicidios dobles, algunas constantes son evidentes. La mayoría de las veces el doble suicidio es cometido por personas ancianas, con buenas relaciones, usualmente con estudios profesionales. Casi siempre se trata de personas exitosas que padecían enfermedades terminales o procesos incapacitantes y/o degenerativos para los cuales no había solución. La mayoría de las veces el sufrimiento –físico o síquico– era intolerable, la dignidad se había erosionado y la calidad de vida había disminuido. Surgen dos preguntas fundamentales: ¿tiene la pareja derecho a suicidarse?, ¿es un acto lícito porque denota valor, compromiso y vínculos estrechos? La primera cuestión, confronta a los librepensadores que sostienen que el ser humano es autónomo, por lo cual tiene derecho a decidir acerca de su propia vida, contra la teoría de los religiosos, quienes afirman que las vidas de las personas le pertenecen a la divinidad. La segunda pregunta debe contestarse a la luz de lo que sucede con muchas personas añosas, que suelen tener poca compañía, cuya cotidianeidad suele sufrirse más que vivirse, que entienden que el fin es cercano e inevitable y que lo que resta del camino suele ser malo, doloroso y sin sentido. Muchas parejas, sobre todo en el primer mundo, consideran también que el suicidio doble es solución válida, porque perciben que su presencia es incómoda, porque saben que la medicina no les puede ofrecer lo que requieren para soportar el trance final, y porque piensan que morir al lado de la pareja restituye un poco la dignidad. Suponen también que representa un buen final, pues de esa forma la angustia
por el futuro del deudo, tras la muerte del primero, desaparece. Tales consideraciones, por supuesto, no son avaladas por las religiones. Y, al igual que el suicidio de Arthur Koestler, uno de los intelectuales más lúcidos del siglo pasado, quien se quitó la vida junto con su esposa, el caso de los Downe dio la vuelta al mundo por la reputación de la pareja. Él fue uno de los mejores directores de orquesta británicos y ella una aclamada bailari-na, coreógrafa y productora (en el caso de Koestler su esposa era sana, situación que suscitó gran polémica). Suponemos que en la mayoría de los suicidios dobles, cuando la vida fue buena, la deci-sión es admirable y respetable. El acto conlleva dignidad, sabiduría, empatía y valentía. (Texto de Arnoldo Kraus, La Jornada, 22/VII/09).
Otra perspectiva del fracaso
Se están dando distintas explicaciones al fracaso panista en las elecciones del pasado 5 de julio; todas construidas sobre distintas lógicas. Respetables, pero coyunturales: la derrota se fraguó durante tres años, por, entre otras, las siguientes razones: Felipe Calderón arribó a Los Pinos habiendo sido director de Banobras por un lapso muy corto, en el que tuvo un sonado acto de corrupción. Después fue secretario de Energía seis meses. Con estos antecedentes insignificantes, tangenciales, llegó a la Presidencia, por eso le es imposible asumir el sentido de servicio que cualquier funcionario en responsabilidad de gobierno debe tener para sentir, como en el alma, la magnitud de su función y la hondura de su responsabilidad. Así pues, Calderón dio inicio a su administración después de haber sido improvisado político y en un momento crucial. Sin dotes ni vocación para el gobierno, es el prototipo del tecnócrata: conocedor de las leyes, de la ciencia económica, de fe religiosa obnubilante, convicción total en el modelo neoliberal; insensibilidad social y soberbio desprecio por la política y sus actores. Familiaridad, confianza y excesos con sus colaboradores, los que con excepciones comparten el mismo perfil. Hay muchas pruebas que muestran que el puesto le quedó muy, pero muy grande a Calderón. Entre ellas: a) el torpe manejo de la epidemia sanitaria, que paró virtualmente al país por torpeza de conducción e imprevisión; b) las inundaciones de Tabasco, resueltas por veteranos ingenieros de la Comisión Federal de Electrcidad y no por los ineptos de Conagua; c) constituirse en médico forense y adjudicar las adicciones a la falta de valores morales y por no creer en dios; d) incapaz de dirigir con dignidad republicana la política exterior en el asunto de Honduras con base en la Constitución, específicamente el artículo 89, fracción X; e) el “catarrito” de Carstens y sus todavía impredecibles consecuencias; f) su indolencia al mostrar desentendimiento ante la tragedia de la guardería ABC en Sonora. No sólo lo anterior, sino que los logros del presidente del empleo son criminales: a) desempleados: 2.4 millones, igual a 5.3%; b) subempleados (trabajo irregular): 3.4 millones, igual a 7.1%; c) informales (ambulantes): 12.1 millones, igual a 28.2%; d) sin ingresos fijos: 3.3 millones, igual a 7.7%. Esto es: 21.2 millones, o sea, igual a 48% de la población económicamente activa está en el desempleo formal, según el INEGI, en junio. Es por todo lo anterior y mucho más, que Calderón es intrascendente, porque no se desvela por el cumplimiento de la Constitución y por el bien de los mexicanos. Sin embargo, no parece que lo haga
premeditadamente, es simplemente que no tiene el carácter y la estatura moral e intelectual de un estadista, por ello no se somete al mandato constitucional, porque no lo siente. No se asume presidente de la República, prefirió seguir siendo el jefe de su partido como era hace 10 años, por eso hizo tan intensa campaña electoral. No tiene percepción de la majestad de ser el primer mandatario y de las gravísimas responsabilidades éticas que con ello se asumen. Sus colaboradores no son distintos, son gente preparada, educados, muchos de ellos con posgrados en el extranjero, pero con cero experiencias y cero sentimientos de lo que es la responsabilidad de ser un ciudadano con una tremenda carga a cuestas: la que les ha encomendado la Nación. Simplemente inexpertos. Poca cosa parece ser secretario de Educación en este país, y poca cosa resultaron Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio; como poca cosa resultó el doctor Córdova Villalobos en Salud, Alberto Cárdenas en Agricultura y Javier Lozano en Trabajo, y poca cosa resultaron los tres secretarios de Gobernación en un trienio, los tres sin un solo día de experiencia en una secretaría de Estado. Entonces, ¿cómo esperar que Calderón haya podido construir un proyecto de nación a satisfacción de los mexicanos? ¿Cómo, además de otros muchos factores, esperar un triunfo? Los resultados fueron sorprendentes por extremados, pero están a la vista: son la calificación de Calderón. Ésta es una interpretación de las causas del fracaso panista, además de la validez de muchas más, pero apunta también al futuro: esto es, todo ello sucedió y volverá a suceder porque la perspicacia y la inteligencia, siendo componentes esenciales de un quehacer lúcido de la Presidencia, simplemente no se ven. Y, para poner en perspectiva lo anterior, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, informó el pasado 23 de julio de un recorte al gasto público por 50 mil millones de pesos, adicional a la reducción de 35 mil millones que se había anunciado en mayo. Con esta medida –82% de la cual se aplicará a gasto corriente–, el gobierno federal pretende enfrentar una disminución de 480 mil millones de pesos con respecto a los ingresos originalmente previstos para este año: 211.5 mil millones menos por ingresos petroleros y 268.6 mil millones por recursos tributarios que dejarán de ingresar a las arcas públicas. El dato, tiene implicaciones graves porque el gobierno federal sigue siendo –a pesar de más de dos décadas de empeños neoliberales por eliminar la propiedad pública, incluida una gran parte de la industria paraestatal– el mayor actor económico del país, y una reducción del gasto gubernamental se traducirá, necesariamente, en nuevos cierres de empresas y pérdidas adicionales de empleos. Es alarmante, además, la falta de consistencia en los datos: si el gobierno federal dejará de percibir 480 mil millones de pesos, los recortes que totalizan 85 mil millones no serán suficientes para compensar esa caída. Necesariamente, pues, la administración de Calderón habrá de recurrir al endeudamiento para compensar el déficit por 395 mil millones de pesos. Mientras los recortes van a afectar los programas sociales que aún se mantienen en pie y de los presupuestos educativos y de salud, permanecerán los ingresos inmoralmente elevados que se otorgan las cúpulas institucionales –gobiernos federal, estatales y municipales, las cámaras de Diputados y Senadores y las legislaturas locales, Poder Judicial, organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y otros–. Difícilmente el gobierno dará otra orientación a las políticas públicas, por lo que no esperamos que haya una protección real de esta crisis a las mayorías depauperadas antes que a los grandes conglomerados empresariales locales y foráneos.(Fuentes: Jorge Carrillo Olea, La Jornada, 9/VII/09; Editorial, La Jornada, 24/VII/09).
Iniciativa Mérida: ayuda envenenada
La Iniciativa Mérida representa, mucho más que un mero acuerdo de seguridad y cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y combate al terrorismo, pues constituye también una espléndida oportunidad de negocio para decenas de empresas del país vecino: unos 40 corporativos del aparato industrial-militar estadunidense esperan recibir una tajada sustancial de los cientos de millones de dólares en que quedó –tras una reducción sustancial– el monto de la ayuda de Washington a las autoridades mexicanas, entre ellas se encuentran Dyncorp, Northrop Grumman Corp., NOC y Blackwater, firmas que, en los distintos conflictos bélicos propiciados por Estados Unidos en el mundo, han convertido la guerra, la destrucción y el sufrimiento humano en abultadas utilidades para sus accionistas. Dicha iniciativa ha sido criticada desde antes de que fuese firmada, entre otras cosas, por su enfoque unilateral, militarista y simplista del problema de la criminalidad y la seguridad, por sus semejanzas con el Plan Colombia –que involucró al país sudamericano en el tradicional esquema de contrainsurgencia asistida–, por las claudicaciones que conlleva en materia de soberanía y porque hunde a México en causas que, además de caducas, le son ajenas, como la “guerra contra el terrorismo” emprendida por la pasada administración estadunidense. Ahora se sabe que a raíz del acuerdo signado por Felipe Calderón, y el entonces presidente estadunidense George W. Bush, habrá presupuestos destinados por el Congreso de Washington a la asistencia a México que, a fin de cuentas, representan una subvención a la voraz industria militar de Estados Unidos, urgida de nuevos escenarios bélicos –es decir, de nuevos mercados– tras el anuncio de la salida de las tropas ocupantes de Irak. Es de sobra conocido el círculo perverso que vincula al complejo militar-industrial de la superpotencia con las decisiones geoestratégicas de su gobierno: en numerosas ocasiones, la decisión de involucrarse en conflictos armados o de generarlos tiene la motivación económica precisa de crear oportunidades de negocio para la industria bélica; las consideraciones sobre la democracia, la libertad, la seguridad y la paz suelen ser meros agregados retóricos a un discurso justificador, e incluso los cálculos geopolíticos suelen supeditarse al cumplimiento de las metas de ventas de las empresas de armas y tecnología castrense. Por ello, no puede desdeñarse el riesgo de que los intereses de la industria militar del país vecino presionen para exagerar, prolongar o extender amenazas reales o supuestas en territorio mexicano a fin de perpetuar sus negocios. Lo que de origen constituye un problema policial de seguridad pública puede ser escalado, en función de esa lógica perversa, con consecuencias impredecibles, pero ciertamente indeseables para México. Por lo pronto, es lógico suponer que los fabricantes de armamento y equipo de defensa han hecho su tarea de cabildeo en el Capitolio, en Washington, para presentar los peores ángulos de la circunstancia mexicana actual. Todo lo anterior lleva a constatar, una vez más, la equivocación central en la estrategia antidelictiva formulada y aplicada por el actual gobierno mexicano. El combate al tráfico de drogas y a la criminalidad organizada en general debe replantearse en forma radical y sobre bases distintas. (Editorial, La Jornada, 18/VII/09).
Los retos de Jaime Verdín
MUNICIPAL
El ga¬na¬dor de la pasada contienda electoral a la pre¬si¬den¬cia mu¬ni¬ci¬pal de San Fran¬cis¬co, tiene varios retos: a) va a heredar un gobierno con serios agujeros financieros heredados por la presente administración que se ha caracterizado por el dispendio, por las condonaciones de multas equivalentes a cientos de miles de pesos, por absurdas indemnizaciones laborales a personal despedido injustificadamente por parte de esa camarilla depravada integrada por Toño Salvador, Ismamael Narizuela y Francisco Javier Estrada “El vale madres”, por la disminución en los recursos aportados por el estado y la Federación, por el desvío de recursos a áreas consideradas vitales a partir de una perspectiva netamente electorera, el pago de pensiones a gente jubilada desde hace años, el pago de deuda contraída por este y anteriores gobiernos y, el pago de bonos y compensaciones al personal de “primer nivel” que dejará el cargo el próximo 9 de octubre; por lo pronto, Toño Salvador ya habló de posibles ajustes: “lo más probable es que siempre no proponga a Jaime Verdín pedir anticipo de participaciones, dada la condición económica de desaceleración”, lo anterior, significa que los recursos disponibles serán insuficientes, por lo que las expectativas de quienes votaron por Verdín difícilmente serán satisfechas; b) en Seguridad Pública tendrá que hacer un serio análisis sobre la conveniencia de seguir con el mismo esquema desarrollado en la presente administración, no sólo en cuanto a organigrama, sino, y sobre todo, en la manera con que se han llevado a cabo los llamados “operativos” que, consistentemente han afectado a la gente que vive en las colonias marginales y que, por lo mismo, hay agravios acumulados ante la presencia de policías prepotentes, abusivos y violadores de las garantías individuales; c) San Francisco, por pertenecer al corredor industrial Celaya-Purísima, es decir, por su poderío económico en cuanto a industria, comercio y servicios, es una plaza importante para los cárteles del narco que se disputan la plaza; se sabe que aquí hay células
tanto de La Familia como del Golfo; luego entonces, Verdín tendrá que lidiar con una situación que, ciertamente no fue creada en la presente administración, pero que a partir de omisiones y complicidades, sí ha tenido que ver con la forma en que elementos –tanto rasos, como medios y administrativos– de los cuerpos de Seguridad en el municipio, han tolerado y hasta alentado a quienes se dedican a la venta y trasiego de estupefacientes. Vale la pena recordar que, antes de ser ejecutado, “El Chicago” hizo importantes revelaciones que el diario Milenio se encargó de sacar a la luz pública, en donde implicaba a algunos funcionarios de la actual administración municipal para que lo “dejaran trabajar” a cambio de jugosas cantidades de dinero; d) quienes lo conocen, definen a Verdín como una persona nerviosa y aprehensiva, por lo que la tolerancia a los señalamientos, comentarios y críticas por parte de partidos políticos, organizaciones sociales o individuos que de manera personal hagan valer su derecho a expresarse, tendrá que ser uno de sus mejores atributos, sobre todo por su trayectoria: ha sido regidor (administración 1992-94), diputado federal (en la presente legislatura) y ha ocupado distintos cargos tanto en lo empresarial como en lo educativo y cultural; así que no puede argüir que ignora a qué terrenos va a entrar. No sólo eso, sino que del lado de su partido, podemos vislumbrar que tendrá serios conflictos, por una sencilla razón: la dirigencia local panista no simpatizó con el 
dedazo por parte del Comité Estatal del PAN hacia Verdín, es decir, quienes tienen el control de ese partido en el municipio, no ven a Verdín como un candidato ganador con base en el “trabajo arduo” dentro del partido, con una militancia activa y comprometida; al contrario, lo perciben como un arribista, como un oportunista que ha sabido colarse para ocupar puestos que le “deberían tocar a los auténticos panistas”. Y ya sabemos cómo resuelven sus conflictos personales los panistas; sólo hay que recordar cómo la dirigencia del PAN (muy señaladamente Ismamael Narizuela) tildaba, en su momento, de “priísta” a Lalo Arroyo en la administración 2000-2003, que provocó que Arroyo se fuera distanciando no sólo de quienes lo criticaban en su mismísimo partido, sino de algunos de los regidores panistas y varios empresarios que, generalmente apoyan al PAN; e) a raíz de la profundización de la crisis que venimos padeciendo desde mediados de los ochenta, el deterioro de la calidad de vida en vastos sectores de la población es evidente: el desempleo va en aumento, al tiempo que talleres y “piquitas” han tenido que cerrar sus puertas; niños y jóvenes en edad escolar han tenido que dejar la escuela por motivos económicos; las adicciones van en aumento y la edad en la que comienzan a consumir sustancias legales (como el alcohol) o ilegales (como la marihuana) es menor a los doce años; por lo tanto, la administración 2009-2012 navegará en un océano de crisis no sólo económica, sino social que, implicará que por parte de Verdín y sus asesores, tengan una buena dosis de inteligencia, visión y creatividad para sortear los embates y las exigencias de los sectores más golpeados de la población. Por lo pronto, Marcelo Salas, regidor y presidente del Comité Municipal del PAN, ya dio “luz verde” a Jaime Verdín para que éste “con toda libertad integre su equipo de trabajo sin injerencias ni presiones del Comité”. ¡Ah! Pero también deslizó una advertencia: “aunque el Comité Municipal del PAN será respetuoso del trabajo de gobierno para no entrometerse como partido, será crítico en exigir cumplimiento y resultados, porque lo primero es la cobertura a exigencias de la sociedad, y si las descuidan, claro que habrá observaciones”; f) aunado a lo anterior, hay que decir que el Departamento Jurídico se ha convertido en una de las áreas de la mayor importancia en una administración municipal; en la actual, su director ha cometido fallas garrafales y se ha conducido con negligencia en asuntos que han hecho que el municipio tenga que erogar varios cientos de miles de pesos; en ese contexto, y aunque Verdín piense que “todos los abogados son como el plátano”, tendrá que hacer una buena selección del personal que integre ese importante departamento, evitando el amiguismo y las “recomendaciones”, de otra manera, es muy probable que caiga en situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del municipio. En fin, ya veremos de qué tanta sinceridad está hecho Verdín; cualidad que la ha vociferado a los cuatro vientos: “San Francisco requiere estar unificado para poder confirmar su desarrollo, de corazón y sinceramente… es labor de todos, para enfilarnos a que se dejen atrás campañas, ataques y competencias, eso es pasado, ahora las familias deben estar rumbo al objetivo de unidad y respuesta por San Francisco”. Aparentando humildad, Verdín declaró que “no es ‘todólogo’, no lo sabe todo, y nadie va a tener nunca la verdad absoluta por más estudiado o lector que sea, siempre se requiere el complemento con alguien más, con el especialista en cada área”, así es como anticipa “unidad en San Francisco, y concomitancia de cada sector o área”. Enfático en la cuestión de la honestidad y la unidad, dijo: “Soy muy honesto cuando digo que mis palabras son de corazón; yo no soy médico, el Colegio de Médicos podrá asesorarme en asuntos de salud; no soy ingeniero, los ingenieros serán parte importante en colaborar, y así sucesivamente cada área, es importante a escuchar y tomar en cuenta, no podemos permanecer separa-dos, San Francisco requiere la unidad completa”. ¡Uf! ¿Algo más caballero?
(Fuentes: El Heraldo de León, 8/VII/09; a.m., julio 10, 16 y 24 2009).
El ga¬na¬dor de la pasada contienda electoral a la pre¬si¬den¬cia mu¬ni¬ci¬pal de San Fran¬cis¬co, tiene varios retos: a) va a heredar un gobierno con serios agujeros financieros heredados por la presente administración que se ha caracterizado por el dispendio, por las condonaciones de multas equivalentes a cientos de miles de pesos, por absurdas indemnizaciones laborales a personal despedido injustificadamente por parte de esa camarilla depravada integrada por Toño Salvador, Ismamael Narizuela y Francisco Javier Estrada “El vale madres”, por la disminución en los recursos aportados por el estado y la Federación, por el desvío de recursos a áreas consideradas vitales a partir de una perspectiva netamente electorera, el pago de pensiones a gente jubilada desde hace años, el pago de deuda contraída por este y anteriores gobiernos y, el pago de bonos y compensaciones al personal de “primer nivel” que dejará el cargo el próximo 9 de octubre; por lo pronto, Toño Salvador ya habló de posibles ajustes: “lo más probable es que siempre no proponga a Jaime Verdín pedir anticipo de participaciones, dada la condición económica de desaceleración”, lo anterior, significa que los recursos disponibles serán insuficientes, por lo que las expectativas de quienes votaron por Verdín difícilmente serán satisfechas; b) en Seguridad Pública tendrá que hacer un serio análisis sobre la conveniencia de seguir con el mismo esquema desarrollado en la presente administración, no sólo en cuanto a organigrama, sino, y sobre todo, en la manera con que se han llevado a cabo los llamados “operativos” que, consistentemente han afectado a la gente que vive en las colonias marginales y que, por lo mismo, hay agravios acumulados ante la presencia de policías prepotentes, abusivos y violadores de las garantías individuales; c) San Francisco, por pertenecer al corredor industrial Celaya-Purísima, es decir, por su poderío económico en cuanto a industria, comercio y servicios, es una plaza importante para los cárteles del narco que se disputan la plaza; se sabe que aquí hay células
tanto de La Familia como del Golfo; luego entonces, Verdín tendrá que lidiar con una situación que, ciertamente no fue creada en la presente administración, pero que a partir de omisiones y complicidades, sí ha tenido que ver con la forma en que elementos –tanto rasos, como medios y administrativos– de los cuerpos de Seguridad en el municipio, han tolerado y hasta alentado a quienes se dedican a la venta y trasiego de estupefacientes. Vale la pena recordar que, antes de ser ejecutado, “El Chicago” hizo importantes revelaciones que el diario Milenio se encargó de sacar a la luz pública, en donde implicaba a algunos funcionarios de la actual administración municipal para que lo “dejaran trabajar” a cambio de jugosas cantidades de dinero; d) quienes lo conocen, definen a Verdín como una persona nerviosa y aprehensiva, por lo que la tolerancia a los señalamientos, comentarios y críticas por parte de partidos políticos, organizaciones sociales o individuos que de manera personal hagan valer su derecho a expresarse, tendrá que ser uno de sus mejores atributos, sobre todo por su trayectoria: ha sido regidor (administración 1992-94), diputado federal (en la presente legislatura) y ha ocupado distintos cargos tanto en lo empresarial como en lo educativo y cultural; así que no puede argüir que ignora a qué terrenos va a entrar. No sólo eso, sino que del lado de su partido, podemos vislumbrar que tendrá serios conflictos, por una sencilla razón: la dirigencia local panista no simpatizó con el 
dedazo por parte del Comité Estatal del PAN hacia Verdín, es decir, quienes tienen el control de ese partido en el municipio, no ven a Verdín como un candidato ganador con base en el “trabajo arduo” dentro del partido, con una militancia activa y comprometida; al contrario, lo perciben como un arribista, como un oportunista que ha sabido colarse para ocupar puestos que le “deberían tocar a los auténticos panistas”. Y ya sabemos cómo resuelven sus conflictos personales los panistas; sólo hay que recordar cómo la dirigencia del PAN (muy señaladamente Ismamael Narizuela) tildaba, en su momento, de “priísta” a Lalo Arroyo en la administración 2000-2003, que provocó que Arroyo se fuera distanciando no sólo de quienes lo criticaban en su mismísimo partido, sino de algunos de los regidores panistas y varios empresarios que, generalmente apoyan al PAN; e) a raíz de la profundización de la crisis que venimos padeciendo desde mediados de los ochenta, el deterioro de la calidad de vida en vastos sectores de la población es evidente: el desempleo va en aumento, al tiempo que talleres y “piquitas” han tenido que cerrar sus puertas; niños y jóvenes en edad escolar han tenido que dejar la escuela por motivos económicos; las adicciones van en aumento y la edad en la que comienzan a consumir sustancias legales (como el alcohol) o ilegales (como la marihuana) es menor a los doce años; por lo tanto, la administración 2009-2012 navegará en un océano de crisis no sólo económica, sino social que, implicará que por parte de Verdín y sus asesores, tengan una buena dosis de inteligencia, visión y creatividad para sortear los embates y las exigencias de los sectores más golpeados de la población. Por lo pronto, Marcelo Salas, regidor y presidente del Comité Municipal del PAN, ya dio “luz verde” a Jaime Verdín para que éste “con toda libertad integre su equipo de trabajo sin injerencias ni presiones del Comité”. ¡Ah! Pero también deslizó una advertencia: “aunque el Comité Municipal del PAN será respetuoso del trabajo de gobierno para no entrometerse como partido, será crítico en exigir cumplimiento y resultados, porque lo primero es la cobertura a exigencias de la sociedad, y si las descuidan, claro que habrá observaciones”; f) aunado a lo anterior, hay que decir que el Departamento Jurídico se ha convertido en una de las áreas de la mayor importancia en una administración municipal; en la actual, su director ha cometido fallas garrafales y se ha conducido con negligencia en asuntos que han hecho que el municipio tenga que erogar varios cientos de miles de pesos; en ese contexto, y aunque Verdín piense que “todos los abogados son como el plátano”, tendrá que hacer una buena selección del personal que integre ese importante departamento, evitando el amiguismo y las “recomendaciones”, de otra manera, es muy probable que caiga en situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del municipio. En fin, ya veremos de qué tanta sinceridad está hecho Verdín; cualidad que la ha vociferado a los cuatro vientos: “San Francisco requiere estar unificado para poder confirmar su desarrollo, de corazón y sinceramente… es labor de todos, para enfilarnos a que se dejen atrás campañas, ataques y competencias, eso es pasado, ahora las familias deben estar rumbo al objetivo de unidad y respuesta por San Francisco”. Aparentando humildad, Verdín declaró que “no es ‘todólogo’, no lo sabe todo, y nadie va a tener nunca la verdad absoluta por más estudiado o lector que sea, siempre se requiere el complemento con alguien más, con el especialista en cada área”, así es como anticipa “unidad en San Francisco, y concomitancia de cada sector o área”. Enfático en la cuestión de la honestidad y la unidad, dijo: “Soy muy honesto cuando digo que mis palabras son de corazón; yo no soy médico, el Colegio de Médicos podrá asesorarme en asuntos de salud; no soy ingeniero, los ingenieros serán parte importante en colaborar, y así sucesivamente cada área, es importante a escuchar y tomar en cuenta, no podemos permanecer separa-dos, San Francisco requiere la unidad completa”. ¡Uf! ¿Algo más caballero?(Fuentes: El Heraldo de León, 8/VII/09; a.m., julio 10, 16 y 24 2009).
¿Por qué se va Toño?
Toño Salvador, alcalde de San Francisco, ha decidido dejar el puesto, para que “otro goce las mieles del poder”, según se filtró desde su mismo despacho. Hay muchas razones por las que se va: 1) ya no soporta la tremenda presión de los distintos grupos de poder en el municipio –desde narco-políticos hasta narco-empresarios, pasando por comerciantes, colonos y curas– que le reclaman su falta de cumplimiento en todo lo que ofreció cuando llegó al puesto de alcalde; 2) le repugna la idea de entregar el puesto a su sucesor Jaime Verdín, con quien mantiene serias y profundas diferencias, no sólo de carácter “ideológico”, sino personal; sabido es que Verdín no era el candidato de Toño, por ello, en una especie de cambalache, Oliva, a través del Comité Estatal del PAN, impuso a Verdín como candidato, ahora, el propio Oliva va a operar para que Toño sea premiado con una magistratura –falta ver que el Congreso local secunde tal pretensión–; 3) deja las finanzas municipales al borde de la quiebra, y para mejor evadir su responsabilidad, Oliva lo va a refugiar en un puesto que le brinde protección, aunque ello no signifique fuero, pero sí que lo mantenga bajo resguardo y a salvo de cualquier persecución política, ¿qué mejor que una magistratura como premio a su servilismo?; 4) hay crecientes rumores de que la policía local está a tal grado infectada y penetrada por el narco, que el Ejército Mexicano está a punto de tomar las riendas de la dirección de Seguridad Pública; así que, lo mejor es que digan: “aquí corrió, que aquí lo encajuelaron”; 5) las violaciones a las garantías individuales de habitantes de colonias marginales han sido tan graves, que la inútil Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos está por resolver varios expedientes de denuncias ciudadanas, bajo los cuales emitirá sendas recomendaciones a las autoridades locales; 6) el que Toño sea un individuo temperamental, rijoso y bilioso, le ha valido para ganarse a pulso la enemistad de políticos tanto de su partido como de los de “oposición”, por ello, ha llegado al extremo de resultarle incómodo seguir viviendo en la ciudad; lo anterior explica el que busque refugiarse en un puesto que, en la práctica, equivale a “un cómodo exilio”. Y el propio Toño lo aceptó, cuando, a manera de epitafio, declaró que “trabajar como alcalde en la (presente) administración es acostumbrarse a vivir en la incertidumbre –tome usted nota de lo anterior–, porque no sabes qué va a suceder mañana, con las reacciones que generan las decisiones tomadas –Toño duda que haya tomado las “decisiones” correctas, duda de la reputación que él mismo se ha generado en estos años como alcalde, sabe que moralmente es un individuo ruin–, o las necesidades que surgen al atender otras –¿a qué otras se refiere, a las necesidades derivadas de sus prejuicios que tuvo que tomar para perjudicar a empresarios y empleados que le guardaban cierta estima, y que ahora lo perciben como un ser despreciable?–; sabemos –continúa Toñín–, lo estamos aceptando y digiriendo, y aunque no siempre es del agrado de todos, se trabaja por satisfacer a la mayoría con alcance de lograr el todo. Creo que lo hecho, hecho está y le hemos cumplido, creo a la gente de San Francisco –nótese la inseguridad con la que se expresa Toño, se siente aislado y apestado, sabe que se va con la cola entre las patas–”. Termina Toño con la siguiente y lapidaria conclusión: “uno tiene planes y son modificables, y hay que ajustarse a la situación que se viva en el presente y en el día a día”. Por otro lado, y aunque de acuerdo al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el gobernador está facultado para proponer ternas para magistrado, resulta inconcebible que Toño, quien se ha comportado como una verdadera bestia, no sólo por sus actitudes, sino por su falta de conocimiento de los fundamentos del Derecho, pueda llegar a ocupar una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. No creemos que el Congreso local, con mayoría panista, apruebe que un individuo del talante de Toño, ocupe un puesto de tal envergadura. (Fuente: a.m., 24/VII/09).
2009: violencia imparable
ESTATAL
El año 2009 representa para Guanajuato el año más violento del que se tiene conocimiento, pues en tan sólo seis meses se superó por mucho, la cifra que se había registrado en años anteriores. En estos primeros meses del año, el sureste de Guanajuato ha sumado un total de 62 homicidios relacionados con el crimen organizado, concentrándose en los municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Cortazar, Tarimoro, Acámbaro, Jerécuaro y Coroneo. El sur del estado, limítrofe con Michoacán, ha registrado 19 asesinatos en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón, Salvatierra y Yuriria. En tanto, en la zona metropolitana de León, se han cometido 21 crímenes, encabezados por León, Silao, San Francisco del Rincón, Irapuato y Salamanca. Finalmente, en la región suroeste, de los municipios que la conforman, solamente en Cuerámaro, se han registrado tres casos. En nuestro estado, tan sólo en el mes de junio se registraron 33 homicidios, superando a enero con 28, y marzo con 19, que habían sido los meses con más violencia. Al sumar 105 crímenes relacionados con la delincuencia organizada –hasta junio–, esto ubica a Guanajuato en el sexto lugar a nivel nacional, sólo por debajo de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, y Sonora, donde los cárteles de la droga se encuentran plenamente asentados. Lo anterior refleja el grave problema en que se encuentra la entidad.
Un ejemplo: en la mañana del viernes 26 de junio, más de mil disparos cruzaron por las calles de Niños Héroes e Insurgentes de la comunidad San José de Agua Azul del municipio de Apaseo el Alto. Fueron sólo 20 minutos. Frente a frente se encontraron un grupo armado –identificado como célula de Los Zetas– y elementos de diversas corporaciones federales y estatales en un operativo especial que después fue presentado ante los medios como un éxito rotundo en el combate al narcotráfico, adjudicado principalmente a la Procuraduría estatal y al gobernador panista, Juan Manuel Oliva. El golpe fue tan espectacular que al día siguiente de la balacera, en la visita para los cierres de campaña que hizo a Celaya, el presidente del CEN panista, Germán Martínez Cázares, pronunció una apología “al mejor gobernador”: “El gobernador Oliva, de la misma manera valiente como lo hace el presidente Felipe Calderón… está enfrentando sin tregua, sin cuartel, sin pausa electoral, sin pretexto, está enfrentando y le está ganando la batalla a la delincuencia”. Martínez Cázares se dijo
“orgullosísimo del gobierno, feliz y contento del gobiernazo que tiene Guanajuato. Es de envidia, está para presumir al gobernador Oliva”. Y también sin pausa electoral, lanzó con jiribilla: “El gobernador Oliva no se esperó a que nadie le dijera hacer la tarea, como el de Michoacán o como el de Nuevo León”.
Desde hace meses la presunta célula de Los Zetas cometía robos de camiones de carga, levantones y ejecuciones de narcomenudistas que servían a La Familia Michoacana, en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, la carretera federal 57, Salamanca, Irapuato y Abasolo. Sus incursiones se extendían prácticamente por los límites del estado con Michoacán, hasta Yuriria, Valle de Santiago y Pénjamo, según datos de la investigación obtenidos por Proceso.
En el enfrentamiento, 12 sicarios murieron acribillados –algunos con el rostro destrozado–, otros ocho fueron detenidos. Del lado de las corporaciones, un agente de la Policía Ministerial fue herido en la cabeza y otro sufrió lesiones leves. “No fue una casualidad, sino un operativo planeado y con la participación de los grupos especiales; no cualquier corporación se puede enfrentar a esos grupos y lograr ese nivel de eficacia. Si hubiéramos llegado por casualidad, nos hubieran matado a nosotros”, aseguró el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Para el sábado 27, en que el presidente nacional del PAN estaba de visita en la entidad, las autoridades estatales informaron de la localización de una casa de seguridad en el rancho El Salto, también en Apaseo el Alto, donde según el informe se encontraron armas sepultadas y restos de huesos humanos calcinados que pertenecían a más de una docena de víctimas.
Maquillaje policiaco. La operación policial, pregonada como una estrategia antecedida por un trabajo de investigación, labor de inteligencia y coordinación entre las corporaciones estatales y federales, tiene puntos confusos. Versiones encontradas de los reportes oficiales, así como de algunos testigos y vecinos de las casas de seguridad, muestran que, a partir del desmantelamiento real de la célula de Zetas, la historia se adaptó para que luciera mejor en los medios.
Las autoridades han pretendido minimizar la protección que le brindaba a los delincuentes el director de policía de Apaseo el Alto, Víctor Guillermo Ramírez, hoy bajo arraigo junto con su segundo de a bordo, Iván Borja, y el director de policía de Silao, Antonio Ramírez. Ambos municipios gobernados por el PAN.
El caso exhibió, sobre todo, la relación cada vez más distante del procurador estatal, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Baltazar Vilches. El primero es abogado y criminólogo egresado de la academia del FBI, mientras que Vilches es médico veterinario sin experiencia previa en el área de seguridad. En la información oficial sobre este “operativo” se resaltó la coordinación entre la Policía Ministerial del estado, la policía leonesa –con sus respectivos grupos especiales GERI y GET–, el Ejército, la delegación de la PGR y la PFP. Pero no se incluyó a la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos elementos se apersonaron en las comunidades una semana después del enfrentamiento; y Vilches ni siquiera estuvo presente en las conferencias de prensa del procurador.
El sector empresarial ya le ha reclamado esa falta de entendimiento de los dos funcionarios encargados de la seguridad del estado, y le ha exigido al gobernador Oliva la destitución del titular de la SSP, tanto de manera pública como en encuentros privados. Oliva, por supuesto, no les hace caso.
Seguridad, el gran fracaso gubernamental. La racha de violencia desatada en la mayor parte del territorio nacional después de la jornada electoral del pasado 5 de julio, sólo deja en claro una cosa: el rotundo fracaso de Felipe Calderón en materia de seguridad. En Guanajuato, La Familia Michoacana libra una guerra abierta con el cártel del Golfo por el control de la plaza. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio, sicarios de la Familia Michoacana ejecutaron a 10 personas. Como consecuencia, el viernes 10, los “Mata Zetas” hicieron su aparición en la entidad y ejecutaron a cinco hombres en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende, San José Iturbide, San
Luis de la Paz y León.
Junto a los cuerpos, la policía encontró cartulinas con el siguiente mensaje: “Aquí también está la resistencia. Mata Z”. En todos los casos, las víctimas fueron encontradas con las manos atadas, amordazados y con las cartulinas pegadas en distintas partes del cuerpo. No se hallaron huellas de disparos, y los primeros datos indicaron que fueron estrangulados o asfixiados.
Hasta el 11 de julio, la cifra de ejecuciones se había elevado a 121.
(Fuentes: correo, junio l1 y julio 11, 2009; Verónica Espinosa, apro, julio 8 y 10, 2009).
El año 2009 representa para Guanajuato el año más violento del que se tiene conocimiento, pues en tan sólo seis meses se superó por mucho, la cifra que se había registrado en años anteriores. En estos primeros meses del año, el sureste de Guanajuato ha sumado un total de 62 homicidios relacionados con el crimen organizado, concentrándose en los municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Cortazar, Tarimoro, Acámbaro, Jerécuaro y Coroneo. El sur del estado, limítrofe con Michoacán, ha registrado 19 asesinatos en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón, Salvatierra y Yuriria. En tanto, en la zona metropolitana de León, se han cometido 21 crímenes, encabezados por León, Silao, San Francisco del Rincón, Irapuato y Salamanca. Finalmente, en la región suroeste, de los municipios que la conforman, solamente en Cuerámaro, se han registrado tres casos. En nuestro estado, tan sólo en el mes de junio se registraron 33 homicidios, superando a enero con 28, y marzo con 19, que habían sido los meses con más violencia. Al sumar 105 crímenes relacionados con la delincuencia organizada –hasta junio–, esto ubica a Guanajuato en el sexto lugar a nivel nacional, sólo por debajo de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, y Sonora, donde los cárteles de la droga se encuentran plenamente asentados. Lo anterior refleja el grave problema en que se encuentra la entidad.
Un ejemplo: en la mañana del viernes 26 de junio, más de mil disparos cruzaron por las calles de Niños Héroes e Insurgentes de la comunidad San José de Agua Azul del municipio de Apaseo el Alto. Fueron sólo 20 minutos. Frente a frente se encontraron un grupo armado –identificado como célula de Los Zetas– y elementos de diversas corporaciones federales y estatales en un operativo especial que después fue presentado ante los medios como un éxito rotundo en el combate al narcotráfico, adjudicado principalmente a la Procuraduría estatal y al gobernador panista, Juan Manuel Oliva. El golpe fue tan espectacular que al día siguiente de la balacera, en la visita para los cierres de campaña que hizo a Celaya, el presidente del CEN panista, Germán Martínez Cázares, pronunció una apología “al mejor gobernador”: “El gobernador Oliva, de la misma manera valiente como lo hace el presidente Felipe Calderón… está enfrentando sin tregua, sin cuartel, sin pausa electoral, sin pretexto, está enfrentando y le está ganando la batalla a la delincuencia”. Martínez Cázares se dijo
“orgullosísimo del gobierno, feliz y contento del gobiernazo que tiene Guanajuato. Es de envidia, está para presumir al gobernador Oliva”. Y también sin pausa electoral, lanzó con jiribilla: “El gobernador Oliva no se esperó a que nadie le dijera hacer la tarea, como el de Michoacán o como el de Nuevo León”.Desde hace meses la presunta célula de Los Zetas cometía robos de camiones de carga, levantones y ejecuciones de narcomenudistas que servían a La Familia Michoacana, en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, la carretera federal 57, Salamanca, Irapuato y Abasolo. Sus incursiones se extendían prácticamente por los límites del estado con Michoacán, hasta Yuriria, Valle de Santiago y Pénjamo, según datos de la investigación obtenidos por Proceso.
En el enfrentamiento, 12 sicarios murieron acribillados –algunos con el rostro destrozado–, otros ocho fueron detenidos. Del lado de las corporaciones, un agente de la Policía Ministerial fue herido en la cabeza y otro sufrió lesiones leves. “No fue una casualidad, sino un operativo planeado y con la participación de los grupos especiales; no cualquier corporación se puede enfrentar a esos grupos y lograr ese nivel de eficacia. Si hubiéramos llegado por casualidad, nos hubieran matado a nosotros”, aseguró el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Para el sábado 27, en que el presidente nacional del PAN estaba de visita en la entidad, las autoridades estatales informaron de la localización de una casa de seguridad en el rancho El Salto, también en Apaseo el Alto, donde según el informe se encontraron armas sepultadas y restos de huesos humanos calcinados que pertenecían a más de una docena de víctimas.
Maquillaje policiaco. La operación policial, pregonada como una estrategia antecedida por un trabajo de investigación, labor de inteligencia y coordinación entre las corporaciones estatales y federales, tiene puntos confusos. Versiones encontradas de los reportes oficiales, así como de algunos testigos y vecinos de las casas de seguridad, muestran que, a partir del desmantelamiento real de la célula de Zetas, la historia se adaptó para que luciera mejor en los medios.
Las autoridades han pretendido minimizar la protección que le brindaba a los delincuentes el director de policía de Apaseo el Alto, Víctor Guillermo Ramírez, hoy bajo arraigo junto con su segundo de a bordo, Iván Borja, y el director de policía de Silao, Antonio Ramírez. Ambos municipios gobernados por el PAN.
El caso exhibió, sobre todo, la relación cada vez más distante del procurador estatal, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Baltazar Vilches. El primero es abogado y criminólogo egresado de la academia del FBI, mientras que Vilches es médico veterinario sin experiencia previa en el área de seguridad. En la información oficial sobre este “operativo” se resaltó la coordinación entre la Policía Ministerial del estado, la policía leonesa –con sus respectivos grupos especiales GERI y GET–, el Ejército, la delegación de la PGR y la PFP. Pero no se incluyó a la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos elementos se apersonaron en las comunidades una semana después del enfrentamiento; y Vilches ni siquiera estuvo presente en las conferencias de prensa del procurador.
El sector empresarial ya le ha reclamado esa falta de entendimiento de los dos funcionarios encargados de la seguridad del estado, y le ha exigido al gobernador Oliva la destitución del titular de la SSP, tanto de manera pública como en encuentros privados. Oliva, por supuesto, no les hace caso.
Seguridad, el gran fracaso gubernamental. La racha de violencia desatada en la mayor parte del territorio nacional después de la jornada electoral del pasado 5 de julio, sólo deja en claro una cosa: el rotundo fracaso de Felipe Calderón en materia de seguridad. En Guanajuato, La Familia Michoacana libra una guerra abierta con el cártel del Golfo por el control de la plaza. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio, sicarios de la Familia Michoacana ejecutaron a 10 personas. Como consecuencia, el viernes 10, los “Mata Zetas” hicieron su aparición en la entidad y ejecutaron a cinco hombres en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende, San José Iturbide, San
Luis de la Paz y León.Junto a los cuerpos, la policía encontró cartulinas con el siguiente mensaje: “Aquí también está la resistencia. Mata Z”. En todos los casos, las víctimas fueron encontradas con las manos atadas, amordazados y con las cartulinas pegadas en distintas partes del cuerpo. No se hallaron huellas de disparos, y los primeros datos indicaron que fueron estrangulados o asfixiados.
Hasta el 11 de julio, la cifra de ejecuciones se había elevado a 121.
(Fuentes: correo, junio l1 y julio 11, 2009; Verónica Espinosa, apro, julio 8 y 10, 2009).
Caso ABC: torpeza o dolo
NACIONAL
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los lamentables sucesos del pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en donde 49 niños perdieron la vida y decenas más resultaron heridos–, el director del IMSS, Daniel Karam, entregó a los legisladores la información sobre las poco más de mil 500 guarderías subrogadas por la entidad que encabeza, incluidos los datos de los representantes legales y los socios originales y actuales de esos centros, así como los contratos y las actas constitutivas correspondientes.
De acuerdo con los documentos proporcionados por el funcionario federal, entre los beneficiados con la subrogación de guarderías se encuentran Tarcisio Torres Calderón, primo de Felipe Calderón; José Fox Quesada, hermano de Vicente Fox; Óscar Medina Plascencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; Bárbara Botello, ex candidata a la alcaldía de León; Malú Micher Camarena, ex diputada federal del PRD y actual presidenta del Instituto de la Mujer del DF; María Elena Morales Sánchez, ex contralora del estado de Guanajuato cuando Vicente Fox fue gobernador; Maricruz Crivelli Rojas, quien aparece en la lista de personas que aportó recursos para la campaña de Vicente Fox en el año 2000; Claudia y Martha Lorena Medina Padilla, hijas del ex gobernador Carlos Medina; Roberto Cueto González, ex presidente del comité del PAN en Guanajuato; Ramón Ascencio Villanueva, actual subsecretario de Inversiones del gobierno del estado de Guanajuato; Juan Carlos Murillo Flores, encargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el sexenio anterior, así como familiares de Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS en tiempos de Ernesto Zedillo, y de Dulce María Sauri, ex presidenta nacional del PRI.
A partir de esa información, queda claro que el caso de la guardería ABC representa sólo la punta del iceberg de un entramado de casos de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias en la concesión de los servicios públicos, y que el esquema de guarderías subrogadas aplicado por el IMSS no busca el mejoramiento de una prestación que corresponde por ley a los trabajadores y a sus familias, sino el enriquecimiento de personajes cercanos al poder político.
La tardanza con que se ha presentado esta información constituye en sí misma un indicio alarmante de torpeza e incapacidad administrativa por parte de los funcionarios calderonistas, el formato en que fue entregada –más de 70 mil cuartillas– pareciera obedecer a un intento por encubrir a los propietarios de los centros referidos al esconder sus nombres en una montaña de documentos. Asimismo, la extemporaneidad con que se dan a conocer estos documentos alimenta la sospecha –ampliamente difundida en la opinión pública nacional– de que Felipe Calderón se ha conducido, en el caso de la guardería ABC, con una lógica electorera inadmisible: es significativo, a este respecto, que legisladores del PAN hayan maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social fuera pospuesta para después de los comicios del pasado 5 de julio.
Además, ha habido una serie de actitudes tardías, erráticas e improcedentes por parte de la administración federal, que obligan a suponer un designio de proveer impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos en la guardería ABC en la capi-tal sonorense. El pasado martes 7 de julio, la PGR dio a conocer que había solicitado a la Interpol la detención de nueve supuestos responsables de la muerte de los 48 niños –entre los que se encuentran servidores públicos y particulares–, medida del todo inverosímil, habida cuenta de que esa misma dependencia tardó cerca de tres semanas en atraer la investigación –pese a que el incendio se originó en un local a cargo de una institución federal y era, por tanto, procedente y necesario que emprendiera las pesquisas de inmediato–, y otorgó, con ello, un amplio margen de maniobra para que los indiciados huyeran.
Todo lo anterior, pone en relieve que, ante una tragedia por demás dolorosa, el gobierno mexicano se ha conducido con una vergonzosa indolencia, ha ocultado información a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, y ha actuado, en sentido contrario de su responsabilidad de procurar justicia y esclarecer los hechos.
En Guanajuato, los 59 contratos para las guarderías subrogadas fueron otorgados en forma directa, sin licitación. Este esquema de asignación, denominado subrogación, se diseñó en 2001, en el periodo del “gobierno del cambio”. En Guanajuato atienden a aproximadamente 9 mil niños, por los que el IMSS paga casi los 2 mil 300 pesos al mes por cada menor atendido. Es decir, el IMSS paga mensualmente más de 20 millones de pesos a los particulares que tienen guarderías subrogadas.
(Fuentes: Editorial, La Jornada, 9/VII/09; a.m., 9/VII/09; correo, 28/VII/09).
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los lamentables sucesos del pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en donde 49 niños perdieron la vida y decenas más resultaron heridos–, el director del IMSS, Daniel Karam, entregó a los legisladores la información sobre las poco más de mil 500 guarderías subrogadas por la entidad que encabeza, incluidos los datos de los representantes legales y los socios originales y actuales de esos centros, así como los contratos y las actas constitutivas correspondientes.
De acuerdo con los documentos proporcionados por el funcionario federal, entre los beneficiados con la subrogación de guarderías se encuentran Tarcisio Torres Calderón, primo de Felipe Calderón; José Fox Quesada, hermano de Vicente Fox; Óscar Medina Plascencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; Bárbara Botello, ex candidata a la alcaldía de León; Malú Micher Camarena, ex diputada federal del PRD y actual presidenta del Instituto de la Mujer del DF; María Elena Morales Sánchez, ex contralora del estado de Guanajuato cuando Vicente Fox fue gobernador; Maricruz Crivelli Rojas, quien aparece en la lista de personas que aportó recursos para la campaña de Vicente Fox en el año 2000; Claudia y Martha Lorena Medina Padilla, hijas del ex gobernador Carlos Medina; Roberto Cueto González, ex presidente del comité del PAN en Guanajuato; Ramón Ascencio Villanueva, actual subsecretario de Inversiones del gobierno del estado de Guanajuato; Juan Carlos Murillo Flores, encargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el sexenio anterior, así como familiares de Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS en tiempos de Ernesto Zedillo, y de Dulce María Sauri, ex presidenta nacional del PRI.
A partir de esa información, queda claro que el caso de la guardería ABC representa sólo la punta del iceberg de un entramado de casos de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias en la concesión de los servicios públicos, y que el esquema de guarderías subrogadas aplicado por el IMSS no busca el mejoramiento de una prestación que corresponde por ley a los trabajadores y a sus familias, sino el enriquecimiento de personajes cercanos al poder político.
La tardanza con que se ha presentado esta información constituye en sí misma un indicio alarmante de torpeza e incapacidad administrativa por parte de los funcionarios calderonistas, el formato en que fue entregada –más de 70 mil cuartillas– pareciera obedecer a un intento por encubrir a los propietarios de los centros referidos al esconder sus nombres en una montaña de documentos. Asimismo, la extemporaneidad con que se dan a conocer estos documentos alimenta la sospecha –ampliamente difundida en la opinión pública nacional– de que Felipe Calderón se ha conducido, en el caso de la guardería ABC, con una lógica electorera inadmisible: es significativo, a este respecto, que legisladores del PAN hayan maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social fuera pospuesta para después de los comicios del pasado 5 de julio.
Además, ha habido una serie de actitudes tardías, erráticas e improcedentes por parte de la administración federal, que obligan a suponer un designio de proveer impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos en la guardería ABC en la capi-tal sonorense. El pasado martes 7 de julio, la PGR dio a conocer que había solicitado a la Interpol la detención de nueve supuestos responsables de la muerte de los 48 niños –entre los que se encuentran servidores públicos y particulares–, medida del todo inverosímil, habida cuenta de que esa misma dependencia tardó cerca de tres semanas en atraer la investigación –pese a que el incendio se originó en un local a cargo de una institución federal y era, por tanto, procedente y necesario que emprendiera las pesquisas de inmediato–, y otorgó, con ello, un amplio margen de maniobra para que los indiciados huyeran.
Todo lo anterior, pone en relieve que, ante una tragedia por demás dolorosa, el gobierno mexicano se ha conducido con una vergonzosa indolencia, ha ocultado información a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, y ha actuado, en sentido contrario de su responsabilidad de procurar justicia y esclarecer los hechos.
En Guanajuato, los 59 contratos para las guarderías subrogadas fueron otorgados en forma directa, sin licitación. Este esquema de asignación, denominado subrogación, se diseñó en 2001, en el periodo del “gobierno del cambio”. En Guanajuato atienden a aproximadamente 9 mil niños, por los que el IMSS paga casi los 2 mil 300 pesos al mes por cada menor atendido. Es decir, el IMSS paga mensualmente más de 20 millones de pesos a los particulares que tienen guarderías subrogadas.
(Fuentes: Editorial, La Jornada, 9/VII/09; a.m., 9/VII/09; correo, 28/VII/09).
Voto nulo: quinta fuerza electoral
Las elecciones realizadas el 5 de julio pasado demuestran una vez más la ilegitimidad del gobierno y la crisis del sistema. Sólo votó 43.74% de los empadronados, a pesar de los miles de millones de pesos gastados por el gobierno para instar a votar y dar legitimidad al espurio presidente Felipe Calderón, impuesto por el fraude hace tres años.
La suma de abstenciones y votos anulados equivale al 62% del padrón electoral. Por sí solos, los sufragios de castigo suman un millón 364 mil 673, equivalentes al 5.97% de las actas. Esta cifra supera a los votos obtenidos por el PT, Convergencia, Nueva Alianza y PSD, convirtiéndose en la quinta fuerza política del país.
Por lo tanto, si la suma de abstenciones y votos anulados es de 62%, veremos que el Partido Acción Nacional (PAN), clerical derechista, partido de gobierno, no representa sino una porción reducida de los electores, y el “ganador”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expulsado del gobierno hace nueve años por corrupto y antidemocrático, llega cuando mucho a cerca de 15% del padrón, mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya dirección abyecta y conciliadora con el gobierno provocó el repudio de muchos de sus votantes tradicionales, queda tercero, lejos de los dos primeros que, en realidad, consiguieron un resultado cuatro veces menor que el heterogéneo “partido” de la abstención y del voto nulo, que es, en realidad, la fuerza mayor.
Es evidente que más de la mitad de los probables votantes no escuchó las exhortaciones gubernamentales, patronales, de la Iglesia y de los aparatos partidarios a acudir a las urnas y, por lo menos, demostró desinterés. Con esto, el gobierno nacido del fraude es ahora doblemente ilegítimo, por su carácter minoritario y por su derrota ante el desprestigiado PRI.
El PAN, en efecto, vio caer el número de sus diputados de 206 a 141 y perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que pasó a manos del PRI, que obtuvo 237 de los 500 diputados y que, con sus aliados del Partido Verde Ecologista (22), tiene mayoría absoluta en dicha Cámara. En cuanto al PRD, perdió 40% de sus diputados (conserva sólo 71, muchos de ellos, además, adversarios de la dirección y partidarios de López Obrador, quien llamó a votar por los partidos del Trabajo y Convergencia y venció de modo aplastante al PRD en la zona obrera de la capital, la delegación Iztapalapa, con Juanito, un candidato popular desconocido).
Sin embargo, el proceso electoral de 2009 se ha desarrollado en un contexto de mayor iniquidad e ilegalidad que el de 2006. Así mismo, en esta ocasión las autoridades electorales han sido más parciales y omisas de lo que fueron hace tres años. La incuestionable y constante violación de las normas que caracterizó a las campañas pone en duda el cumplimiento de los cinco principios rectores en la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que la intervención indebida de Vicente Fox en el proceso electoral “constituyó un riesgo para la validez de los comicios”. Pero, ahora, Felipe Calderón no se contentó con simples mensajes metafóricos sobre “caballos y jinetes”, sino que tomó la desafortunada decisión de encabezar personalmente la campaña del PAN. A menos de 48 horas del inicio legal de las campañas, Calderón violaría la Constitución con su mensaje, transmitido en cadena nacional, para presumir los “logros” de su gobierno con respecto a la influenza, y en el que prácticamente se erigió como salvador de la humanidad.
El gobierno federal presupuestó mil 800 millones de pesos (Proceso, 1704) para propaganda gubernamental en los medios durante este año. Luego, para apuntalar la campaña de su partido, Calderón lanzó el programa de promoción turística Vive México, Vive lo Tuyo, y difundió constantes llamados a votar. El PAN también utilizó abusiva e ilegalmente la figura presidencial en su campaña. También, las televisoras intervinieron directa y descaradamente en las contiendas electorales al regalar, o vender de manera subrepticia, múltiples espacios a los partidos políticos y a sus candidatos predilectos. Ahí tenemos los casos de Demetrio Sodi, César Nava, el Partido Verde, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, entre muchos otros más. Cabe señalar que la ley no solamente prohíbe la venta de propaganda electoral en radio y televisión, sino que también proscribe cualquier donación en especie a partidos o candidatos de parte de empresas de carácter mercantil.
Campañas negativas como las de 2006, fueron utilizadas por el PAN en contra del PRI. Si bien el IFE y el TEPJF ordenaron el retiro de algunos anuncios, el PAN, en un franco desafío a las autoridades electorales, insistió en difundir spots similares y en general degradó el nivel del debate público. Asimismo, ante las francas provocaciones de parte de las principales televisoras del país y del Partido Verde, el IFE y el TEPJF siempre titubearon en sus respuestas, negándose a ejercer sus funciones constitucionales. Nunca lograron meter en cintura a los poderes fácticos. El descarado desacato de parte de Televisa y TV Azteca, así como de las revistas Cambio y Vértigo, a las medidas cautelares del IFE durante los últimos días de las campañas es un claro recordatorio de quién realmente manda en el país.
Ante la reincidencia de las televisoras en acciones violatorias de la ley, el IFE tendría que haber aumentado de manera significativa el monto de las multas e incluso pudo haber pasado a la siguiente fase de sanción: el retiro directo de tiempo comercializable. Sin embargo, tal y como ocurrió en 2006, los consejeros sistemáticamente actuaron de forma tibia y a destiempo.
Respecto al TEPJF, el Dictamen de Validez de la Elección Presidencial de 2006 destaca como una obra maestra de ciencia jurídica en comparación con algunos casos recientes resueltos por los magistrados actuales. Los casos de la contienda por la presidencia del PRD, los supuestos “informes” de los legisladores del Partido Verde y la candidatura del PRD en Iztapalapa pintan de cuerpo entero un tribunal electoral sometido a intereses políticos cuya capacidad para garantizar la certeza de los resultados electorales se encuentra en duda.
De seguir en esta ruta, que, en realidad no se ve que vaya a cambiar, las elecciones presidenciales de 2012 serán un verdadero desastre. La solución, según algunos expertos, está en pugnar por un aumento de las facultades de investigación, de sanción y de regulación del IFE, así como por el nombramiento de consejeros y magistrados electorales que estén a la altura del momento histórico. Es decir, las instituciones electorales deben contar con integrantes que se caractericen por un compromiso democrático y ético de mayor tamaño y solidez.
(Fuentes: apro, 5/VII/09; Guillermo Almeyra, La Jornada, 12/VII/09; John M. Ackerman, apro, 9/VII/09).
Temporada de parodias
INTERNACIONAL
Algunos de los recientes episodios que conmovieron el mundo a través de las noticias –las elecciones en Líbano e Irán, el golpe de Estado en Honduras– han generado reacciones sobre las que vale la pena detenerse. Incluso, la falta de reacción frente a otros casos, como el secuestro de una embarcación por parte de Israel, también tiene mucho que decir.
Las elecciones en Líbano e Irán y el golpe de Estado en Honduras, son importantes no sólo por lo que representan en sí mismas, sino por las reacciones internacionales que han suscitado. Por otro lado, la ausencia de reacción ante un acto de piratería israelí en el Mediterráneo es un pie de página...
El Líbano. Las elecciones del 7 de junio en el Líbano fue-ron recibidas con euforia por la corriente principal de opinión pública estadunidense. “Me encantan las elecciones libres y justas”, escribió el 10 de junio el columnista del New York Times, Thomas Friedman. “En Líbano, fue algo genuino, y los resultados fueron fascinantes: el presidente Barack Obama derrotó al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad”, apuntó. En efecto, “una sólida mayoría de todos los libaneses –musulmanes, cristianos y drusos– votó por la coalición del 14 de Marzo encabezada por Saad Hariri”, candidato respaldado por Estados Unidos e hijo del asesinado ex primer ministro Rafik Hariri. Se trató de un triunfo a partir de elecciones libres (y de Washington): “Si George W. Bush no se hubiera enfrentado a los sirios en 2005 –forzándolos a salir del Líbano después del asesinato de Hariri–, estas elecciones libres no hubieran sucedido”, escribió Friedman. “Bush creó el espacio (durante su discurso en El Cairo), Obama ayudó a avivar la esperanza”, precisó. Dos días después, los puntos de vista de Friedman tuvieron eco en una columna de opinión del Times escrita por Elliot Abrams, reconocido integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que anteriormente fue funcionario de alto rango en las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush: “La votación en el Líbano pasó cualquier prueba realista... Los libaneses tuvieron la oportunidad de votar contra Hezbollah y la aprovecharon”. La “prueba realista” a la que alude, se refiere a la votación real. La coalición 8 de
Marzo, basada en Hezbollah, ganó aproximadamente con la misma proporción que Obama contra McCain en noviembre, con cerca del 54% del voto popular, según cifras del Ministerio del Interior libanés. Por consiguiente, según el argumento Friedman-Abrams, deberíamos estar lamentando la victoria de Ahmadinejad sobre Obama. Al igual que otros, Friedman y Abrams se están refiriendo a los representantes del Parlamento. Estas cifras son tergiversadas por el sistema de votación confesional de Líbano, que reduce drásticamente el número de asientos otorgados a la más grande de las sectas, los chiítas, que respaldan abrumadoramente a Hezbollah y a su aliado Amal. El analista político Assaf Kfoury observa que las reglas imperantes no dejan espacio para los partidos no “tolerados” y se erigen en una barrera que evita la introducción de políticas socioeconómicas y otros temas reales en el sistema electoral. Para Kfoury, esas reglas abren la puerta a “interferencia externa masiva”, menor participación de votantes y “manipulación y compra de votos”, todo ello peculiaridades de las elecciones de junio. Por tanto, en Beirut, la capital que alberga a casi la mitad de la población de Líbano, menos de una cuarta parte de los votantes pudo votar sin tener que ir a sus remotos distritos de origen. El efecto es que los trabajadores migrantes y las clases más pobres efectivamente son privados de sus derechos civiles en “una forma extremadamente injusta, al estilo libanés”, favoreciendo a las clases privilegiadas y pro occidentales.
Irán. Al igual que el Líbano, el propio sistema electoral de Irán viola derechos básicos. Los candidatos deben ser aprobados por clérigos gobernantes, facultados para prohibir políticas con las que discrepan. Los resultados electorales del Ministerio del Interior de Irán carecieron de credibilidad tanto por la forma en que fueron publicados como por el resultado mismo, provocando una enorme protesta popular brutalmente reprimida por las fuerzas armadas de los clérigos gobernantes. Tal vez Ahmadinejad pudo haber ganado la mayoría si los votos hubieran sido nuevamente contabilizados, pero los gobernantes aparentemente no estaban dispuestos a arriesgarse. Desde las calles de Teherán, la corresponsal Reese Erlich escribió: “Es un genuino movimiento de masas iraní integrado por estudiantes, trabajadores, mujeres y gente de clase media” y, posiblemente, la mayoría de la población rural. Eric
Hooglund, catedrático y experto en el Irán rural, describe un respaldo “abrumador” para el candidato opositor Mir Husein Musavi entre la gente de ciertas regiones, y un “palpable ultraje moral por lo que llegó a creerse como una elección fraudulenta”. Es altamente improbable que las protestas dañen al régimen clerical-militar a corto plazo pero, como observa Erlich, “está sembrando las semillas para luchas futuras”.
Israel-Palestina. No deberíamos olvidar unas elecciones auténticamente “libres y justas” realizadas recientemente en Oriente Medio –en Palestina, en enero de 2006, ante las que Estados Unidos y sus aliados respondieron castigando a la población que votó “equivocadamente”–. A partir de ese hecho, Israel impuso sitio a Gaza y, el invierno pasado, la atacó sin misericordia. Apoyándose en la impunidad que recibe como aliado de Estados Unidos, Israel ha reforzado una vez más su bloqueo secuestrando a la embarcación Espíritu de Humanidad, perteneciente al movimiento Gaza Libre, ocurrida en aguas internacionales, forzándola a atracar en el puerto israelí de Ashdod. La embarcación había salido de Chipre, donde se inspeccionó el cargamento: medicinas, materiales de reconstrucción y juguetes. A bordo se encontraban defensores de derechos humanos como la ganadora del Premio Nobel Mairead Maguire y la ex congresista norteamericana Cynthia McKinney. Ese crimen, a duras penas evocó un bostezo –será porque es parte de “la normalidad”, dado que durante décadas Israel ha estado secuestrando botes que viajan entre Chipre y Líbano–.
Honduras. Centroamérica también escenifica un crimen relacionado con elecciones. Un golpe militar en Honduras ha depuesto al presidente Manuel Zelaya y lo ha expulsado del país. El golpe repite lo que el analista en asuntos latinoamericanos Mark Weisbrot llama “una historia recurrente en Latinoamérica”, enfrentando a “un presidente reformista respaldado por sindicatos laborales y organizaciones sociales con una elite política corrupta, mafiosa, gobernada por las drogas, acostumbrada a escoger a los miembros no sólo de la Suprema Corte y el Congreso, sino también al presidente. La corriente principal de opinión pública describe al golpe como un desafortunado regreso a los malos días de hace décadas. Pero eso es equívoco. Se trata del tercer golpe de Estado en la última década, todos ellos conformando la “historia recurrente”. El primero, en Venezuela en 2002, fue respaldado por la administración de Bush que, empero, se retractó luego de agudas críticas latinoamericanas y de la restauración del gobierno elegido a través de manifestaciones populares. El segundo, en Haití en 2004, se concretó a manos de los torturadores tradicionales del país, Francia y Estados Unidos. El presidente electo, Jean Bertrand Aristide, fue llevado en secreto a África Central. Lo novedoso del golpe en Honduras es que Washington no lo ha respaldado, aunque vociferó una condena más suave que otros, no ha actuado al respecto. Contrariamente a lo que han hecho países vecinos, Francia, España e Italia, Estados Unidos no ha retirado su embajador. Sobrepasa la imaginación que Washington no tuviera conocimiento anticipado de lo que se fraguaba en Honduras, país altamente dependiente de la asistencia estadounidense y cuyo ejército es armado, entrenado y asesorado por Estados Unidos. Las relaciones militares han sido estrechas desde la década de los ’80, cuando Honduras fue base de la guerra terrorista del presidente Reagan contra Nicaragua. Que la “historia recurrente” se repita una vez más, depende en gran medida de las reacciones de los centros de poder dentro de Estados Unidos.
(Texto de Noam Chomsky, rebelión, 13/VII/09).
Algunos de los recientes episodios que conmovieron el mundo a través de las noticias –las elecciones en Líbano e Irán, el golpe de Estado en Honduras– han generado reacciones sobre las que vale la pena detenerse. Incluso, la falta de reacción frente a otros casos, como el secuestro de una embarcación por parte de Israel, también tiene mucho que decir.
Las elecciones en Líbano e Irán y el golpe de Estado en Honduras, son importantes no sólo por lo que representan en sí mismas, sino por las reacciones internacionales que han suscitado. Por otro lado, la ausencia de reacción ante un acto de piratería israelí en el Mediterráneo es un pie de página...
El Líbano. Las elecciones del 7 de junio en el Líbano fue-ron recibidas con euforia por la corriente principal de opinión pública estadunidense. “Me encantan las elecciones libres y justas”, escribió el 10 de junio el columnista del New York Times, Thomas Friedman. “En Líbano, fue algo genuino, y los resultados fueron fascinantes: el presidente Barack Obama derrotó al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad”, apuntó. En efecto, “una sólida mayoría de todos los libaneses –musulmanes, cristianos y drusos– votó por la coalición del 14 de Marzo encabezada por Saad Hariri”, candidato respaldado por Estados Unidos e hijo del asesinado ex primer ministro Rafik Hariri. Se trató de un triunfo a partir de elecciones libres (y de Washington): “Si George W. Bush no se hubiera enfrentado a los sirios en 2005 –forzándolos a salir del Líbano después del asesinato de Hariri–, estas elecciones libres no hubieran sucedido”, escribió Friedman. “Bush creó el espacio (durante su discurso en El Cairo), Obama ayudó a avivar la esperanza”, precisó. Dos días después, los puntos de vista de Friedman tuvieron eco en una columna de opinión del Times escrita por Elliot Abrams, reconocido integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que anteriormente fue funcionario de alto rango en las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush: “La votación en el Líbano pasó cualquier prueba realista... Los libaneses tuvieron la oportunidad de votar contra Hezbollah y la aprovecharon”. La “prueba realista” a la que alude, se refiere a la votación real. La coalición 8 de
Marzo, basada en Hezbollah, ganó aproximadamente con la misma proporción que Obama contra McCain en noviembre, con cerca del 54% del voto popular, según cifras del Ministerio del Interior libanés. Por consiguiente, según el argumento Friedman-Abrams, deberíamos estar lamentando la victoria de Ahmadinejad sobre Obama. Al igual que otros, Friedman y Abrams se están refiriendo a los representantes del Parlamento. Estas cifras son tergiversadas por el sistema de votación confesional de Líbano, que reduce drásticamente el número de asientos otorgados a la más grande de las sectas, los chiítas, que respaldan abrumadoramente a Hezbollah y a su aliado Amal. El analista político Assaf Kfoury observa que las reglas imperantes no dejan espacio para los partidos no “tolerados” y se erigen en una barrera que evita la introducción de políticas socioeconómicas y otros temas reales en el sistema electoral. Para Kfoury, esas reglas abren la puerta a “interferencia externa masiva”, menor participación de votantes y “manipulación y compra de votos”, todo ello peculiaridades de las elecciones de junio. Por tanto, en Beirut, la capital que alberga a casi la mitad de la población de Líbano, menos de una cuarta parte de los votantes pudo votar sin tener que ir a sus remotos distritos de origen. El efecto es que los trabajadores migrantes y las clases más pobres efectivamente son privados de sus derechos civiles en “una forma extremadamente injusta, al estilo libanés”, favoreciendo a las clases privilegiadas y pro occidentales. Irán. Al igual que el Líbano, el propio sistema electoral de Irán viola derechos básicos. Los candidatos deben ser aprobados por clérigos gobernantes, facultados para prohibir políticas con las que discrepan. Los resultados electorales del Ministerio del Interior de Irán carecieron de credibilidad tanto por la forma en que fueron publicados como por el resultado mismo, provocando una enorme protesta popular brutalmente reprimida por las fuerzas armadas de los clérigos gobernantes. Tal vez Ahmadinejad pudo haber ganado la mayoría si los votos hubieran sido nuevamente contabilizados, pero los gobernantes aparentemente no estaban dispuestos a arriesgarse. Desde las calles de Teherán, la corresponsal Reese Erlich escribió: “Es un genuino movimiento de masas iraní integrado por estudiantes, trabajadores, mujeres y gente de clase media” y, posiblemente, la mayoría de la población rural. Eric
Hooglund, catedrático y experto en el Irán rural, describe un respaldo “abrumador” para el candidato opositor Mir Husein Musavi entre la gente de ciertas regiones, y un “palpable ultraje moral por lo que llegó a creerse como una elección fraudulenta”. Es altamente improbable que las protestas dañen al régimen clerical-militar a corto plazo pero, como observa Erlich, “está sembrando las semillas para luchas futuras”. Israel-Palestina. No deberíamos olvidar unas elecciones auténticamente “libres y justas” realizadas recientemente en Oriente Medio –en Palestina, en enero de 2006, ante las que Estados Unidos y sus aliados respondieron castigando a la población que votó “equivocadamente”–. A partir de ese hecho, Israel impuso sitio a Gaza y, el invierno pasado, la atacó sin misericordia. Apoyándose en la impunidad que recibe como aliado de Estados Unidos, Israel ha reforzado una vez más su bloqueo secuestrando a la embarcación Espíritu de Humanidad, perteneciente al movimiento Gaza Libre, ocurrida en aguas internacionales, forzándola a atracar en el puerto israelí de Ashdod. La embarcación había salido de Chipre, donde se inspeccionó el cargamento: medicinas, materiales de reconstrucción y juguetes. A bordo se encontraban defensores de derechos humanos como la ganadora del Premio Nobel Mairead Maguire y la ex congresista norteamericana Cynthia McKinney. Ese crimen, a duras penas evocó un bostezo –será porque es parte de “la normalidad”, dado que durante décadas Israel ha estado secuestrando botes que viajan entre Chipre y Líbano–.
Honduras. Centroamérica también escenifica un crimen relacionado con elecciones. Un golpe militar en Honduras ha depuesto al presidente Manuel Zelaya y lo ha expulsado del país. El golpe repite lo que el analista en asuntos latinoamericanos Mark Weisbrot llama “una historia recurrente en Latinoamérica”, enfrentando a “un presidente reformista respaldado por sindicatos laborales y organizaciones sociales con una elite política corrupta, mafiosa, gobernada por las drogas, acostumbrada a escoger a los miembros no sólo de la Suprema Corte y el Congreso, sino también al presidente. La corriente principal de opinión pública describe al golpe como un desafortunado regreso a los malos días de hace décadas. Pero eso es equívoco. Se trata del tercer golpe de Estado en la última década, todos ellos conformando la “historia recurrente”. El primero, en Venezuela en 2002, fue respaldado por la administración de Bush que, empero, se retractó luego de agudas críticas latinoamericanas y de la restauración del gobierno elegido a través de manifestaciones populares. El segundo, en Haití en 2004, se concretó a manos de los torturadores tradicionales del país, Francia y Estados Unidos. El presidente electo, Jean Bertrand Aristide, fue llevado en secreto a África Central. Lo novedoso del golpe en Honduras es que Washington no lo ha respaldado, aunque vociferó una condena más suave que otros, no ha actuado al respecto. Contrariamente a lo que han hecho países vecinos, Francia, España e Italia, Estados Unidos no ha retirado su embajador. Sobrepasa la imaginación que Washington no tuviera conocimiento anticipado de lo que se fraguaba en Honduras, país altamente dependiente de la asistencia estadounidense y cuyo ejército es armado, entrenado y asesorado por Estados Unidos. Las relaciones militares han sido estrechas desde la década de los ’80, cuando Honduras fue base de la guerra terrorista del presidente Reagan contra Nicaragua. Que la “historia recurrente” se repita una vez más, depende en gran medida de las reacciones de los centros de poder dentro de Estados Unidos.
(Texto de Noam Chomsky, rebelión, 13/VII/09).
La derecha contrataca
La presidencia de George W. Bush fue el momento de mayor arrasamiento electoral por parte de los partidos de centro-izquierda en América Latina en los últimos dos siglos. La presidencia de Barack Obama corre el riesgo de ser el momento de la venganza de la derecha en América Latina.
La razón bien puede ser la misma: la combinación de la decadencia del poderío estadunidense con la continuada centralidad de Estados Unidos en la política mundial. Al mismo tiempo, Washington es incapaz de imponerse por sí mismo y todo mundo espera que entre al terreno de juego en el bando de ellos.
¿Qué fue lo que ocurrió en Honduras? Hace mucho que este país es uno de los pilares más seguros de las oligarquías latinoamericanas: tiene una clase dominante arrogante y sin arrepentimiento, guarda vínculos cercanos con Estados Unidos y es el sitio de una importante base militar estadunidense.
En las últimas elecciones, Manuel (Mel) Zelaya fue electo presidente. Siendo un producto de las clases dominantes, se esperaba que continuara jugando el juego en la forma en que los presidentes hondureños lo han jugado siempre. En cambio, inclinó sus políticas hacia la izquierda. Emprendió programas internos que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero dos años después se unió al ALBA, la organización de Estados que creó el presidente Hugo Chávez. El resultado fue que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela.
Luego propuso la celebración de un referendo para saber si la población pensaba que era buena idea revisar la Constitución. La oligarquía gritó que éste era un intento de Zelaya para cambiar las leyes y hacer posible que él accediera a un segundo periodo. Dado que se preveía que la consulta ocurriera el día en que su sucesor fuera electo, ésta es claramente una razón inventada.
¿Por qué entonces escenificó el ejército un golpe de Estado con el respaldo de la Suprema Corte, el Congreso hondureño y la jerarquía católica? Dos factores confluyen aquí: su visión de Zelaya y su percepción de Estados Unidos. En los años treinta, la derecha estadunidense atacó a Franklin Roosevelt como “traidor a su clase”. Para la oligarquía hondureña, eso significa que Zelaya, “un traidor a su clase”, es alguien que debería ser castigado como ejemplo para otros.
¿Y qué pasa con Estados Unidos? Cuando ocurrió el golpe, algunos comentaristas de la izquierda le llamaron “el golpe de estado de Obama”. Ni Zelaya ni sus simpatizantes en la calle, ni tampoco Chávez o Fidel Castro, tienen esa visión tan simplista. Parece claro que la última cosa que el gobierno de Obama quería era este golpe de Estado. Sin duda los golpistas recibieron aliento de figuras clave de la derecha estadunidense como Otto Reich (el cubano-estadunidense y ex consejero de Bush) y el International Republican Institute.
El senador republicano Jim DeMint, la diputada republicana cubano-estadunidense Ileana Ros-Lehtinen, y el abogado conservador Manuel A. Estrada, todos han insistido en que el golpe estuvo justificado porque no fue un golpe de Estado, sino justamente una defensa de la Constitución hondureña. Y la blogger derechista Jennifer Rubin, publicó un texto el 13 de julio titulado: Obama está mal, mal, mal respecto a Honduras. Su equivalente hondureño, Ramón Villeda, publicó una carta abierta al presidente estadunidense el 11 de julio, donde decía que: “No es la primera vez que Washington se equivoca y abandona, en momentos críticos, a un aliado y amigo”.
La derecha hondureña hace su juego buscando ganar tiempo, hasta que el periodo de Zelaya termine. Si logran su objetivo, habrán ganado. Y la derecha guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense observan por los costados, y ya les pican las ganas de comenzar sus propios golpes de Estado contra sus gobiernos que no son ya de derecha.
Es posible que la derecha gane las elecciones este año y el año entrante en Argentina y Brasil, tal vez en Uruguay y Chile. Tres analistas importantes del Cono Sur han publicado sus explicaciones. Atilio Borón habla de la “futilidad del golpe”. El sociólogo brasileño Emir Sader dice que América Latina enfrenta una encrucijada: “La profundización del antineoliberalismo o la restauración conservadora”. El periodista uruguayo Raúl Zibechi titula su análisis La irresistible decadencia del progresismo.
Zibechi piensa que las débiles políticas de Lula, Vázquez, Kirchner y Bachelet (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) han fortalecido a la derecha (que avizora adoptando un estilo Berlusconi) y dividieron a la izquierda.
¿Puede Estados Unidos hacer algo acerca de este golpe de Estado? Por supuesto. Primero, Obama puede oficialmente etiquetar el golpe como un golpe de Estado. Esto podría disparar una ley estadunidense que le cortara toda la asistencia de Estados Unidos a Honduras. Puede cercenar las continuadas relaciones del Pentágono con los militares hondureños. Puede retirar al embajador estadunidense. Puede decir que no hay nada qué negociar en vez de insistir en la “mediación” entre el gobierno legítimo y los líderes golpistas.
¿Por qué no hace todo eso? Porque tiene al menos otros cuatro grandes puntos pendientes en su agenda: la confirmación de Sonia Sotomayor en la Suprema Corte; un desbarajuste continuado en Medio Oriente; su necesidad de pasar la legislación de salud este año (si no es en agosto, en diciembre); y de repente una presión enorme por abrir las investigaciones de los actos ilegales del gobierno de Bush. Honduras tiene el quinto lugar en la lista. Hay que poner atención a Guatemala.
(Texto de Immanuel Wallerstein, La Jornada, 18/VII/09).
California
ANÁLISIS
El estado de California, en Estados Unidos, es, por el valor de su producción, la octava economía del mundo, con 1.7 billones de dólares (trillones según se mide allá). Está apenas por debajo de Italia y es más grande que España y Canadá, que le siguen. El PIB de México es del orden de 1.08 billones, según datos del Banco Mundial para 2008.
California genera el 12% del producto interno bruto total en ese país, y tiene una población de 38.3 millones de habitantes, es decir, uno de cada ocho personas vive ahí. California tiene hoy un déficit fiscal de 24 mil millones de dólares y no los puede pagar su deuda. Esta es otra manifestación de la crisis económica y financiera, y se agrega a las cargas fiscales y a los programas federales de estímulo que tiene que aplicar el gobierno de Obama.
La tasa de desempleo general de aquel país supera ya 9%, mientras en California alcanza 11.5%. Se prevé que en los siguientes dos años se perderá un millón adicional de empleos y que la tasa de desocupación llegará a 12.5%.
En 2008 cayó el ingreso personal en el estado por vez primera desde la década de 1930. Con ello se redujo también el ingreso público derivado de los impuestos en una tercera parte sólo entre enero y mayo de este año.
En California está el mayor mercado de autos del país, y hasta ahora se ha desplomado 40% respecto del año pasado, a lo que hay que añadir el problema de las deudas hipotecarias y la pérdida de valor de las propiedades inmuebles.
Hace más de 30 años entró en vigor una disposición fiscal conocida como Propuesta 13, que limitó fuertemente la capacidad de reacción presupuestaria en el estado. Se fijó un techo a los impuestos sobre las propiedades y se estableció una protección contra la revaluación de las mismas, incluso cuando aumentaba fuertemente su valor catastral. Así se dependía en mayor parte de los impuestos sobre la renta. Hoy, esa combinación es letal para el fisco estatal.
En el gobierno de Schwarzenegger la deuda pública se ha duplicado. La situación es más grave, ya que esa misma Propuesta 13 dificulta elevar los impuestos en caso de emergencias si no se cuenta con una mayoría de dos tercios en la Legislatura local, lo que complica aún más el entorno político prevaleciente. En noviembre de 2003, cuando tomó posesión del gobierno estatal, enfrentó también una fuerte crisis fiscal.
Agréguese a esto que ahora hay un movimiento en Estados Unidos de los propietarios de casas para reducir el pago de impuestos por inmuebles, precisamente en función de la pérdida de valor luego de la especulación con los bienes raíces.
Esta es ya una manifestación del problema distributivo y del conflicto entre la necesidad de captar recursos de los gobiernos locales y los déficits financieros que enfrentan.
Conforme a las leyes fiscales, los gobiernos estatales, a diferencia del federal, deben mantener presupuestos balanceados. Ante la caída de ingresos tendrán que aplicar fuertes recortes del gasto, que repercuten de manera muy desigual sobre la población, afectando especialmente a quienes reciben ayudas y dependen de los servicios públicos.
Esto redundará en una mayor caída de la demanda agregada restringiendo el estímulo necesario para salir de la recesión. Mientras se llega a un acuerdo político sobre el presupuesto, el gobierno emite pagarés para cumplir con la devolución de impuestos a comerciantes y contribuyentes en general y pagará una tasa de interés de 3.5%.
Los acreedores, incluyendo los bancos, no se podrán negar a aceptarlos. La deuda cubierta es del orden de 4.8 billones de dólares hasta agosto, y si no hay arreglo puede llegar a 53.3 billones.
La crisis fiscal de California puede ser el inicio de una tendencia similar en otros estados y significará una complicación adicional para el gobierno de Obama. Se sumará al salvamento de los bancos y otras instituciones financieras, de las empresas automotrices y de los deudores hipotecarios, igual que al mayor pago de seguro de desempleo.
El rescate de los gobiernos locales no estaba contemplado en el marco de la crisis, y la cuestión es que en este caso no hay opciones más que hacerlo. California no puede quebrar.
La repercusión general en términos fiscales sería enorme y también sobre el valor del dólar. Pero hay que tener en cuenta la situación financiera internacional, que establece una especie de disuasión similar a la que existió en la guerra fría en términos nucleares.
Los bancos centrales del mundo no tienen mucho margen de maniobra más que colocar sus excedentes en dólares. Esto es bastante claro en el caso de China, el mayor acreedor del Tesoro. Salirse de las tenencias de dólares es precipitar una crisis fiscal más general y devaluar las tenencias en esa moneda.
El dólar sigue siendo el dinero mundial de referencia y se usará ese poder disuasivo tanto en materia financiera y económica como en términos políticos, cuando menos durante un buen tiempo. Si es necesario, la inflación será un mecanismo para liquidar parte de la deuda en términos reales en el mediano plazo. La crisis significa, pues, el rescate del dólar y la forma en que se restructuren la producción, las finanzas y el mercado laboral a escala mundial.
(Texto de León Bendesky, La Jornada, 6/VII/09).
El estado de California, en Estados Unidos, es, por el valor de su producción, la octava economía del mundo, con 1.7 billones de dólares (trillones según se mide allá). Está apenas por debajo de Italia y es más grande que España y Canadá, que le siguen. El PIB de México es del orden de 1.08 billones, según datos del Banco Mundial para 2008.
California genera el 12% del producto interno bruto total en ese país, y tiene una población de 38.3 millones de habitantes, es decir, uno de cada ocho personas vive ahí. California tiene hoy un déficit fiscal de 24 mil millones de dólares y no los puede pagar su deuda. Esta es otra manifestación de la crisis económica y financiera, y se agrega a las cargas fiscales y a los programas federales de estímulo que tiene que aplicar el gobierno de Obama.
La tasa de desempleo general de aquel país supera ya 9%, mientras en California alcanza 11.5%. Se prevé que en los siguientes dos años se perderá un millón adicional de empleos y que la tasa de desocupación llegará a 12.5%.
En 2008 cayó el ingreso personal en el estado por vez primera desde la década de 1930. Con ello se redujo también el ingreso público derivado de los impuestos en una tercera parte sólo entre enero y mayo de este año.
En California está el mayor mercado de autos del país, y hasta ahora se ha desplomado 40% respecto del año pasado, a lo que hay que añadir el problema de las deudas hipotecarias y la pérdida de valor de las propiedades inmuebles.
Hace más de 30 años entró en vigor una disposición fiscal conocida como Propuesta 13, que limitó fuertemente la capacidad de reacción presupuestaria en el estado. Se fijó un techo a los impuestos sobre las propiedades y se estableció una protección contra la revaluación de las mismas, incluso cuando aumentaba fuertemente su valor catastral. Así se dependía en mayor parte de los impuestos sobre la renta. Hoy, esa combinación es letal para el fisco estatal.
En el gobierno de Schwarzenegger la deuda pública se ha duplicado. La situación es más grave, ya que esa misma Propuesta 13 dificulta elevar los impuestos en caso de emergencias si no se cuenta con una mayoría de dos tercios en la Legislatura local, lo que complica aún más el entorno político prevaleciente. En noviembre de 2003, cuando tomó posesión del gobierno estatal, enfrentó también una fuerte crisis fiscal.
Agréguese a esto que ahora hay un movimiento en Estados Unidos de los propietarios de casas para reducir el pago de impuestos por inmuebles, precisamente en función de la pérdida de valor luego de la especulación con los bienes raíces.Esta es ya una manifestación del problema distributivo y del conflicto entre la necesidad de captar recursos de los gobiernos locales y los déficits financieros que enfrentan.
Conforme a las leyes fiscales, los gobiernos estatales, a diferencia del federal, deben mantener presupuestos balanceados. Ante la caída de ingresos tendrán que aplicar fuertes recortes del gasto, que repercuten de manera muy desigual sobre la población, afectando especialmente a quienes reciben ayudas y dependen de los servicios públicos.
Esto redundará en una mayor caída de la demanda agregada restringiendo el estímulo necesario para salir de la recesión. Mientras se llega a un acuerdo político sobre el presupuesto, el gobierno emite pagarés para cumplir con la devolución de impuestos a comerciantes y contribuyentes en general y pagará una tasa de interés de 3.5%.
Los acreedores, incluyendo los bancos, no se podrán negar a aceptarlos. La deuda cubierta es del orden de 4.8 billones de dólares hasta agosto, y si no hay arreglo puede llegar a 53.3 billones.
La crisis fiscal de California puede ser el inicio de una tendencia similar en otros estados y significará una complicación adicional para el gobierno de Obama. Se sumará al salvamento de los bancos y otras instituciones financieras, de las empresas automotrices y de los deudores hipotecarios, igual que al mayor pago de seguro de desempleo.
El rescate de los gobiernos locales no estaba contemplado en el marco de la crisis, y la cuestión es que en este caso no hay opciones más que hacerlo. California no puede quebrar.
La repercusión general en términos fiscales sería enorme y también sobre el valor del dólar. Pero hay que tener en cuenta la situación financiera internacional, que establece una especie de disuasión similar a la que existió en la guerra fría en términos nucleares.
Los bancos centrales del mundo no tienen mucho margen de maniobra más que colocar sus excedentes en dólares. Esto es bastante claro en el caso de China, el mayor acreedor del Tesoro. Salirse de las tenencias de dólares es precipitar una crisis fiscal más general y devaluar las tenencias en esa moneda.
El dólar sigue siendo el dinero mundial de referencia y se usará ese poder disuasivo tanto en materia financiera y económica como en términos políticos, cuando menos durante un buen tiempo. Si es necesario, la inflación será un mecanismo para liquidar parte de la deuda en términos reales en el mediano plazo. La crisis significa, pues, el rescate del dólar y la forma en que se restructuren la producción, las finanzas y el mercado laboral a escala mundial.
(Texto de León Bendesky, La Jornada, 6/VII/09).
La doctrina social de la Iglesia
OPINIÓN
El representante en la Tierra de aquél que afirmó que su reino no era de este mundo se ha reunido con Obama y señora en el Estado Vaticano. Para la ocasión ella lucía vestido negro con chal en la cabeza. Con chal también acudieron a ver a “Su Santidad” las “primeras damas” de los “líderes” que asistieron a la cumbre del G-8.
Benedicto XVI, obsequió al mandatario estadounidense un ejemplar firmado de su última encíclica “Caritas in Veritate” (“Caridad en la Verdad”) en donde, entre otras cosas, arremete contra el control de la natalidad, el laicismo propugnado por los gobiernos, el aborto y la práctica de la eugenesia en los nacimientos y defiende la economía de mercado como sistema económico, eso sí, un capitalismo más humano. Para acabar con cierto toque ecológico pensando en el mundo que vamos a dejar a las futuras generaciones y apelando a que los animalillos, aun carentes de alma, también son fruto de la creación.
A lo largo de la encíclica ratzingeriana se hace repaso de las encíclicas anteriores que fundamentaron la llamada doctrina social de la Iglesia. Ratzinger hace mención a “Rerum Novarum” (“Sobre la situación de los obreros”), del sumo pontífice León XIII que en el año 1891 intenta “determinar los derechos y deberes dentro de los cuales han de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo”, ataca a “los socialistas, que atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes”. El simpático León XIII, unos años antes había publicado otra encíclica monográfica, la “Quod apostolici muneris” (“Contra el comunismo y el socialismo”) donde tildaba a los seguidores de Marx como herejes y encarnación del mal, defendía el derecho a la propiedad privada como derecho natural y a la economía de mercado como sistema económico cristiano.
Ratzinger, en su nueva encíclica, asimismo, destaca los aportes a la doctrina social católica de Pablo VI en “Populorum progressio” (“El desarrollo de los pueblos”), en la que se afirman los beneficios y progresos que ha aportado el colonialismo a los pueblos menos desarrollados, beneficiados por la introducción de la técnica y de la economía de mercado y de lo malas que son las insurrecciones armadas de los pueblos por su independencia.
Uno puede leerse las encíclicas de los papas -ejercicio altamente recomendable para saber de qué lado masca la iguana-, después leer los evangelios (incluso los apócrifos) y asombrarse del cinismo que practican los que dicen ser representantes de Cristo en la Tierra. Aquél Jesús que, según un tal Marcos, dijo: “anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego sígueme”, después cuentan que sentenció aquello de es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos.
Los papas no sólo han agrandado el ojo de la aguja por donde pasar caravanas de camellos, sino que han sido grandes artífices en convertir la Tierra en un infierno para los pobres.
(Texto de Fede de los Ríos, gara, rebelión, 13/VII/09).
El representante en la Tierra de aquél que afirmó que su reino no era de este mundo se ha reunido con Obama y señora en el Estado Vaticano. Para la ocasión ella lucía vestido negro con chal en la cabeza. Con chal también acudieron a ver a “Su Santidad” las “primeras damas” de los “líderes” que asistieron a la cumbre del G-8.
Benedicto XVI, obsequió al mandatario estadounidense un ejemplar firmado de su última encíclica “Caritas in Veritate” (“Caridad en la Verdad”) en donde, entre otras cosas, arremete contra el control de la natalidad, el laicismo propugnado por los gobiernos, el aborto y la práctica de la eugenesia en los nacimientos y defiende la economía de mercado como sistema económico, eso sí, un capitalismo más humano. Para acabar con cierto toque ecológico pensando en el mundo que vamos a dejar a las futuras generaciones y apelando a que los animalillos, aun carentes de alma, también son fruto de la creación.
A lo largo de la encíclica ratzingeriana se hace repaso de las encíclicas anteriores que fundamentaron la llamada doctrina social de la Iglesia. Ratzinger hace mención a “Rerum Novarum” (“Sobre la situación de los obreros”), del sumo pontífice León XIII que en el año 1891 intenta “determinar los derechos y deberes dentro de los cuales han de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo”, ataca a “los socialistas, que atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes”. El simpático León XIII, unos años antes había publicado otra encíclica monográfica, la “Quod apostolici muneris” (“Contra el comunismo y el socialismo”) donde tildaba a los seguidores de Marx como herejes y encarnación del mal, defendía el derecho a la propiedad privada como derecho natural y a la economía de mercado como sistema económico cristiano.
Ratzinger, en su nueva encíclica, asimismo, destaca los aportes a la doctrina social católica de Pablo VI en “Populorum progressio” (“El desarrollo de los pueblos”), en la que se afirman los beneficios y progresos que ha aportado el colonialismo a los pueblos menos desarrollados, beneficiados por la introducción de la técnica y de la economía de mercado y de lo malas que son las insurrecciones armadas de los pueblos por su independencia.
Uno puede leerse las encíclicas de los papas -ejercicio altamente recomendable para saber de qué lado masca la iguana-, después leer los evangelios (incluso los apócrifos) y asombrarse del cinismo que practican los que dicen ser representantes de Cristo en la Tierra. Aquél Jesús que, según un tal Marcos, dijo: “anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego sígueme”, después cuentan que sentenció aquello de es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos.
Los papas no sólo han agrandado el ojo de la aguja por donde pasar caravanas de camellos, sino que han sido grandes artífices en convertir la Tierra en un infierno para los pobres.
(Texto de Fede de los Ríos, gara, rebelión, 13/VII/09).
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