Violencia al límite

Desde los años inmediatos a la Revolución y a la guerra cristera, México no vivía una violencia homicida como la que ahora padece.
Incontrolables desde hace tres años, las muertes violentas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, decapitaciones, tortura y otras expresiones de odio, como los feminicidios, han desbordado al Estado mexicano. Ante los altos índices de violencia, son cada vez más los investigadores y especialistas de todo el país que buscan explicar no sólo la violencia del narcotráfico y la reacción punitiva del Estado; también la respuesta violenta que está dando la sociedad. Al igual que Somalia, Haití, Brasil y –en su momento– Colombia, en México son cada vez más las organizaciones paramilitares, los grupos de autodefensa, las guardias privadas (nacionales y extranjeras) y las comunidades armadas. El especialista Arturo Alvarado Mendoza, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), ha estudiado las expresiones de violencia en la sociedad mexicana, sobre todo desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República, y en especial la registrada en “la guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Señala que más de 14 mil muertos en lo que va del sexenio, un número creciente de desaparecidos y los cada vez menos inusuales hallazgos de cementerios clandestinos expresan los niveles de violencia a los que ha llegado el país. Prácticamente no hay entidad federativa que se salve. Si no son feminicidios, son ejecuciones entre narcotraficantes, enfrentamientos de las fuerzas federales con la delincuencia organizada, asaltos a comunidades por parte de milicias u homicidios de todo tipo: “Estamos en una era de violencia criminal inédita, producida tanto por bandas delincuenciales como por las intervenciones militares y policiacas del gobierno federal”, sostiene el académico. Es decir, el comandante supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón, no sólo distribuyó a la tropa a lo largo del país y acostumbró a la población a tener diariamente un reporte sangriento y cruel de bajas, sino que estatuyó por la fuerza una nueva normatividad pública de guerra que, sin declaración de estados de sitio o de excepción, acabó violando los textos constitucionales y legales. Hoy, sin que haya poder alguno que se oponga a ello, Calderón ha sometido a arraigo domiciliario a los derechos humanos y las garantías constitucionales y ha decretado la vigencia de las reglas del pitazo, el levantón, la capucha, el allanamiento, la tortura y, en muchos casos, la ley del retén, que como antes sucedía con la llamada ley fuga, sirve para acribillar a quienes supuestamente no atienden las indicaciones de hacer alto en determinados sitios de revisión carretera. Hoy, cualquier mexicano puede ser asaltado en su casa por comandos armados que actúan al amparo de supuestas denuncias telefónicas anónimas. El grosor de la legalidad imperante y del respeto al presunto estado de derecho es del tamaño de una simple hoja de papel en la que algún soldado o policía diga que apuntó una acusación sin nombre contra algo o alguien. Para afianzar el clima de terror en nuestro país, se anuncia que las finanzas nacionales están en crisis, es decir, las autoridades estatales y municipales se enfrentarán en el futuro inmediato a la asfixia financiera. En muchos de los gobiernos de los estados y municipios del país la creatividad se ha limitado a poner en marcha una suerte de políticas que incluyen despidos, obligadas vacaciones sin goce de sueldo, reducción de la jornada laboral, temerarios ahorros en energía eléctrica y demás consumos, pero de ninguna manera consideran reducción de los abultados emolumentos de los “mandos” superiores. Que todo se recorte, que todo se reduzca a su mínima expresión, menos los sueldos más elevados ni las prestaciones asociadas al cargo. Así, sumido el país en el pantano de una agobiante crisis, sale a relucir la demagogia más ramplona: el gobierno federal en voz de Eduardo Medina Mora, procurador General de la República, dijo el pasado 17 de agosto, que los niveles de violencia que enfrenta el país no son tan alarmantes como los que se viven en otras naciones de América Latina y, en el caso de México, afirmó, la violencia era mayor hace tres lustros que ahora. Para soportar su dicho, Medina Mora recurrió a las estadísticas de homicidios en algunos países de Latinoamérica: por ejemplo, dijo que, en 2008, Colombia registró 33 crímenes intencionales por cada 100 mil habitantes; Brasil, 40; Guatemala y El Salvador, más de 50… Reconoció, sin embargo, que el grado de violencia en México no puede desestimarse, pero recomendó que el caso de México se “analice en la dimensión numérica y geográfica”. Por otra parte, a diferencia de lo que ha venido afirmando Felipe Calderón en estos tres años de “gobierno”, en el sentido de que sus objetivos son desmantelar las redes criminales y limpiar al país del problema del narcotráfico, Medina Mora mostró ese día otro rostro de la batalla contra el crimen organizado: dijo que el objetivo del gobierno federal no es combatir a la delincuencia organizada, sino devolver la seguridad a los ciudadanos. Y añadió: “Es una batalla por la seguridad y la certidumbre de los ciudadanos y no una batalla contra el narcotráfico, no porque este no sea un objetivo deseable, sino porque no está a nuestro alcance”. Acorde a esa realidad nacional, en San Francisco los grupos delictivos se mueven a sus anchas, sin que haya un solo día en que no se presente una denuncia por algún hecho atribuible a tales grupos. Siendo naturalmente los de “alto impacto” los que trascienden a través de los medios de comunicación. La tarde del martes 4 de agosto, justamente cuando los responsables de Seguridad Pública correspondientes a la Zona 07 estaban en amena reunión “de trabajo”, se produjo, después de una detonación de arma, una persona herida y el levantón de tres individuos (quienes días después aparecerían ejecutados) por la calle Virreyes ubicada en Colonial del Valle. Juan Carlos Sáinz, adoctrinado en esa filosofía tan socorrida de los políticos consistente en “lavarse las manos”, declaró que el nivel de inseguridad que se vive en el municipio “no se va a controlar de un día para otro”, requerirá tiempo, pero sobre todo, “de la suma que hagan los ciudadanos (respecto) de factores de cultura, usos, costumbres y perseverancia”. No, pues la pone requete fácil. Ya entrado en soltar declaraciones al son que los reflectores y micrófonos le toquen, Sáinz soltó esta perla: “Si se quiere que haya una transformación en la forma de atender la seguridad y que mejore en resultados, habrá que reforzar y atender realmente la cercanía y trato con la sociedad. Necesitamos el cambio de mentalidad y generacional, incluso porque la población tiene una idea creada, un estereotipo de que Seguridad Pública no atiende en cobertura, y los policías se han mantenido distantes de la relación con la sociedad… Junto con esta combinación de factores, hay que sumar el que culturalmente haya una transformación desde cómo se instruye y se forma en la escuela a los nuevos ciudadanos”. No terminó ahí la disertación de Sáinz, la cosa era buscar culpables, y, los siguió encontrando: “En segundo término está la influencia y participación de los medios de comunicación. Hay canales (sic, suponemos que quiso decir canales de televisión) culturales y de información que fácilmente ahorran varias de las horas en el salón de clase porque son formativos incluso, pero esto hay que atenderlo desde la familia, porque muchas de las veces los hijos sólo ven programas donde hay y se transmite violencia, lejos de una formación”. ¡Ah, qué fácil se ubicó a los responsables de nuestra tragedia: la escuela, la familia, los medios de comunicación electrónicos y la falta de cercanía de la policía con la sociedad! Pero, quince días después de su toma de posesión como alcalde interino, demostrando que esta administración “está cerrando a tambor batiente”, Sáinz habría de enfrentar otro hecho de sangre: “Dos expolicías preventivos de San Francisco fueron acribillados en la madrugada del sábado 15 de agosto, mientras laboraban como guardias de seguridad de un centro nocturno”. Eso ocurrió horas después de que Víctor Landa Argumedo, primer comandante de San Francisco, fuera asesinado en presencia de cuatro policías, la tarde del viernes 14 de agosto, al encontrarse en una revisión de un vehículo que había si-do reportado como sospechoso. El sicario se acercó al jefe policiaco con aparente tranquilidad, y le soltó tres disparos en la cara. Herido, el comandante corrió hacia su vehículo, y un cuarto disparo lo alcanzó antes de que llegara a aquél. Así, como si nada, y “hecho el trabajo”, el homicida sube a su auto y huye. ¿Qué salida darle a este clima de violencia? Lo más fácil y a la mano: Sáinz, en sintonía con otros actores de la farándula política, “solicitan de nueva cuenta la presencia de un destacamento permanente del Ejército en San Francisco”. ¿Para qué? Para “que vuelva la tranquilidad, la confianza y la mayor protección a los habitantes de San Francisco”. ¿Será?
(Fuentes: Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 7/VIII/09; Jorge Carrasco Araizaga, proceso, no. 1711; Julio Hernández López, La Jornada, 20/VIII/09; Ricardo Ravelo, apro, 17/VIII/09; a.m., agosto 6, 16 y 18, 2009).