El calderonismo ya es un destacado y declarado peligro internacional. El país a la deriva, controlado por cárteles nacionales o sus derivaciones regionales, exporta su producción delictiva y genera preocupación y enojo en gobiernos extranjeros. No son accidentes ni excepciones, sino consecuencias netas del caos que el felipismo ha ido instalando aplicadamente en el país: al norte, los gringos se asustan por la violencia del patio trasero e instalan soldados y barreras mientras analizan las posibilidades de intervenciones armadas o tutelajes rígidos, y los canadienses ponen freno a las facilidades de tránsito de los mexicanos, imponiendo el requisito de la visa para frenar éxodos y abusos; al sur, los centroamericanos comprueban dolorosamente que la tierra mexicana se ha convertido en infierno de mentira, corrupción, impunidad, violencia y muerte, convertidos los migrantes en mercancía disputada por delincuentes formales, policías, agentes y funcionarios de toda índole.
La “guerra” de Calderón contra el narcotráfico provocó tales desajustes y envilecimiento que los factores de una criminalidad largamente circunscrita a su campo natural (el negocio de las drogas, en todas sus variables) hubo de expandirse hacia rubros nunca antes explotados con tanto salvajismo: grupos antaño concentrados en los estupefacientes fueron desplazados por cárteles de favoritismo sexenal y, en una elemental lógica económica de supervivencia, al ser limitados en sus operaciones usuales por el reacomodo dirigido desde las alturas del poder, entraron de lleno a rubros que les permitieran sostener sus ejércitos en campaña permanente. Así fue como los centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos se convirtieron en materia de extorsión despiadada, en un proceso de crueldad creciente que va de la mano del trato dispar en la “guerra” oficial contra las drogas.
2010. 2010 fue el año de la consolidación del baño de sangre como política pública, del horror criminal (destazados, decapitados, colgados, asesinatos masivos) como pedagogía del poder, de la abolición (ya casi sin protestas) de derechos, garantías y legalidad, de las fuerzas armadas (los militares y las policías) como pilares del Estado de excepción sin declaratoria expresa, del Estado fallido que por tanto se encierra en sí mismo y trata de gobernar mediante camarillas mediocres y viciadas, entre visceralidades nocturnas y demagogia matutina.
Asfixiada así la vida cívica, cerrados los caminos a la organización social, controlados los mecanismos de representación política, prostituídas las alternativas electorales mediante las “alianzas” entre PRD y PAN, sometido todo al curso de los humores del bando de Los Pinos, tendida nacionalmente la red militarizada de control social, cada vez más amenazantes y dirigidas las manejables armas del narcotráfico contra la disidencia o la protesta, humeante el caldero grande, 2010 incubó las expectativas negras del 2011, a tal grado que en la administración federal se tienen especiales cuidados en prevención de que en los linderos de uno y otro año pudieran darse expresiones violentas de distinto origen, tanto de cárteles inconformes con el trato desigual que ha acabado privilegiando a ciertos grupos como de organizaciones armadas que creen llegado el momento de impulsar transformaciones violentas.
¿Cuál guerra? El comandante Calderón vuelve a las andadas: retoma el expediente desgastado de los Diálogos por la Seguridad para aparentar que escucha, dialoga y está dispuesto a corregir sus errores, en una sesgada respuesta a las voces que exigen poner un alto al baño de sangre y a la descomposición nacional que ha provocado. “Diálogos” acotados, selectivos, inocuos y propagandísticos mientras, por citar un ejemplo, madres de familia montaban guardia a las afueras de la escuela primaria Maclovio Herrera, de Ciudad Juárez, en prevención de los anunciados ataques de extorsionadores que habían dado de plazo hasta el sábado 15 de enero para que les fueran pagados 13 mil pesos o se atuvieran a sangrientas consecuencias. Desarmadas y con ayuda policial esporádica, las mujeres cuidaron a su leal entender el entorno escolar, sabedoras de que en diciembre pasado fue incendiado un plantel de educación preescolar por no aportar una cuota de cuya imposición las educadoras aseguran nunca haber tenido conocimiento, aunque entre el fuego fue pintada la sentencia condenatoria: “Por no pagar”.
Felipe asido a la tesis peregrina de que va ganando aunque no lo parezca. Felipe que en términos prácticos ha dejado de ocupar el sitial fraudulento de presunto presidente de México para convertirse en jefe de campaña panista en busca de continuidad (sangrienta). Felipe que hace como que dialoga consigo mismo para gobernar por sí mismo: Poder ejecutante que maltrata o desdeña al Legislativo y descalifica y acusa al Judicial. Felipe que sabe que está en las últimas, que su tiempo de poder nefasto se acaba, y que por ello está dispuesto a idear nuevas tretas y maquinar pesadillas que le permitan sostenerse, como de alguna manera amagó el 12 de enero: “Yo tengo prisa en el tema y no quiero dejar las cosas a medias”.
Violencia política temprana. Todo es violencia política ya. Las frases, el tono, el contexto e incluso ciertos encuentros físicos dan cuenta del creciente grado de rispidez de las relaciones entre instituciones y personajes políticos. Presagios preocupantes, pues pareciera estarse desarrollando un libreto de crispación que dañará y condicionará los resultados electorales del año venidero e inclusive podría llegar a obstruirlos o impedir su realización.
El bravucón estelar es Humberto Moreira, el representante del cártel de los gobernadores priístas que apenas fue declarado presidente electo del partido tricolor y comenzó a disparar oratoriamente contra los panistas, en lances que sin duda deben contar con la aprobación de su virtual jefe, el desbordado precandidato Enrique Peña Nieto que finge concordias con el felipismo mientras el mandatario coahuilense con licencia se enzarza en pleitos con los secretarios “montoneros” del gabinete blanquiazul, entre ellos el propio Javier Lozano, que parece tener al fin una contraparte priísta dispuesta al abuso verbal, la etiquetación negativa, el desdén e incluso la recordación del pasado tricolor del funcionario del trabajo que hoy, en aras de ganar puntos en su nueva adscripción partidista, se ha esmerado en descalificar a su anterior capilla. Otro de los secretarios tocados por el fuego verbal de Moreira es Alonso Lujambio, el atildado subsecretario general de Educación Pública (la titularidad verdadera, es decir, la responsabilidad de ejercer la secretaría, ha sido cedida a la profesora Elba Esther Gordillo, que a título de negocio familiar ha impuesto a su yerno como otro de los subsecretarios, ni más ni menos que el de educación básica).
(Tomado de: Julio Hernández López, La Jornada, diciembre 23 y 24, 2010; enero 13 y 14, 2011).
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