Quienes en septiembre de 2005 suscribieron el llamado pacto de Chapultepec aseguraban que era impensable “postergar un acuerdo de unidad nacional que postule el estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo”, porque, coincidían, “sería una irresponsabilidad histórica que profundizaría inequidades y problemas sociales. Estas convicciones son las que nos han reunido ahora”, según el texto respectivo.
Con ese espíritu y entusiasmo, más de 300 grandes empresarios se comprometieron, firmaron y lanzaron el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo (léase el “pacto de Chapultepec”), avalado de inmediato por el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox. Nada raro es que los magnates Forbes de este país agarren el micrófono para exhortar a los empresarios autóctonos a que inviertan y generen empleo en México, con el fin de proteger lo que ellos llaman “los intereses nacionales”.
Lo anterior viene a colación porque dos recientes informaciones confirman la realidad de las cosas, es decir, que de lengua muchos se comen varios platos. La primera: en días pasados se publicó que a lo largo de 2010, un grupo de grandes consorcios mexicanos acumularon inversiones por más de 42 mil millones de dólares en Sudamérica (el doble que un lustro atrás). Entre ellos aparecen Telmex, Grupo Carso, Cemex, el siempre pío Grupo Bimbo, Coca Cola Femsa (que recientemente, y libre de impuestos, vendió su ramo cervecero a la trasnacional Heineken, en 7 mil millones de dólares), Grupo México (el de Pasta de Conchos), Vitro (que en la reciente crisis recibió “apoyos” crediticios de la banca del Estado para evitar problemas financieros), ICA (sempiterna beneficiaria de contratos de obra pública), Protexa (contratista de Pemex, entre otras gracias) y Pinfra (antes Tribasa, que obtuvo jugosas concesiones carreteras, la mayoría de ellas finalmente rescatadas por el erario, aunque conservó la más cara del mundo, la México-Toluca).
La segunda: “por cada dólar de inversión extranjera directa que ingresó al país entre enero y septiembre de 2010, empresarios y particulares mexicanos transfirieron al exterior dos dólares para ser abonados a cuentas bancarias o realizar negocios (fuera de las fronteras nacionales)”, reveló información del Banco de México. Desde que comenzó la administración de Felipe Calderón, la transferencia de recursos (de mexicanos) al exterior, tanto a bancos (foráneos) como para emprender negocios, llegó a 55 mil 503 millones de dólares, según los datos del banco central, una cantidad 266% superior a la que salió del país por los mismos conceptos entre enero de 2001 y septiembre de 2004, el periodo comparable del gobierno de Vicente Fox, que fue de 15 mil 141 millones de dólares. Para efectos comparativos, equivale a poco más de la mitad de la reserva internacional de divisas al cierre de septiembre. Durante 2010, las transferencias a cuentas bancarias del exterior y las realizadas por empresarios mexicanos para emprender o ampliar negocios en otras naciones superaron con amplitud el ingreso de nueva inversión extranjera directa.
Miles de millones de dólares generados en el país, para que se “exporten” y financien jugosos negocios particulares en el extranjero, algo que si bien es legal, resulta totalmente inmoral, especialmente cuando, con todo boato, se firma un “pacto” que entre otras cosas promueve la inversión y el empleo en territorio nacional, y se argumenta que “postergar un acuerdo de unidad nacional (en el sentido referido) sería una irresponsabilidad histórica que profundizaría inequidades y problemas sociales”.
El resultado de ese proceso “exportador” (también reportado en otras naciones de la región) fue bautizado por la Cepal (en 2005, el mismo año de la firma del “pacto de Chapultepec) como “empresas translatinas” (una suerte de trasnacionales regionales, con creciente peso e influencia política y económica). En aquel entonces, 25 de ellas dominaban el mercado latinoamericano, y de ese total, 12 pertenecían a magnates mexicanos.
No hay que esforzarse para saber que los dueños de las “translatinas” son prácticamente los mismos firmantes del citado acuerdo, es decir, aquellos que a poco más de cinco años atrás advertían que “sería una irresponsabilidad histórica” posponer la inversión y la generación de empleo en territorio nacional, porque “profundizaría inequidades y problemas sociales”.
(Texto de Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 31/XII/10).
No hay comentarios:
Publicar un comentario