En abstracto, desde un punto de vista puramente democrático, es positivo buscar fórmulas en las que el derecho a la discrepancia y los derechos de los disidentes tengan cabida en los diferentes sistemas políticos. Es decir, que quienes piensan y sienten diferente o que quienes, directamente, buscan cambiar un sistema dado tengan vías políticas para hacerlo y que los límites que se establezcan a esos cambios sean las dificultades propias de la democracia: lograr el apoyo de una mayoría de la sociedad en la que se desea operar el cambio. Dada la ventaja con la que parte un sistema establecido, siempre y cuando actúe con un mínimo de justicia y equidad respecto a la población en la que pervive, el límite de la voluntad popular parece suficiente como para evitar que los pueblos adopten motu proprio la locura irresponsable o el totalitarismo. Asimismo, evitar los castigos y las penas por causas políticas en cualquiera de los sistemas pasados, vigentes o futuros supondría un avance de dimensiones bíblicas dentro del desarrollo humano.
Desgraciadamente, dejando de lado el mundo abstracto y retornando a las sociedades humanas tal y como son en este momento histórico, la lucha en favor de la democracia sigue estando tan vigente como siempre y ni siquiera en las sociedades más desarrolladas, como pueden ser las situadas al norte de Europa, se ha alcanzado el estadio en el que la disidencia pueda promover un cambio estructural sin ser perseguida policial y judicialmente. La asunción de las políticas y legislaciones “antiterroristas” de la era Bush son un claro ejemplo de ello.
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