Zac Nicté, mujer de 22 años de origen maya, madre de una niña de año y medio y de un niño de cinco años, quien hasta los primeros días de octubre tenía un embarazo de seis meses, sufrió un aborto espontáneo y hoy se encuentra presa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, acusada de aborto y homicidio culposo. La condena: tres décadas de prisión por abortar, algo que reconforta y fortalece la fe de la Iglesia en México.
En abril pasado, Quintana Roo se convirtió en el octavo estado que modificó su Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción (sic). Zac Nicté es la primera víctima de esta reforma. Zac Nicté, víctima de un caso aberrante, digno de Torquemada.
Zac Nicté vivía en el poblado de Los Sabidos, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En días pasados hizo algunos cambios de muebles en su casa, lo cual le causó una hemorragia que le provocó un aborto involuntario.
“Lo raro es que nadie la acusa. El Ministerio Público (MP) está actuando con saña”, dicen defensores de los derechos humanos. El MP tuvo conocimiento de que llegó desangrándose al hospital. A pesar de la hemorragia, fue detenida y se le dictó auto de formal prisión. Apenas el 19 de octubre se le permitió una visita de su madre, quien le llevó medicamentos.
Ella es una mujer de origen humilde y ni siquiera sabía que se había aprobado esa ley. Por el momento, sus hijos se encuentran bajo el cuidado de su abuela.
La muerte materna por aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad de la población femenina del estado. (Texto de Paulina Rivas Ayala, argenpress, 20/X/09).
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