Fuerza e ilegalidad

El atropello contra el SME constituye, a juzgar por los elementos disponibles, un acto de venganza política del calderonismo ante una organización gremial que se ha caracterizado por su independencia, así como el primer capítulo de un proyecto que apunta a desmantelar y privatizar Luz y Fuerza del Centro, en concordancia con los dictados empresariales del momento y con los dogmas económicos que siguen orientando a la administración en curso. Empero, surgen algunas preguntas: ¿Puede ser liquidada por el patrón una empresa pública o privada que tiene un contrato de trabajo con un sindicato? Además, ¿puede, unilateralmente, el Poder Ejecutivo modificar el capítulo del presupuesto del año en curso para liquidar a la compañía, sin autorización del Congreso? Y todavía más: ¿le está permitido disponer de 20 mil millones de pesos del presupuesto federal para el pago de indemnizaciones, como lo anunció, sin autorización del mismo Poder Legislativo?
Luego del asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de la forma subrepticia en que el gobierno federal decretó la extinción de la paraestatal, Felipe Calderón ensayó un intento de justificación, durante un mensaje (octubre 11) en cadena nacional en el que recurrió a argumentos demagógicos (equiparó los recursos absorbidos por la empresa con el gasto que se destina al combate a la pobreza a través del programa Oportunidades) y al chantaje (señaló que para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos). Además insistió en rechazar que con la liquidación de LFC el servicio de luz vaya a privatizarse, y manifestó un insospechado interés en los trabajadores afectados, a los que ofreció respetar plenamente todos sus derechos y prestaciones.
Tales alegatos no alcanzan para ocultar que se trata de una provocación calculada. Los tutores estratégicos de Calderón creen que la debilidad de la izquierda y el clima de linchamiento al SME claramente instruido a los medios oficializados, dejarán el camino abierto a la derecha prianista para la instauración largamente anhelada del Estado policiaco que mediante una represión institucionalizada permita el saqueo secuencial de la riqueza colectiva. El golpe al SME es el golpe político y social más relevante del felipismo: si la izquierda (social, partidista, electoral) es derrotada en este lance, habrán quedado instaladas las condiciones para una nueva era sombría, con supresión cínica o manipulación discrecional de lo que quedara de derechos y libertades, con manipulación televisiva impune y reforzada, privatización descarada y delincuencial de los bienes nacionales y mano dura en el manejo del país doblegado.
No es el SME ni es un problema laboral: es el intento de establecer, usando al devaluado Calderón de parapeto, una tiranía mediática y empresarial. El triple play buscado es éste: des-hacerse de una organización políticamente adversa, abrirle el camino a futuros negocios priva-tizados de amigos, socios y acreedores, y acelerar el proceso de marginación y criminalización de la protesta pública, en especial la relacionada con el lopezobradorismo. Nadie debe engañarse: las historietas cándidas de lo electoral y el 2012 no tendrán sentido si hoy triunfa la intentona fascistoide. La clave del futuro, si se desea que haya futuro, está en la defensa inmediata del SME como derecho de asociación y de Luz y Fuerza del Centro como patrimonio nacional.
Pero Felipe Calderón no la tiene fácil en su nueva aventura bélica. El Sindicato Mexicano de Electricistas no está manco: cuenta con muchos recursos para enfrentar el desafío gubernamental, a pesar de su disidencia interna y de la campaña mediática en su contra. El SME es un organismo gremial con gran experiencia de lucha, tradición y memoria histórica. Nacido en 1914 después de diversos intentos de organización, es el sindicato industrial más antiguo de México. Su presencia nacional es relevante.
El asalto policiaco y militar contra los trabajadores electricistas es un grave retroceso en la precaria vida democrática del país. Establece un precedente nefasto. Pretender resolver por medio de la violencia un conflicto creado por el mismo gobierno nos retrae a las más negras etapas del autoritarismo. A tres años de gobierno, el desgaste de Felipe Calderón es severo. Su última aventura laboral lo profundizará aún más.
Ya desde el último presidente priísta, Ernesto Zedillo, la burguesía y el gobierno habían decidido privatizar la industria eléctrica. La enérgica y militante respuesta del SME desde 1998 se los había impedido. Se constituyó un frente de resistencia contra la privatización que movilizó a cientos de miles, millones de trabajadores y del pueblo en general durante la última década. Fue una batalla que precedió y preparó las grandes jornadas contra la privatización de PEMEX en los años siguientes de 2007 y 2008.
El primer presidente panista, Vicente Fox, a pesar de sus deseos, tampoco pudo realizar esta urgente tarea que el capital de las grandes empresas energéticas exige al gobierno mexicano. Para Calderón, después de más de tres años de gobierno, de fracaso en fracaso, sin poder realmente legitimarse ante las amplias masas nacionales y habiendo sufrido la humillación de las elecciones intermedias de julio pasado en que su partido salió vapuleado, perdiendo millones de votos, llegó la hora de las decisiones duras. Eligió confrontarse con el SME, en un lance preñado de desafíos. El equipo gobernante venía preparando el golpe desde meses antes. La necesidad de actuar para detener su debacle como paria político, ha sido lo que determinó la decisión de Calderón, frente al peligro no sólo de perder ante el PRI, fortalecido en la batalla de imponer un sucesor en las elecciones presidenciales de 2012, sino de aislarse desde hoy de sus apoyos capitalistas que quieren ganancias más concretas en su gobierno.
La extinción de LFC es, por supuesto, un paso en el proceso en marcha hacia la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, que se verá fortalecida con la administración de los haberes de la primera, según el decreto de Calderón. Por más que éste repita que no intenta privatizar la industria, la mentira y el engaño consustanciales en los políticos burgueses apuntan hacia allá. Son los capitalistas los que así lo exigen. Como exigen igualmente que seamos nosotros los trabajadores y nuestras familias las que paguemos la crisis que ellos y su sistema han provocado.
Las corruptas burocracias del otro sindicato electricista, el SUTERM, del SNTE de Elba Esther Gordillo y de los archicorruptos charros del sindicato petrolero, apoyos fundamentales del gobierno, son también sus cómplices en la operación liquidadora del SME. La burguesía quiere que sea el SUTERM, con un contrato colectivo mucho menos favorable para los trabajadores electricistas que el del SME, el que defina las relaciones de trabajo en la industria. El golpe contra el SME busca también fortalecer a los charros como los agentes privilegiados de las políticas patronales en el seno de los trabajadores.
Ciertamente hoy es necesario recurrir a los sectores más amplios. Pero esta es una batalla que se ganará ante todo en las calles, en movilizaciones cada vez más amplias y radicales. Una lucha que deberá ir preparando un GRAN PRIMER PARO NACIONAL EN MEXICO, como la prueba de fuerza capaz de doblegar la soberbia de los pretendidos dueños del país, así como la perfidia de su gobierno panista y sus cómplices priístas. (Fuentes: Editorial, La Jornada, octubre 9 y 12 de 2009; Julio Hernández López, La Jornada, 12/X/09; Enrique Galván Ochoa, La Jornada, 12/X/09; Luis Hernández Navarro, La Jornada, 11/X/09; Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS), 12/X/09).