El licenciado Felipe Calderón ha respondido con un ánimo sujeto a trastorno la solicitud que en pleno ejercicio de sus derechos han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) 23 mil ciudadanos para que se inicie una indagación y eventualmente se castiguen las conductas criminales en que, a título de la masacre conocida como “guerra contra el narcotráfico”, hubieran incurrido tanto el principal demandado, el propio Calderón, como varios de sus principales subordinados a cargo de asuntos de seguridad y el jefe del principal cártel nacional.
En lugar de aceptar de manera irrestricta ese ejercicio ciudadano de derechos, y de prepararse sin mayores aspavientos ni amenazas para responder en los mismos términos jurídicos en el hipotético caso de que la citada Corte aceptara dar curso a la solicitud, el licenciado Calderón ha reaccionado de una manera muy preocupante, que denota el agravamiento en la capacidad de percepción sana de la realidad nacional y muestra de forma categórica un creciente perfil de agresividad, intolerancia y revanchismo de parte de quien el pasado 1º de diciembre cumplió cinco años de haberse alzado con la Presidencia de la República.
El documento que ha hecho aflorar nuevamente la vena autoritaria, con tendencias dictatoriales, del licenciado Calderón, fue presentado el pasado 21 de noviembre por el abogado Netzaí Sandoval en La Haya, la ciudad de los Países Bajos donde está la sede de la Corte Penal Internacional, que se encarga de atender denuncias respecto a crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidios. Ni siquiera es seguro que esa corte abra un expediente sobre la denuncia presentada por mexicanos, e incluso sería un triunfo para esos promoventes que La Haya aceptara establecer un periodo de mera observancia de hechos, sin darle el carácter formal de investigación. Y no es menor el dato de que hasta ahora esa corte, creada en julio de 1998 en Roma, “se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional”, según señaló el jurista John M. Ackerman.
Sin embargo, Calderón ha decidido dar un paso perturbado al pretender castigar a quienes solicitan la intervención de un órgano internacional legitimado por el propio Estado mexicano para que se investigue y castigue, en su caso, la presunta comisión de delitos graves que la institucionalidad nativa no atiende ni resuelve por limitaciones técnicas y políticas. El largo pliego de acusaciones que en forma de comunicado de prensa dio a conocer Los Pinos cierra con un párrafo digno de cualquier antología de las vaporosas dictaduras bananeras que en el continente se han conocido:
“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el hoy exsecretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién?, ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El tamaño del castigo que merecerían los firmantes de esa solicitud ante La Haya puede ser estimado a partir del daño que se habría cometido pues, según ese mismo boletín de prensa con olor a Poiré, es “absurdo” hablar de delitos calderónicos de lesa humanidad, pues “ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”. ¡Chulada de país!
(Texto de Julio Hernández López, La Jornada, 28/XI/11).
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