NACIONAL: Zedillo: inmunidad, no
inocencia
Si
en política la forma es fondo, la solicitud de inmunidad presentada el 6 de
enero por la defensa del ex presidente Ernesto Zedillo ante una corte de
distrito en Connecticut –donde enfrenta una demanda civil por la masacre de
Acteal, ocurrida en diciembre de 1997– muestra el interés del actual profesor de
Yale por desactivar las acusaciones en su contra al recurrir a limitaciones
institucionales de los tribunales estadunidenses, no mediante un claro deslinde
de su responsabilidad en el referido crimen. Días después se supo que desde
noviembre pasado el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), solicitó al Departamento de Estado de Estados
Unidos otorgar inmunidad a Zedillo.
Es
posible que semejante estrategia no resulte del todo inconveniente para los
intereses del ex mandatario. El alegato de los abogados de Zedillo tiene como
precedente la “declaración de interés”, emitida por el gobierno de Washington
en marzo del año pasado, con respecto a la pretensión de llamar a testificar a
Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, por los presuntos vínculos entre su
gobierno y grupos paramilitares del país andino. A petición del gobierno actual
de Bogotá, la administración de Barack Obama “sugirió” que el ex mandatario
colombiano gozaba de inmunidad judicial en Estados Unidos, habida cuenta de que
los señalamientos en su contra se referían a actos cometidos “en su desempeño
oficial como miembro de un gobierno”.
En
primer término, es significativo que los abogados de Zedillo utilicen, como
parte central de su argumentación, un alegato similar al que sustenta la
defensa del ex mandatario colombiano, quien es acusado de encabezar una
presidencia delictiva en el ámbito nacional e internacional –recuérdese, por
ejemplo, la incursión ilegal de las fuerzas colombianas en Sucumbíos, Ecuador,
en marzo de 2008– y cuyos vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares
están ampliamente documentados.
Por
otra parte, sería erróneo inferir, a partir de lo sucedido con Uribe, que la
solicitud de inmunidad presentada por la defensa de Zedillo vaya a ser
respondida en forma favorable, pues uno y otro casos revisten, pese a sus
similitudes, una diferencia fundamental: en el primero, la solicitud de
inmunidad estuvo respaldada por el actual gobierno colombiano; en el segundo,
en cambio, ha quedado de manifiesto que el ex mandatario mexicano se ha vuelto
figura indefendible e indeseable en muchos ámbitos, incluido el de la política
de nuestro país. Con todo, los intereses empresariales y políticos
estadunidenses, a cuya defensa se dedicó el propio Zedillo durante su mandato,
así como la cercanía entre el ex mandatario y el gobierno entonces encabezado
por William Clinton –cuya cónyuge se desempeña actualmente como secretaria de
Estado– hacen aventurado descartar que Ernesto Zedillo pueda verse favorecido,
al igual que Uribe, por una intercesión de la Casa Blanca ante el Poder
Judicial de Estados Unidos.
Mucho
más insostenibles son los señalamientos de la defensa del ex presidente de que
las acusaciones en su contra por la masacre de Acteal “carecen de fundamento” y
de que el hoy acusado “heredó el conflicto en Chiapas del gobierno anterior”.
La responsabilidad de su gobierno en los hechos referidos está debidamente
documentada no sólo en el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para
la Investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, sino también en
documentos oficiales desclasificados por la Agencia de Inteligencia de Defensa
de Estados Unidos, en los que se asienta que el Ejército Mexicano dio “apoyo
directo” a paramilitares en Chiapas como parte de la estrategia
contrainsurgente contra las bases zapatistas, y que aquellas agrupaciones
armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia mexicana durante las
fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, cuando Zedillo detentaba ya la
titularidad del Ejecutivo federal y el cargo de comandante supremo de las
fuerzas armadas.
El
empecinamiento del propio Zedillo por evitar, con un alegato de presunta
inmunidad, el proceso correspondiente, refuerza las sospechas de su
participación en la matanza.
(Editorial de La Jornada, 7/I/12).
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