El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó el 27 de noviembre a Pemex que proporcione información a un particular sobre el destino de los recursos que entrega al Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM), los cuales el año antepasado alcanzaron más de 700 millones de pesos, entre los que se encuentran partidas como aniversario de la expropiación petrolera y desfile del Primero de Mayo, que la paraestatal pretendía mantener reservadas como confidenciales.
Ese mismo día 27, se dio a conocer sobre la erogación por parte del gobierno federal de 525 millones de pesos para sufragar, en condiciones de completa opacidad, actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en diversos puntos de la República. En muchos casos, los recursos fueron entregados a funcionarios públicos y representantes populares sin vinculación formal con el gremio, o bien fueron destinados a actividades no relacionadas con las claves presupuestales correspondientes.
Semejantes concesiones contrastan con la intransigencia y el encarnizamiento de las autoridades, en la presente administración, contra organizaciones gremiales independientes, como los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y Nacional de Trabajadores Mineros (SNTMMSRM), así como contra los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, cuya parálisis, tras la descapitalización de que fue objeto, se ha ido evidenciando como resultado de un designio de altos funcionarios de la administración calderonista.
El mantenimiento, con dinero público, de camarillas sindicales como las que controlan los gremios de maestros y de trabajadores petroleros es uno de los rasgos más exasperantes de la persistencia de la corrupción estructural en el régimen mexicano. Esas transferencias regulares no sólo han permitido a los caciques correspondientes y a sus cortes de incondicionales darse vida principesca en un país azotado por la miseria y el desempleo, sino que han dado margen a la construcción de promontorios de poder que terminan por desafiar a las instituciones y por convertirlas en rehenes de las dirigencias charras, como ocurre con la Secretaría de Educación Pública, y por violentar los fundamentos legales del Estado. Al mismo tiempo, el mantenimiento de las relaciones perversas entre el poder público y esas dirigencias impide el desarrollo de prácticas democráticas en las organizaciones sindicales, hace posible la marginación y la persecución de disidentes y alienta prácticas contrarias a la dignidad y a los derechos ciudadanos de los afiliados.
Tal fenómeno, fraguado durante los gobiernos priístas, ha permanecido inalterado en las administraciones panistas, alcanzando una suerte de resignación cínica: se da por hecho que los cacicazgos sindicales oficialistas intercambian partidas presupuestales por respaldos políticos o sufragios corporativos. En el caso del SNTE, los recursos públicos permitieron incluso la construcción de un partido político –Nueva Alianza–, utilizado como instrumento personal de negociación de Elba Esther Gordillo. Por lo que hace al STPRM, cabe recordar que el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) desvió por medio de esa organización cerca de mil 500 millones de pesos de recursos públicos a la campaña de Francisco Labastida. Los responsables de semejante saqueo al erario permanecieron impunes, merced a presumibles acuerdos de encubrimiento, y en agosto pasado, ante la persistente falta de voluntad de la PGR por esclarecer el peculado, el delito terminó por prescribir.
En suma, el charrismo sindical niega la normalidad democrática que presume buena parte de la clase política, mantiene al país anclado en prácticas políticas mafiosas y constituye un grave obstáculo para el desarrollo.
(Editorial de La Jornada, 28/XI/11).
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