Génesis

EDITORIAL: Desborde social en Bilbo

El 7 de enero, la ciudad de Bilbo –Bilbao, capital de la provincia vasca y territorio histórico de Vizcaya– acogió una gran movilización. No fue una más, sino que pasará a la historia del país. Efectivamente, 120 mil personas hicieron posible una movilización de proporciones colosales. Los intentos previos de intimidación y de manipulación por parte de instancias judiciales y políticas o las provocaciones de la Ertzaintza –la policía de Euskadi– al comienzo de la marcha quedan en meras anécdotas que, en cualquier caso, retratan a sus autores. Pero también será recordada porque permitió visualizar el compromiso de una sociedad en un momento en el que se ve una clara posibilidad, y la determinación de la mayoría de agentes vascos, de cerrar un demasiado largo y doloroso conflicto. La sociedad vasca lo ha percibido y valorado, ha asumido el papel protagonista que le corresponde y exige pasos a quien se resiste a moverse. Además, ha dejado más claro si cabe que la situación de los presos y exiliados vascos se encuentra entre sus principales preocupaciones.

En los dos últimos años se viene destacando la activación social como el factor clave del proceso democrático. Y la sociedad vasca ha respondido positivamente con un nivel de movilización que ha ido in crescendo y que ese día en Bilbo simplemente se desbordó. Los responsables del Estado español sabían que esa manifestación tendría un éxito sin precedentes por las adhesiones recibidas y por la palpable predisposición de los ciudadanos. Pero probablemente desbordó todas sus expectativas. Esa responsabilidad demostrada por los ciudadanos vascos contrasta con la irresponsabilidad de los poderes del Estado, cada día que pasa más en evidencia no sólo ante los ojos de los vascos, sino también de la comunidad internacional.

Ciertamente, el Estado español, independientemente del partido que conforme su gobierno, ha mantenido y mantiene una actitud irresponsable con el único objetivo de retrasar la inevitable confrontación democrática que ha de comenzar tras la resolución definitiva del conflicto, en una situación de normalidad y paz, basada en el respeto de todos los derechos de todos, en la que ningún sufrimiento pueda ser instrumento al servicio de intereses políticos. E irresponsable también porque, cuando por un lado se han dado pasos de calado hacia la necesaria humanización del conflicto, hacia el final de todo sufrimiento y el reconocimiento de todas las víctimas, el Estado se aferra a la utilización de los presos y presas políticos como verdaderos rehenes, a modo de baza a emplear frente a las demandas democráticas mayoritarias en  Euskal  Herria. Y paradójicamente, mientras pretende negar el carácter político de esos presos y exiliados, insiste en confirmar esa naturaleza política con su tratamiento penitenciario de excepción.

Los presos y presas políticos vascos, como agentes de primer orden, no se han quedado al margen del proceso de resolución; al contrario, se han sumado a los movimientos en pos de un escenario exclusiva y plenamente democrático, primero suscribiendo el Acuerdo de Gernika y posteriormente con la iniciativa que facilita los movimientos en aras a terminar con la política penitenciaria de excepción por parte del gobierno de Madrid, decisiones tomadas, por cierto, en pésimas condiciones debido a los lastres e impedimentos de la dispersión.

Para intentar justificar su inmovilismo, el PP, y también el PSOE, se están escudando en el argumento de que no pueden aceptar salidas colectivas. Esa es prácticamente la única vía de escape que han encontrado para no afrontar el fondo del asunto de los presos y presas vascos. Una excusa que, sin embargo, contrasta con el hecho de que son precisamente esos dos partidos los que siempre han aplicado un tratamiento colectivo a este sector: la dispersión, el aislamiento, la llamada “doctrina Parot”...

(Editorial de gara, 8/I/12).