MUNICIPAL: Miseria que crece

La marginación como síndrome tiene múltiples causas, pero es una sintomatología común que se observa en personas marginadas de los centros urbanos. Estrés y neurosis traumática son dos conceptos clave que, desde la sicopatología, permiten explicar el comportamiento de marginados urbanos. Si bien estos individuos se circunscribían a los cinturones de miseria periféricos de las grandes ciudades, en los pasados 30 años el incremento de la pobreza ha crecido de forma alarmante y ahora se ven infiltrados en las manchas urbanas de pueblos y ciudades con cierto grado de industrialización. ¿Con qué palabras describir lo que ha sido la dramática involución de la economía en nuestro país, azotada por las garras del fantasma del neoliberalismo, la corrupción, la violencia sin límite, la descomposición social, la ingobernabilidad reinante en todos estos años y, para colmo de desgracias, la terrible crisis económica que aún no toca fondo? Herederos usufructuarios de desnutrición, depresión, carencias de toda índole y duelos no elaborados, los niños marginados vienen al mundo en condiciones precarias llevadas al extremo: servicios médicos inaccesibles, escasa o nula atención prenatal, alta incidencia de complicaciones peri y transnatales, inadecuado aporte nutricional y, para agravar aún más la situación, llegan a un hogar donde privan el ruido y el hacinamiento. La mayoría de ellos crecen entre una madre deprimida y un padre ausente, o bien alcohólico y violento, condenándolos al grito y al silencio, a la dolorosa experiencia de la marginalidad. El marginado es ese personaje que parece sumergirse cada vez más en las sombras en condiciones de extremo dolor y de un vivir infrahumano, donde desarraigo y falta de pertenencia son las coordenadas de su horizonte. El exilio del marginado es un doble exilio, el de la exclusión por parte de la sociedad a la que arriban, y el otro, que pesa y gravita sobre todos nosotros: el del teatro de la crueldad. Crueldad en la experiencia de la marginalidad, donde todo pareciera situarse en el margen, al margen, en las fronteras, en el exilio, en la exclusión, en la tierra de nadie, en el desarraigo, en la no pertenencia, en el no ha lugar de la ley, en la fragmentación. Inframundo donde los fantasmas danzan en incesante carrusel de escenas grotescas, donde la angustia es el afecto predominante, las pérdidas y los duelos no dan tregua. Gritos y lamentos que emergen desde la oquedad, el vacío y la disonancia. Duelos negros, muy negros. Y así, entre el dolor y el desencuentro el marginado sólo sabe de hambre y miseria. La geografía de la exclusión es contundente. Van algunos números. Los datos del CONEVAL de 2005 señalan que San Francisco es una ciudad con rezagos importantes: a) 6.1% de la población de 15 años o más, es analfabeta; b) 8.79% de la población cuyas edades oscilan de los 6 a 14 años, no va a la escuela; c) 60.16% de la población de 15 años o más no tiene completa su educación básica; d) 47.38% de la población no tiene acceso a los servicios de salud; e) 10.33% de las viviendas habitadas no tienen refrigerador. Es decir, prosperidad para una minoría y desempleo e inseguridad para inmensas mayorías, son dos caras de la llamada estabilidad social. Con un sistema educativo quebrado, es evidente que el peor error del liberalismo ha sido confiar la educación, especialmente en el grado superior, a la empresa privada, y soslayar la responsabilidad del Estado. Pero mientras para los excluidos la vida es un infierno, la cúpula de la burocracia local se deshace en devaneos legaloides y en discursos demagógicos que no hacen sino confirmar lo ya dicho en estas páginas: la ineptitud y la improvisación son el sello de la actual administración pública: a) el alcalde Jaime Verdín, convocó a inicios de marzo a todos los directores de área, para pedirles que por favor no sean gandallas y que si van a rasguñarse algo, lo hagan con total discreción, porque será implacable contra quienes cometan algún robo o fraude; les dijo a los ahí reunidos que, con mucha pena, pero tendrá que darles las gracias y boletinarlos a todas las instancias de gobierno de todos los niveles, para que jamás vuelvan a ser contratados como funcionarios públicos. Por supuesto que los asistentes a tan importante reunión salieron pálidos de terror ante las amenazas proferidas por el alcalde. A partir de ese día, se respira una tranquilizadora honestidad y pulcritud en cada ámbito de la administración; b) cinco días después de la balacera protagonizada por los tripulantes de una motocicleta la noche del 19 de marzo, en contra de jóvenes reunidos en la esquina de las calles Colombia y 5 de Febrero en la colonia Renovación, uno de los llamados “focos rojos” de la ciudad; y 16 días después del lamentable accidente en que perdiera la vida una joven que era transportada por su padre en una motocicleta, en la esquina de los bulevares Josefa O. de Domínguez y Juventino Rosas, miembros del Ejército tomaron por asalto las instalaciones de Seguridad Pública: los policías fueron vergonzosamente “revisados” por la soldadesca. El incapaz director de Seguridad Pública, Héctor Rosiles, responsable de la filtración del video que, circula en cientos y cientos de celulares, en el que se muestra la forma horrible en que la joven perdió la vida, mostró su beneplácito ante tal medida. Por su parte, Jaime Hitler Verdín y su patiño Rodolfo Pinochet Aguirre, expresaron que es “normal” que en “una sociedad democrática como en la que vivimos”, el Ejército se presente y someta a revisión a todo aquel ciudadano o funcionario público con la única y loable finalidad de “generar confianza en el resto de la población”, porque “en lo que se refiere a seguridad, siempre el Municipio (o sea, Hitler Verdín) estará a favor de la tranquilidad de sus habitantes”. ¿Quién habló de la inconstitucionalidad de tal medida? ¿Quién dijo algo sobre la violación a los derechos humanos de quienes fueron ultrajados por la soldaesca?; c) con dedicatoria a José Ángel, quien parece vivir sus últimos días tanto como director del Museo de la Ciudad y como presidente del patronato que rige al Museo, Hitler Verdín, en un ataque de verborrea, declaró que “es necesario modificar la figura jurídica de patronato a consejo”, porque “tanto la población como las autoridades desconocemos quiénes lo integran, cuánto tiempo llevan en sus cargos y cuál es su misión”. Emocionado y con muchas ganas de soltar labia, le dio la puntilla a la “abnegada labor que José Ángel hace por el bien de San Francisco” (Toño Salvador dixit): “San Fran­cis­co re­quie­re es­pa­cios cul­tu­ra­les dig­nos, que permitan dar­le un gi­ro a la his­to­ria y a de­ce­nas de per­so­nas que no quie­ren de­jar que mue­ra la his­to­ria que ha en­mar­ca­do a este munici­pio des­de ha­ce más de 400 años”; d) para que desde temprana edad los niños sepan que así como hay salarios de hambre, también hay becas de hambre, la autoridad responsable, con espíritu pedagógico reconoció que el 20% de los niños que estudian primaria ha desertado por causas que van desde lo económico hasta alimentaria, y para detener esa sangría, ha dispuesto que a los niños de mejor promedio se les asigne una súper beca de 221 pesotes cada bimestre, es decir, 110.50 pesos por mes. ¡Seguro que así se va a detener la deserción escolar!

(Basado en José Cueli, La Jornada, 5/III/10; a.m., marzo 8, 20, 24, 25 y 27 de 2010; El Heraldo de León, 17/III/10).

MUNICIPAL: Privatizar el servicio de limpia

Precisamente privatizar es expoliar no sólo la cosa pública, sino ir en contra de los intereses colectivos. Privatizar es empequeñecer y aun anular al individuo común. La privatización busca diluir la individualidad y la familia natural en un cuerpo o ente jurídico anónimo, en que los dueños del capital, después de haberse apropiado de un servicio que corresponde administrar a la autoridad municipal, desaparecen virtualmente del concierto social para abstenerse de la responsabilidad de dar cuentas a la población. Privatizar es traspasar a manos de pequeños grupos lo que le pertenece a la sociedad. La privatización busca que nuestros depredadores continúen beneficiándose de la cadena trófica del capitalismo, cuya naturaleza es una escalonada antropofagia social en la que unas veces somos los monos de laboratorio, y otras veces somos las ratas de cloaca que se alimentan de lo que tiran los grandes y medianos poseedores. ¿Por qué todo esto? Porque ciertos empresarios han impresionado al primer panista del municipio con la idea de otorgar en concesión el servicio de limpia. De concretarse, la empresa negociará contratos laborales que sustantivamente serán leoninos para el trabajador. Privatizar el servicio de limpia es lo que propone Jaime Verdín, pero todavía falta que los regidores se vayan con la finta y aprueben algo de lo que en el futuro se van a arrepentir. El mejor ejemplo para estar en contra de esa idea es León, ciudad que sufre con el servicio de limpia “concesionado”, por ser ineficiente, por que es caro y por que, a final de cuentas, en caso de un colapso financiero por parte de los concesionarios, será el municipio leonés el que tenga que “salvar” a tales empresas de la quiebra. En San Francisco no queremos que pase algo así. De aprobarse la concesión del servicio de limpia, Jaime Verdín pasará a la historia como el gran privatizador de un servicio que le corresponde brindar al municipio. En todo caso, si lo que se quiere es que las más de cien toneladas diarias de basura sean aprovechadas mediante la separación y procesamiento de la misma, pues que Servicios Públicos Municipales se allegue de la tecnología que ya se utiliza en otros municipios para tales efectos. Además, a) implementar un programa de educación ciudadana para que desde cada hogar se separe la basura, b) abocarse hacia una transformación profunda en el servicio de limpia, c) crear un cuerpo colegiado integrado por personas de probada solvencia moral que atienda las necesidades de mayor prioridad de Servicios Públicos Municipales. Nosotros, por supuesto que nos oponemos a la privatización del servicio de limpia. El alcalde dirá que la privatización del servicio es “conveniente, progresista y de vanguardia”; sin embargo, Verdín piensa como empresario, como un vulgar burgués, y no como un funcionario público comprometido con la sociedad. Es decir, él supone que con la privatización se van a erradicar problemas que tienen que ver con la pepena de basura, con el manejo de la misma y con problemas laborales de quienes trabajan para Servicios Públicos Municipales. Lo que se requiere es erradicar la corrupción y los vicios que por décadas han existido en Servicios Públicos Municipales, comenzando por la destitución de aquellos que se han enquistado en esa dependencia sin tener interés alguno por mejorar el servicio. Por ahí es por donde debe comenzar Jaime Verdín. Aquí cabe recordar lo que menciona Giovanni Sartori en Homo videns, ¿cuál será el destino de una ciudad dejada en manos de la inconsecuencialidad de individuos incapaces de construir un discurso coherente que vaya de las premisas a las consecuencias? Por ello, los que todavía son pensantes –dice Sartori– tienen que denunciar la irresponsabilidad e inconsciencia de las cada vez mayores legiones de vendedores de humo que olvidan que la ciudad en la que vivimos y viviremos no es “naturaleza”, sino que es de cabo a rabo un producto artificial construido por el homo sapiens. Y si hacemos caso a los falsos profetas que nos bombardean con sus mensajes “novedosos y vanguardistas”, llegaremos rápidamente al caos, al arrepentimiento y al repartidero de culpas. ¿Queremos llegar a ese punto?

(Basado en Jaime Richart, argenpress, 11/III/10; a.m., 10/III/10).

MUNICIPAL: Cuando las tensiones incendiaron “La Renova”

A las 6 de la mañana del domingo, la colonia Renovación, en el sureste de la mancha urbana francorrinconesa, se transformó en una sumatoria de absurdos previsibles. Una parejita de adolescentes, de 16 años, que viajaba en una Italika y sin casco, colisionó contra una camioneta Dodge Ram del cuerpo de policía. La chamaca, Yuliana N., murió en el acto. El muchacho, Juan S., falleció cuando llegaba al hospital. Las primeras versiones denunciaban que la moto era perseguida por los policías que intentaban sancionar a los muchachos porque no llevaban casco. Las versiones estuvieron cargadas de coraje y rabia, con motivaciones no muy difíciles de discernir, pero que terminó con el incendio casi total de la patrulla y el ataque con piedras y ladrillos a ambulancias y bomberos. Entre los absurdos a contabilizar figura la destrucción de la principal prueba para encontrar la demandada justicia: la patrulla fue completamente incendiada y los bomberos, impedidos de acceder al lugar, nada pudieron hacer. Fuentes judiciales confiaron a los reporteros de distintos medios que, absurdamente, hasta la tarde de ese fatídico día, los únicos testigos presenciales presentados a declarar desmentían la persecución. Los cargos imputables a los policías, fue el de doble homicidio culposo, que puede agravarse dependiendo de las pruebas que vayan surgiendo de la investigación por parte del agente en turno del Ministerio Público. Los policías fueron detenidos por casi ocho horas y luego liberados. Al medio día, los regidores “de la oposición” pedían la cabeza del director de Seguridad Pública e instaban al alcalde a que tomara medidas respecto de la corporación policiaca o que de plano renunciara. ¿Cómo fue posible semejante tragedia? ¿Cómo es que la mañana del día del accidente, alrededor de las 6, la esquina de las calles 5 de Febrero y Argentina fue escenario de una muchedumbre enardecida? Juan había pasado a buscar a La Yuli por su casa el sábado por la noche, en su motito Italika. Tenía pocos días de haberla comprado en abonos. De allí fueron al cumpleaños de una amiga, una fiesta tranquila, de donde luego, según el relato de sus compañeros, pasó a dejar la moto en la casa de un amigo, fueron a un antro y ya pasada la madrugada volvieron a la casa del amigo en busca de la Italika. Ya montados sobre ella, se dirigieron hacia la casa de Yuliana. En el camino, no está claro si por la calle Argentina o la 5 de Febrero, ocurrió la colisión, a las 6 de la mañana, que finalmente derivó en la muerte de ambos. La Italika embistió o fue embestida por la camioneta Dodge Ram de la Dirección de Seguridad Pública. Ninguno de los jóvenes llevaba casco. En la caída, La Yuli murió al golpear su cabeza contra el pavimento. Juan fue trasladado al hospital y falleció más tarde. A partir de allí se sucedió un cúmulo de versiones a cual más incierta, versiones que fueron inflamando ánimos hasta desatar una muchedumbre enardecida, corta pero violenta. Se juntó gente de San Miguel, de El Puño y El Llano, gente que conocía a La Yuli y a Juan. Se hablaba de una persecución de los policías que intentaban detener a la parejita para sancionarla y retirarle la moto por falta de casco. Incluso un pariente del joven muerto sostuvo públicamente, la tarde de ese día, que había trabajado en Seguridad Pública hacía tres años, y había renunciado por la violencia con la que los empujaban a perseguir a los jóvenes. Se hablaba de que los policías en la persecución habían tocado la rueda trasera de la moto, desestabilizándola. También se dijo que luego de la colisión dieron la vuelta a la manzana, “hicieron como si acabaran de llegar y descubrían a los muchachos ahí tirados, como animales”. Uno de los ministeriales confió a los medios: “el único dato concreto que pudo recoger el agente investigador es el de cuatro testigos que iban en un auto, atrás de la patrulla. Dos de esos testigos no vieron nada porque uno dijo que estaba dormido y el otro no prestó atención. Los otros dos fueron coincidentes en que ‘aparentemente’ la camioneta avanzaba por una calle y la moto por la otra. Lo que se está investigando es si alguno de los dos conductores había violado alguna norma, como la velocidad, por ejemplo. El agente del Ministerio Público ya pidió que se realizaran muestras para los peritajes toxicológicos y de alcohol en sangre. Para los dos conductores, y la jovencita fallecida”. Esto último es una prueba clave, pues determinaría la posible responsabilidad del conductor de la patrulla. La camioneta fue incendiada en reclamo de justicia. El reclamo se extendió lanzando piedras y ladrillos a los vehículos de bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública y Cruz Roja. Un grupo de no menos de cuarenta personas se fueron a las instalaciones de Seguridad Pública a exigir la renuncia de su director, a esa altura ubicado en el ojo de la tormenta tanto como el alcalde Jaime Verdín. Mientras canales de televisión como Televisa y TV Azteca anunciaban un volcán en erupción, con alrededor de quinientas personas levantadas en un reclamo popular, una fuente judicial indicó que “no eran más de 80 personas”. Desde el gobierno estatal, se ordenó el envío de refuerzos policiacos después de que la policía local se viera “desbordada” y los bomberos, imposibilitados por grupos de manifestantes. Más tarde, cuando los ánimos se habían apagado. Verdín respondía en una suerte de conferencia de prensa a las afueras de su bien resguardada residencia, rodeado de guaruras, policías y agentes ministeriales: “Tiene que investigar la justicia”, mientras intentaba apuntalarse contra la acometida de los micrófonos de la TV, que avanzaban con preguntas sobre el estado procesal de los policías, con un insidioso hincapié en que habían sido liberados, mientras en “off” los locutores documentaban el incendio de la patrulla, cuestionaban moralmente el vandalismo del incendio, y lo transformaban en un curioso giro moral de vandalismo justiciero.

(Basado en Horacio Cecchi, página 12, 22/III/10).

ESTATAL: Represión en aumento

En los últimos tres años, 20 estudiantes fueron apresados en el estado de Guanajuato, por delitos contra la salud. Una cifra que se considera ridícula, dado el creciente nivel de consumo que existe entre los jóvenes. Siete de los detenidos cursaban estudios de secundaria, siete preparatoria, cuatro universidad y dos carreras técnicas, revela un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Irapuato es la ciudad con más estudiantes presos por delitos vinculados con las drogas, con un total de cinco entre 2006 y 2009; le sigue León con cuatro casos y Apaseo el Grande con 2. Con un caso aparecen Silao, Acámbaro, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Miguel de Allende, Guanajuato, San José Iturbide, Celaya y Pénjamo. El pasado 25 de marzo, el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, advirtió que las bandas del narcotráfico han empezado a reclutar a estudiantes en actividades de lavado de dinero y venta de drogas. Además, dijo que también recurren a las pandillas para reclutar gente. Con talante fascista, y a pesar de la negativa del gobierno federal de aportar recursos extra, el alcalde leonés Ricardo Sheffield mantiene firme su proyecto de comprar tanquetas para disolver riñas campales de pandillas, un fenómeno social que se ha recrudecido en varios municipios del estado.

“La tanqueta no es para combatir, es para que salgan de las campales, yo no puedo intervenir en las campales con una patrulla porque me la destruyen, entonces no es para atacar, es para defender a los elementos de la Policía, no es más que un carro blindado, no es un tanque de guerra”, aclaró Sheffield. Agregó que el Ayuntamiento leonés hizo ajustes al presupuesto para garantizar la compra de los tanques: “Yo se que no va a haber recursos federales pero también cobramos predial, tenemos otros ingresos de los que podemos disponer, ya el Cabildo tuvo a bien autorizarme seis millones de pesos para la adquisición de las tanquetas, van a costarme menos de eso”. Es decir, Sheffield pretende convertir a León en el laboratorio de la represión, situación que podría ser imitada por otros municipios. Se pretende que las tanquetas tengan cámaras de visión nocturna y monitores internos para que los policías puedan dar seguimiento a lo que ocurre en el exterior. El costo estimado de cada unidad blindada es de un millón y medio de pesos. “Lo que queremos es que sea una tanqueta que pueda entrar a una zona de conflicto y que aunque la apedreen y le den de golpes con fierros y palos, se pueda estar grabando y registrando a los agresores”, dijo el fascista Sheffield. Orgulloso, dijo: “Todas estas tanquetas que vemos en las escenas en Colombia y en Perú, la empresa que las exporta a Centro y Sudamérica es de Guanajuato, y tiene su base en Salamanca”. A esa empresa recurrirá el gobierno leonés para comprar el nuevo equipo antimotines.

(Fuente: a.m., 27/III/10).

NACIONAL: Acuerdos, traiciones y deterioro

En la ríspida polémica entre priístas y panistas que tuvo lugar los días 9 y 10 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados salió a relucir con claridad la descomposición política e institucional imperante en el país. Como botones de muestra de esas expresiones, cabe destacar la defensa formulada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, del acuerdo suscrito el 30 de octubre del año pasado entre ella y el líder nacional del PAN, César Nava. Contrariamente a lo expresado por el panista una semana antes, Paredes señaló que en dicho pacto “no hubo ninguna negociación que vinculara” la aprobación de la Ley de Ingresos 2010, ni que vetara las alianzas políticas entre el PAN y el PRD –si bien en el documento se lee que “las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”–, e indicó que se trató solamente de un “acuerdo de civilidad política”.

Las declaraciones de Paredes, además de un intento por justificar un pacto impresentable y ominoso para la ciudadanía, constituyen una muestra más del deterioro institucional, la cultura del engaño y la descomposición moral que priva en los partidos en general, y en el PRI en particular. Porque, se haya hecho explícita o no en el referido documento, es innegable la connivencia mostrada por legisladores del tricolor y del blanquiazul durante las negociaciones del paquete económico para este año, que concluyó con un alza generalizada de gravámenes para los contribuyentes cautivos: con ello, el PRI falló a una de sus principales promesas de campaña e incurrió, por tanto, en un acto de traición hacia sus votantes.

Por su parte, César Augusto Santiago, también priísta, con el pretexto de pregonar la pertinencia de esa clase de “acuerdos políticos”, lanzó un ataque mayor al titular del Ejecutivo federal: “Gracias a uno de esos acuerdos –dijo– está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”, en referencia a la convalidación, por parte del PRI, del impugnado y dudoso triunfo electoral del michoacano en los comicios de 2006. Pero, al sacar a relucir la falta de legitimidad del gobierno calderonista, implícitamente Santiago descalificó, en conjunto, el proceder de las instituciones –el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– que dieron por buena una elección viciada y cuestionada por un amplio sector de la ciudadanía, así como el nulo compromiso de su propio partido y de Acción Nacional con el postulado fundamental de la democracia: se llega a los puestos de representación popular por medio de sufragios, no de acuerdos secretos.

Desde una perspectiva más general, los penosos desmanes observados en el recinto legislativo de San Lázaro exhiben una institucionalidad política socavada desde adentro y colocada en una nueva escala de descomposición y deterioro por quienes supuestamente debieran resguardarla. Tal descomposición, ciertamente, no se originó ayer, ni se circunscribe únicamente al ámbito del Legislativo; ese proceso se hizo particularmente visible a raíz de los comicios presidenciales de 2006, y al día de hoy afecta por igual al Poder Ejecutivo, a las autoridades electorales, a las instancias de procuración e impartición de justicia y a los órganos autónomos del Estado, por mencionar las instituciones más destacadas.

(Editorial de La Jornada, marzo 10 y 11, 2010).

NACIONAL: Iniciativa patronal

Diputados panistas, todos vinculados al sector privado, presentaron finalmente la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conocida como “iniciativa Lozano”. Se trata de una larga lista de cambios cuya exposición de motivos se centra en la necesidad de reducir derechos laborales para supuestamente lograr mayor inversión y empleo.

La actual iniciativa es producto de una negociación con el viejo y corrupto corporativismo sindical, que a cambio de no sufrir afectación a su privilegiada condición, admite esquemas de flexibilidad unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo, aunque esto implique cancelar su reducido espacio de maniobra frente a la fuerza empresarial.

La llamada “iniciativa Lozano” facilita el despido libre de los trabajadores creando nuevas figuras de contratación temporal, aun tratándose de actividades de carácter permanente; da forma legal a mecanismos de subcontratación hasta ahora prohibidos por la ley; permite a los empresarios correr a los trabajadores incluso sin justificación cuando tengan una antigüedad menor de tres años y, en caso de juicio, pone un límite a los salarios caídos hasta un máximo de seis meses, no importando que el juicio dure cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, facilitando la impunidad patronal. En términos reales, deja a los trabajadores en estado de indefensión.

Esta iniciativa cancela la libertad de asociación en nuestro país, ya que cierra las dos únicas rendijas que permitían subsistir a un reducido número de sindicatos independientes. Nuestro país es el único en el mundo donde los patrones escogen al sindicato para firmar el primer contrato colectivo de trabajo al que estarán obligados a afiliarse los futuros trabajadores. Las únicas opciones para superar esta imposición son intentar cambiar de sindicato o buscar la firma de un contrato colectivo mediante un emplazamiento de huelga; la iniciativa impone obstáculos imposibles de superar para lograr estos fines. Reclama como “requisito de procedibilidad” que los trabajadores antes del juicio desahoguen un procedimiento administrativo registral que los obliga a exhibir los nombres, las firmas y los documentos de los trabajadores inconformes y a obtener la autorización previa de la autoridad registradora, que en el caso de las juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas, ni más ni menos, que por el patrón y el líder sindical a quien pretenden demandar. Estos absurdos requerimientos han sido descalificados en todos los foros académicos e internacionales; sin embargo, la fuerza de los abogados empresariales que quieren consolidar el negocio redondo de los contratos de protección patronal se lograron imponer.

Sin exagerar, se puede afirmar que de aprobarse la “iniciativa Lozano”, se obligará a la acción sindical clandestina, como ha operado en los gobiernos dictatoriales, condición que no sólo lesiona a los trabajadores, sino al propio empresariado, que se verá obligado a negociar con corrientes sindicales que no podrán dar la cara. En otras palabras, será imposible la concertación con transparencia, responsabilidad y buena fe, como es propio de una contratación colectiva moderna.

(Texto de Arturo Alcalde Justiniani, La Jornada, 19/III/10).

INTERNACIONAL: Ratzinger, el protector

Tras la polémica suscitada en las últimas semanas por las acusaciones de abusos sexuales y violencia contra niños en escuelas e internados religiosos en la década de los años ’70 y ’80, que puso en el centro de la disputa a la Iglesia Católica alemana, una nueva denuncia se suma al conflicto. Esta vez roza a la mayor autoridad de la Iglesia: según un influyente diario de Alemania, el papa Benedicto XVI protegió en la década de 1980, cuando era arzobispo de Munich y Freising, a un sacerdote con antecedentes de pederastia, que había sido expulsado por ese motivo de la ciudad de Essen, y lo autorizó a que hiciera labor pastoral en la capital bávara.

Hans Küng, uno de los teólogos más importantes de Europa, acusó al Papa de encubrir a los curas pederastas. Lo hizo mediante un polémico artículo publicado el 12 de marzo en el periódico Süddeutsche Zeitung, donde culpa a Benedicto XVI de tapar los abusos sexuales que se han cometido en las dos últimas décadas y que ahora están minando la autoridad de la Iglesia católica alemana, por los casos de pederastia.

Küng –quien ha escrito medio centenar de libros y recibido más de una docena de doctorados honoris causa– causa inquietud y recelo en el Vaticano a causa de un libro que publicó hace 40 años y donde puso en duda la infalibilidad del Papa. Su “blasfemia” y su posterior lucha a favor de una Iglesia más moderna y abierta a las mujeres despertaron las iras de la Santa Sede, que en 1979 le prohibió que siguiera impartiendo clases de Teología. Como era de esperar, el teólogo de origen suizo de 81 años, se declaró en rebeldía. Siguió de profesor emérito de Teología Ecuménica de la Universidad de Tubinga y nunca dejó de enviar dardos cargados de veneno al entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando ejercía como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hasta el punto de hacerle responsable de la política conservadora que impuso Juan Pablo II.

Küng volvió a las andadas. “La veracidad exige que el hombre que es responsable del encubrimiento a nivel mundial (de los casos de pederastia), concretamente Joseph Ratzinger, admita su propia mea culpa”, dice el teólogo en su artículo titulado “La responsabilidad de Ratzinger”. “Ninguna otra persona en la Iglesia ha tenido sobre su escritorio tantos casos de abusos como él”, añade.

Hans Küng, que no hace mucho se atrevió a pedir la renuncia del Papa por su decisión de levantar la excomunión al obispo Richard Williamson, un famoso negacionista del Holocausto, basa ahora su ataque en la función que desempeñó Benedicto XVI durante 24 años al frente de la Congregación de la Fe. En concreto, se refiere al documento que firmó el 18 de mayo de 2001, donde recuerda a todos los obispos que los casos de abusos sexuales entran dentro de los graves delitos que deben ser sometidos a secreto pontificio y cuya violación se encuentra “bajo castigo eclesiástico”.

Por ello, el teólogo reprocha a Benedicto XVI que, pese a estar al corriente de los abusos ocurridos durante casi un cuarto de siglo, “los intentó encubrir para no dañar la imagen de la Iglesia utilizando para ello la figura del ‘secretum pontificium’”. Küng también insinúa que el Papa ya debía tener conocimiento de esos abusos cuando ejerció, durante ocho años, como profesor de Teología en Ratisbona por su estrecha relación con el director del coro de la catedral, su hermano mayor Georg. “No se trata de simples bofetadas, sino de delitos sexuales”, recalca.

Práctica funesta. Los cinco años de pontificado de Benedicto XVI constituye “una práctica funesta”, a juicio de Küng, quien recomienda al Pontífice que asuma su propia responsabilidad en lugar de lamentar una campaña contra su persona. Las acusaciones del teólogo, quien conoce al actual Papa desde que ambos participaron en el Concilio Vaticano II, no fueron comentadas por la jerarquía católica alemana, pero añadieron combustible al escándalo que está sacudiendo al país y que cada vez más apunta como principal responsable a la orden de Ratzinger de silenciar los abusos.

Este aspecto también fue abordado por el obispo de Tréveris, Stephan Ackermann, quien admitió que la Iglesia católica alemana, en lugar de castigar a los pederastas, había preferido trasladarlos a otro sitio. Pero el obispo exculpó a la institución al señalar que la responsabilidad es de quien ha cometido los delitos. En cambio, Hans Küng reclama también a la Conferencia Episcopal que asuma su responsabilidad, ponga fin al secretismo y colabore con la Justicia para resolver los casos e impedir que se repitan en el futuro.

(Fuentes: página 12, 13/III/10; Enrique Müller, ideal.es, 18/III/10).