NACIONAL: Acuerdos, traiciones y deterioro

En la ríspida polémica entre priístas y panistas que tuvo lugar los días 9 y 10 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados salió a relucir con claridad la descomposición política e institucional imperante en el país. Como botones de muestra de esas expresiones, cabe destacar la defensa formulada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, del acuerdo suscrito el 30 de octubre del año pasado entre ella y el líder nacional del PAN, César Nava. Contrariamente a lo expresado por el panista una semana antes, Paredes señaló que en dicho pacto “no hubo ninguna negociación que vinculara” la aprobación de la Ley de Ingresos 2010, ni que vetara las alianzas políticas entre el PAN y el PRD –si bien en el documento se lee que “las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”–, e indicó que se trató solamente de un “acuerdo de civilidad política”.

Las declaraciones de Paredes, además de un intento por justificar un pacto impresentable y ominoso para la ciudadanía, constituyen una muestra más del deterioro institucional, la cultura del engaño y la descomposición moral que priva en los partidos en general, y en el PRI en particular. Porque, se haya hecho explícita o no en el referido documento, es innegable la connivencia mostrada por legisladores del tricolor y del blanquiazul durante las negociaciones del paquete económico para este año, que concluyó con un alza generalizada de gravámenes para los contribuyentes cautivos: con ello, el PRI falló a una de sus principales promesas de campaña e incurrió, por tanto, en un acto de traición hacia sus votantes.

Por su parte, César Augusto Santiago, también priísta, con el pretexto de pregonar la pertinencia de esa clase de “acuerdos políticos”, lanzó un ataque mayor al titular del Ejecutivo federal: “Gracias a uno de esos acuerdos –dijo– está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”, en referencia a la convalidación, por parte del PRI, del impugnado y dudoso triunfo electoral del michoacano en los comicios de 2006. Pero, al sacar a relucir la falta de legitimidad del gobierno calderonista, implícitamente Santiago descalificó, en conjunto, el proceder de las instituciones –el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– que dieron por buena una elección viciada y cuestionada por un amplio sector de la ciudadanía, así como el nulo compromiso de su propio partido y de Acción Nacional con el postulado fundamental de la democracia: se llega a los puestos de representación popular por medio de sufragios, no de acuerdos secretos.

Desde una perspectiva más general, los penosos desmanes observados en el recinto legislativo de San Lázaro exhiben una institucionalidad política socavada desde adentro y colocada en una nueva escala de descomposición y deterioro por quienes supuestamente debieran resguardarla. Tal descomposición, ciertamente, no se originó ayer, ni se circunscribe únicamente al ámbito del Legislativo; ese proceso se hizo particularmente visible a raíz de los comicios presidenciales de 2006, y al día de hoy afecta por igual al Poder Ejecutivo, a las autoridades electorales, a las instancias de procuración e impartición de justicia y a los órganos autónomos del Estado, por mencionar las instituciones más destacadas.

(Editorial de La Jornada, marzo 10 y 11, 2010).