En los últimos tres años, 20 estudiantes fueron apresados en el estado de Guanajuato, por delitos contra la salud. Una cifra que se considera ridícula, dado el creciente nivel de consumo que existe entre los jóvenes. Siete de los detenidos cursaban estudios de secundaria, siete preparatoria, cuatro universidad y dos carreras técnicas, revela un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Irapuato es la ciudad con más estudiantes presos por delitos vinculados con las drogas, con un total de cinco entre 2006 y 2009; le sigue León con cuatro casos y Apaseo el Grande con 2. Con un caso aparecen Silao, Acámbaro, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Miguel de Allende, Guanajuato, San José Iturbide, Celaya y Pénjamo. El pasado 25 de marzo, el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, advirtió que las bandas del narcotráfico han empezado a reclutar a estudiantes en actividades de lavado de dinero y venta de drogas. Además, dijo que también recurren a las pandillas para reclutar gente. Con talante fascista, y a pesar de la negativa del gobierno federal de aportar recursos extra, el alcalde leonés Ricardo Sheffield mantiene firme su proyecto de comprar tanquetas para disolver riñas campales de pandillas, un fenómeno social que se ha recrudecido en varios municipios del estado.
“La tanqueta no es para combatir, es para que salgan de las campales, yo no puedo intervenir en las campales con una patrulla porque me la destruyen, entonces no es para atacar, es para defender a los elementos de la Policía, no es más que un carro blindado, no es un tanque de guerra”, aclaró Sheffield. Agregó que el Ayuntamiento leonés hizo ajustes al presupuesto para garantizar la compra de los tanques: “Yo se que no va a haber recursos federales pero también cobramos predial, tenemos otros ingresos de los que podemos disponer, ya el Cabildo tuvo a bien autorizarme seis millones de pesos para la adquisición de las tanquetas, van a costarme menos de eso”. Es decir, Sheffield pretende convertir a León en el laboratorio de la represión, situación que podría ser imitada por otros municipios. Se pretende que las tanquetas tengan cámaras de visión nocturna y monitores internos para que los policías puedan dar seguimiento a lo que ocurre en el exterior. El costo estimado de cada unidad blindada es de un millón y medio de pesos. “Lo que queremos es que sea una tanqueta que pueda entrar a una zona de conflicto y que aunque la apedreen y le den de golpes con fierros y palos, se pueda estar grabando y registrando a los agresores”, dijo el fascista Sheffield. Orgulloso, dijo: “Todas estas tanquetas que vemos en las escenas en Colombia y en Perú, la empresa que las exporta a Centro y Sudamérica es de Guanajuato, y tiene su base en Salamanca”. A esa empresa recurrirá el gobierno leonés para comprar el nuevo equipo antimotines.
(Fuente: a.m., 27/III/10).
No hay comentarios:
Publicar un comentario