El
titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, calificó el 16 de abril de “muy
poco responsable y muy poco racional” la decisión de la presidenta argentina,
Cristina Fernández, de enviar al Congreso de su país un proyecto de ley de
expropiación de la empresa petrolera YPF, filial de la transnacional de origen
español Repsol, en un esquema que distribuye la propiedad de la compañía en 51%
para el gobierno federal y el 49% restante para las provincias productoras de
hidrocarburos.
Con
esas palabras altisonantes, contrarias a los usos diplomáticos y notoriamente
improcedentes, Calderón da un paso más en sus expresiones de malestar ante la
actitud soberana del gobierno de Buenos Aires en su confrontación con Repsol.
El
presidente español, Mariano Rajoy, y otros integrantes de su gobierno –que
actúa más como defensor de los intereses empresariales que como representante
de todos los españoles–, han montado en cólera por el ejercicio de soberanía
efectuado por Argentina y que, como parte de sus acciones para impedir la
expropiación, pidieron a Calderón que interviniera en el conflicto.
Hay
que agregar que la administración calderonista ha otorgado a la transnacional
energética contratos multimillonarios que resultan lesivos para el interés
nacional, le ha dado múltiples concesiones para la explotación petrolera, en
contravención de los términos del artículo 27 constitucional; ha involucrado a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en adquisiciones masivas de
electricidad producida por esa y otras corporaciones extranjeras, en detrimento
de los consumidores, y recientemente comprometió a Pemex en la adquisición de
paquetes accionarios de Repsol, adquisición que tuvo visos de ser una suerte de
“rescate” de la empresa, y que generó pérdidas considerables para el erario
mexicano.
Por
último, es deplorable y vergonzoso que el gobierno mexicano, en vez de
comportarse en forma solidaria con una nación hermana, haya optado por
alinearse con el capital transnacional, haya transgredido las formas y las
maneras de la diplomacia y se arriesgue incluso a provocar un incidente
diplomático con tal de cuidar los intereses de un corporativo que tantas
pérdidas ha causado a las finanzas públicas de México.
(Editorial
de La Jornada, 17/IV/12).
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