Muertas, presas o sumisas, parece ser el eslogan político del gobernador Juan Manuel Oliva, adalid de la ultraderecha que pretende crear en Guanajuato el modelo de políticas públicas que una facción del PAN quiere para todo México.
Guanajuato es el estado con el más alto índice de suicidios del país. Cientos de jóvenes se han quitado la vida luego de enfrentarse a relaciones violentas sin salida, a un ambiente sociopolítico represor, persecutorio, que les arrebata alternativas de vida y libertad. El asesinato de homosexuales y la hostilidad en su contra han sido documentados. Coludido con el congreso estatal, el gobierno de Oliva se niega a aprobar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que por decreto federal todos los estados aprobaron. Ser mujer o joven en Guanajuato es un peligro y el estado hace todo para acotar libertades y limitar la educación, con un tinte religioso ortodoxo.
Contraviniendo la norma oficial de la Secretaría de Salud, el gobierno prohibió la venta de anticonceptivos de emergencia en el 2009, promueve la abstinencia, desacredita el uso del condón y de anticonceptivos. El reportaje de Cristina Pérez en El Universal (“Guanajuato: sin derecho a disentir”) revela que en 2007 se registraron 81 mil 103 embarazos adolescentes en Guanajuato, y para 2009 el número ascendió a 97 mil 700. Asegura que 190 mujeres fueron denunciadas por abortar y algunas se encuentran en prisión purgando penas por homicidio, como producto del aborto. Primero les quitan la educación y protección y luego las castigan por no tenerla ni usarla.
Por cada 100 hombres víctimas de violencia masculina hay 545 mujeres. A pesar de las estadísticas el gobierno panista decretó la desaparición de los Centros de Atención a Víctimas bajo el precepto de que las mujeres deben aprender a convivir y evitar el divorcio. Así, el gobierno de Oliva envía el mensaje oficial de que la violencia intrafamiliar es permitida y que los maridos tienen derecho a maltratar a sus parejas impunemente como si se tratase de un asunto privado.
Hace años que la sociedad civil de Guanajuato ha denunciado la creciente represión en el estado que prohijó a Vicente Fox y que cuenta con vehementes representantes de la organización de ultraderecha El Yunque.
La directora del Instituto de la Mujer habló sobre falta de valores morales ejemplificando los males sociales con mujeres que se hacen tatuajes. El gobernador Oliva le respondió, no por defender la libertad de las gobernadas, sino porque sus hijas están tatuadas y aseguró que su prole sí tiene valores. Los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco proyectan, y transforman en norma, una forma de pánico moral religioso trasnochado producto de la ignorancia. Es un falso conservadurismo propio de cacicazgos con una rigidez moral que imponen a la sociedad, pero que ellos no están dispuestos a asumir en lo personal y familiar. México ha reconocido como un problema de salud pública grave el daño causado en mujeres, hombres e infantes por las dinámicas de la violencia dentro del hogar. Oliva y la facción que controla Guanajuato aplican una política regresiva plagada de ilegalidades contra la población, eso es lo verdaderamente inmoral.
¿Presas por abortar? En Guanajuato, desde 2001, los abortos espontáneos por desnutrición o por cualquier otro tipo de limitación física se castigan hasta con 35 años de cárcel. Y los que se realizan en forma voluntaria también. Para los talibanes del Bajío son “homicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”, según el código penal vigente en el estado. O, como lo simplificó el gobernador Oliva en una entrevista publicada por La Jornada, son infanticidios.
Hoy mismo, por esta infame acusación, cinco jóvenes campesinas están presas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, a la salida de la capital de Guanajuato, y una más en el de Valle de Santiago, cerca de Michoacán. Todas purgan condenas de más de un cuarto de siglo de encierro, pero ninguna recibió jamás atención médica, educación en salud reproductiva ni ayuda para evitar, o interrumpir, sus embarazos. Una de ella quedó encinta la cuarta vez que fue violada, sin que la policía que después la detuvo por abortar la protegiera de los machos que la maltrataron por años.
Además de ser víctimas de una injusticia tan atroz como insoportable, todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a los hospitales públicos chorreando sangre y devastadas sicológicamente, se llevaron la misma sorpresa: antes de proceder a curarlas, los médicos que las trataron en las salas de urgencias llamaron a los agentes del Ministerio Público para denunciarlas “in fraganti”.
Las seis pasaron del hospital a la cárcel. Después de ser sentenciadas, algunas apelaron al Tribunal Superior de Justicia, pero por falta de buenos abogados perdieron en segunda instancia y ahora, para elevar su caso a la Suprema Corte –basurero moral de la nación– cada una necesita reunir al menos 500 mil pesos para lograr que un jurista la represente: un sueño imposible, pues sus familiares viven en condiciones de extrema pobreza, y muy de vez en cuando consiguen los 400 pesos que les cuesta ir desde sus comunidades al Cereso de Puentecillas a visitarlas.
(Tomado de Lydia Cacho, El Universal, 19/VII/10; Jaime Avilés, La Jornada, 7/VIII/10).
