No le asisten a Felipe Calderón los dones de la simpatía o el carisma: seco, frecuentemente ceñudo, sombrío en el decir y en sus desplazamientos, voz cascada que de pronto se agrieta aunque sea con brevedad, desafortunado cuando pretende hacer bromas o ser gracioso e incluso cuando expresa preferencias deportivas que suelen acabar pasadas por sal. Pero no son en sí esas características personales las que definirán el saldo histórico de quien hoy ocupa a título de precarista la silla formal de la Presidencia de la República (aunque esas características denotan la esencia: no son accidentales, azarosas o circunstanciales), sino la ausencia patológica de sentido de justicia social y una especie de fascinación perversa por el retorcimiento de las facultades y poderes con que se alzó en 2006, para usarlas expresa y aplicadamente en contra de todo aquello que en su origen, desarrollo o eventual desenlace pueda identificarse con las ideas, causas y resortes sociales y políticos que se le han opuesto en forma abierta desde ese 2006 definitorio o que aun cuando no asuman posiciones partidistas o electorales formen parte de ese amplio universo del México en rebeldía.
Ese Felipe “práctico”, rencoroso y socialmente insensible es el personaje que al estilo de Álvaro Obregón y sus famosos cañonazos monetarios cree posible aparentar evoluciones justicieras, o compensatorias, o apaciguadoras, al ofrecer dinero público a cuenta de muertes y agravios múltiples causados por un sistema político que mediante corrupción e impunidades crea las condiciones para las varias desgracias populares, pero también generados esos males por las elites de “particulares” que gracias a relaciones grupales o familiares reciben concesiones y permisos para hacer “negocio” con lo que debería ser cumplido rigurosamente por el Estado, como es el caso de la atención de infantes que son hijos de personas que aportan cuotas para el funcionamiento de un Seguro Social. Calderón compromete recursos públicos con la esperanza de comprar silencios o cuando menos una suerte de tregua, pero no ejerce ni una pizca del poder que formalmente ostenta para sentar en banquillos judiciales a su adversario Eduardo Bours, a quien no toca por la fuerza económica que representa, ni a sus protegidos facciosos, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ni a los concesionarios favorecidos, entre ellos una familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Una conducta que en público es displicente y, en lo administrativo, belicosa, mantiene el mismo Calderón respecto a otra de sus amargas hechuras: el despido de decenas de miles de trabajadores para dar paso a la asignación de segmentos muy apetitosos del negocio de la fibra óptica a aliados empresariales y políticos (en el caso, Televisa). La resistencia mostrada por el Sindicato Mexicano de Electricistas ha rebasado los límites temporales y de “tolerancia” que ese gobierno entreguista se había puesto, sobre todo si se toma en cuenta la “guerra” mediática de difamaciones enderezada contra un gremio al que igualmente, en el abecé del uso del erario como “mordida” política y social, se le han ofrecido “incentivos” para promover liquidaciones laborales, como si el estricto cumplimiento de lo justo no fuera suficiente y entonces se buscara empujar por necesidad a esos electricistas a una rápida salida que así permitiera consolidar un interés tan especial que requirió “premios” a los agraviados para que cancelaran derechos y ánimos justicieros.
A la palabra. A diferencia del grotesco trato que se dio al cadáver de Arturo Beltrán Leyva, los restos mortales de quien oficialmente ha sido identificado como Ignacio Coronel Villarreal han sido exentos de cualquier tipo de escrutinio público. Ni una sola fotografía del cuerpo o del campo de acción. Nada que complemente o consolide la rígida información militar o las pálidas diligencias civiles concurrentes. Control tan cerrado que los propios familiares debieron acreditar puntualmente su condición –lo que es explicable– para recibir con morosidad esos restos. Todo en medio de tales circunstancias restrictivas que la imaginación popular ha creído encontrar asideros para tejer historias de suplantaciones, dudar de los partes oficiales y poner sobre el tapete de la especulación politizada las razones y las circunstancias de la acometida militar en la colonia tapatía Colinas de San Javier, relativamente silenciosa e incruenta si se le compara con la batalla librada por marinos en Cuernavaca para abatir al llamado jefe de jefes.
En el caso del llamado Ignacio Coronel se advierten trazos y perfiles preocupantes. Al igual que sucedió con el difunto Beltrán Leyva, en Guadalajara fueron muertos tanto el máximo jefe occidental del narcotráfico como un sobrino que presuntamente, sin que hubiera más respaldo a esa tesis que la palabra expresada en boletín oficial, estaría en lista de sucesión del familiar caído. Muertos, no capturados ni sujetos a procesos penales. Fallecidos por su culpa, pues habrían intentado oponerse violentamente a los cercos militares instaurados y habrían dado motivo para una legítima reacción defensiva. En el caso de Ignacio Coronel habría muerto el jefe castrense que había conminado al delincuente a entregarse.
Otro punto de discusión se centra en la verdadera relación que sostenía el citado Coronel con el cártel de Sinaloa, del que sería el representante regional con sede en Guadalajara, según las versiones generalizadas que, sin embargo, han ido abriendo paso a los señalamientos de que en realidad el gerente occidental estaba en vías de independizarse y que ello le convertía en un adversario del jefe máximo, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, quien habría recibido así más una ayuda que un agravio, lo que iría en contra de la muy impulsada propaganda gubernamental que trata de caracterizar lo sucedido en la capital jalisciense como una demostración de que en México no hay cárteles protegidos del gobierno y que los golpes importantes se dan por parejo.
Parábola de la represión. Yal segundo día del diálogo prometido, el Señor de Los Pinos se dio cuenta de que tanto alegato era malo y dijo que seguiría parlando pero que no frenaría su ministerio bélico. Y viendo que los partidos y los políticos no le hacían caso en su predicación que buscaba convertirlos a la religión guerrera contra el narco (Pare de traficar), San Felipe del Sagrado Corazón de Jesús les recordó preventivamente la parábola del banquete de bodas, advirtiendo a los fariseos y mercaderes de la política que los podría expulsar del templo de la representación popular si no se unen con oportunidad y buen talante a la Palabra verdadera (es decir, la suya, la del iluminado Calderón: el Mesías antinarco), pues tiempo ha llegado en que no estará más en espera de que se decidan a actuar y participar conforme a los evangelios castrenses anunciados en diciembre de 2006, y a partir de la fecha se les notifica que el catecismo de Los Pinos comenzará a aplicarse imperativamente, aunque nomás sea con el apoyo del bendito pueblo por sí mismo, por la sociedad bien amada a la que los pérfidos politiqueros nomás no saben interpretar y complacer.
Felipe de mecha corta que no aguantó más que un día de diálogos para precisar el verdadero alcance de esos ejercicios de utilería: digan lo que digan, haiga de ser como haiga de ser, él no va a frenar el curso bélico de las acciones contra el narcotráfico. Enfático, rozando el enojo pleno, defendió su visión militar y casi acusó de traición a la Patria a los malos ciudadanos que se atreven a sugerir un alto en la estrategia federal que ha provocado 28 mil muertos, según el supuestamente bien informado Cisen. Hepáticamente encarrerado, exigió a los ciudadanos que se conviertan en coadyuvantes en la lucha contra el crimen; sociedad desorganizada que debe formar filas en posición de firmes y blandir cuando menos el arma de la denuncia anónima para combatir a quienes sí tienen muy buen ordenamiento para delinquir. El gobierno no lo puede todo (nomás, por ejemplo, declarar hostilidades al aventón, que han fracasado y tienen al país sumido en la sangre y el horror), así es que el nuevo Himno Nacional Calderoniano incluye la pretensión, oh Patria querida, de que la guerra contra el narco un agente encubierto y gratuito en cada ciudadano te dio.
(Tomado de: Julio Hernández López, La Jornada, julio 21, agosto 3 y 5, 2010).
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