Tras
la aprobación por el parlamento griego de un plan de austeridad que golpeará
severamente a la de por sí depauperada población, Atenas fue escenario de
violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, con un
saldo de más de un centenar de heridos, 130 detenidos, 50 edificios incendiados
y más de 150 tiendas saqueadas. La violenta reacción social se extendió a
Tesalónica, Corfú y Creta, entre otras localidades, y el escenario
institucional exhibe una abierta fractura entre la mayor parte de la clase
política y la ciudadanía.
No
es para menos: lo aprobado por el Legislativo incluye el recorte de 15 mil
plazas en el sector público, la flexibilización de las leyes laborales en
perjuicio de los trabajadores y una reducción del salario mínimo de 751 a 600
euros (12 mil 637 y 10 mil 96 pesos, respectivamente).
La
división alcanzó a los partidos más importantes, el Socialista Panhelénico
(Pasok) y la coalición derechista Nueva Democracia, los cuales anunciaron la
expulsión de los legisladores que rechazaron el plan de austeridad, 22 del
Pasok y 21 de Nueva Democracia. Ello implica una reducción significativa de la
coalición gobernante, la cual hace unos días tenía un holgado respaldo de 252
de los 300 diputados y ahora dispone sólo de 198.
En
tal circunstancia, la nación mediterránea habrá de atravesar por un escenario
político incierto y ominoso de aquí a las elecciones anticipadas, previstas
para abril próximo.
La
imposición del paquete de medidas de choque exigidas por la Unión Europea para
evitar la moratoria de pagos de Grecia, la expulsión del país de la eurozona y
el otorgamiento de un crédito por 130 mil millones de euros es la culminación
de una ofensiva sistemática y permanente contra la economía de la población,
ofensiva que ya en 2008 provocó severos disturbios.
No
es el único caso en Europa: las economías de España, Italia, Portugal y Francia
siguen un curso de zozobra no tan pronunciado, pero similar, en esencia, a lo
que ocurre en Grecia. La ofensiva del capital contra la gente se agudiza en
tiempos de crisis, y con ello se vulnera la estabilidad, la gobernabilidad y la
seguridad de los países. Así ha ocurrido en México, donde desde hace tres
décadas los gobiernos han obligado a la población a cargar con los costos de
las sucesivas turbulencias financieras, tanto exógenas como endógenas, con lo
que eso significa: eliminación de empleos, congelamientos salariales que
equivalen a reducciones netas, afectación de los programas agrarios,
alimentarios, de salud, de vivienda, de educación y de cultura.
(Editorial
de La Jornada, 14/II/12).
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