La
aprobación unánime en el Senado de la República de la Ley de Registro Nacional
de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas, responde parcialmente al clamor
nacional e internacional por un drama nacional que ha sido tan persistente como
su negación o minimización por los sucesivos gobiernos federales, desde el de
Luis Echeverría (1970-1976) hasta el presente.
Dentro
del contexto de la ley recién aprobada está la presentación del informe del
Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en el
que se esboza un panorama aterrador sobre la fragilidad y vulnerabilidad en que
se encuentran, en México, los derechos a la vida y a la libertad, a
consecuencia de la estrategia de seguridad aplicada desde finales de 2006 por
el actual gobierno.
En
el contexto de esa guerra, declarada por Calderón, se desarrolla otra, a la que
el organismo internacional califica de guerra
sucia por las pautas regulares de violación a los derechos humanos por las
dependencias involucradas, en especial “desapariciones forzadas llevadas a cabo
por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo
directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
En
otras palabras, el país ha experimentado, durante la administración
calderonista, una regresión a los años 70 y 80 del siglo pasado. Cuando en ese
entonces las desapariciones fueron operadas por dependencias civiles y
militares y las víctimas fueron, en su mayoría, opositores políticos,
activistas sindicales y agrarios e integrantes de organizaciones armadas. El
documento del grupo de trabajo de la ONU señala que entre los sectores de
“particular vulnerabilidad” se encuentran hoy día “mujeres, migrantes,
defensores de derechos humanos y periodistas”.
Lo
anterior no sólo contradice a la inverosímil versión oficial según la cual casi
todas las víctimas de esta guerra son “delincuentes que se matan entre ellos”,
sino que pone de manifiesto el paradójico y exasperante marco de ilegalidad que
reviste, con frecuencia, el pretendido empeño oficial por restaurar el estado
de derecho.
Nada
de lo señalado en el documento de la ONU es, en estricto sentido, una
revelación o una novedad; lo nuevo es, simplemente, que una institución
internacional retome y suscriba los señalamientos que diversos organismos
civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han venido
realizando en torno a la guerra sucia perpetrada por Calderón a través de “su”
política antidelictiva.
La
actual “estrategia de seguridad pública”, por su propia naturaleza, genera
márgenes para el atropello y la barbarie por parte de las fuerzas públicas,
tanto civiles como militares; por lo que urge instituir mecanismos que permitan
atenuar en alguna medida el sufrimiento de la población en las zonas afectadas
por las confrontaciones armadas, y que el Registro Nacional de Datos, Personas
Extraviadas o Desaparecidas es dolorosamente necesario, no sólo para auxiliar a
las víctimas y a sus familias, así sea por la vía de la documentación, sino
también para registrar excesos y crímenes perpetrados desde el poder público o
con complicidad de alguna de sus instancias. Porque, más temprano que tarde,
las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la actual guerra
contra la delincuencia deberán ser investigadas y sancionadas conforme a
derecho.
(Basado
en Editorial de La Jornada,
7/III/12).
No hay comentarios:
Publicar un comentario