La propuesta calderonista de nuevo código de procedimientos penales forma parte del rediseño autoritario que el asediado ocupante de Los Pinos quiere instalar en el país justamente en el tramo delicado en que la opción electoral de relevo del poder y la continuidad institucional están bajo fuego (literalmente) y cuando avanzan planes cupulares retorcidos que requieren de la disponibilidad discrecional de mayor fuerza represiva legalizada para enfrentar oposiciones previstas.
Los años de terror y sangre han sido un cruento ejercicio preparatorio para abrir paso a la conformación de un estado policiaco-militar que por necesidad de supervivencia no puede depender de vaivenes electorales o veleidades partidistas. Durante el priismo se desarrolló la tesis del fraude patriótico que justificaba la delincuencia electoral en razón de cerrar el paso a la derecha reaccionaria y antipopular; ahora está en curso la tesis de la represión patriótica, que justifica la funeraria limpia social de presuntos delincuentes, la imposición de virtuales estados de sitio, el control de la colectividad mediante el mecanismo fabricable a conveniencia de las denuncias anónimas y la sujeción ostentosa del ciudadano a las nuevas reglas jurídicas que consistirían simplemente en la conversión del ánimo policiaco y militar en motivo de allanamientos, detenciones y encarcelamientos a gusto de la autoridad ejecutora.
El código Gestapo que Calderón impulsa constituye la máxima confesión pública de intencional atropellamiento de la letra constitucional y de imposición de criterios y procedimientos dictatoriales. En una sociedad que no estuviera anestesiada, como la mexicana, esas revelaciones crudas del ánimo verdadero que mueve al personaje encaramado en el máximo poder generarían protestas y movilizaciones. Abiertamente, sin tapujos, Felipe Calderón confirma su condición de comandante deseoso de redadas, castigos y mano durísima. El disparate procesal penal no es una excepción, sino que forma parte del conjunto de normas con que a fin de sexenio se pretende blindar el comandante feliz y, de serle posible, forzar la instalación de un paniaguado sucesor aborregado, haiga de ser como haiga de ser, e instalar, de esa u otra forma peor, un control transexenal fundado en el poder de las armas y su utilización politizada.
Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el comandante feliz busca formalizar los movimientos de tropas que actualmente realiza, y trata de contar con autorización plena para decretar personalmente estados de excepción. Con el código Gestapo se tendría la libertad absoluta de activar los mecanismos policiacos y judiciales contra cualquiera y por cualquier razón. Ni siquiera estamos frente a ingeniosas novedades, sino frente a simples trámites legislativos en busca de consolidar lo que ya existe. Los militares y Calderón ya hacen lo que ahora buscan reglamentar con la LSN. La policía y los soldados ya actúan como el nuevo código les permitiría. Simplemente hay que darle formalidad a lo que ya es la diaria realidad.
(Texto de Julio Hernández López, La Jornada, 23/IX/11).
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