Con el ataque perpetrado el 25 de agosto contra una casa de apuestas en Monterrey, Nuevo León, cuyo saldo ascendió a cincuenta y dos muertos y decenas de heridos, el país parece ubicarse en un nuevo peldaño de violencia y barbarie en el que las acciones atribuidas a la delincuencia organizada tienen el inocultable fin de crear estados de pánico y zozobra colectivos entre la población. En la misma lógica pueden inscribirse la balacera del sábado 20 de agosto en el estadio Territorio Santos de Torreón, Coahuila, donde se disputaba un partido de futbol, así como el asalto que tuvo lugar un día después en la Plaza las Américas de Morelia, Michoacán, sucesos ambos que se saldaron sin bajas civiles y sin arrestos, pese a ocurrir en ciudades con amplia presencia de efectivos policiales y militares.
En conjunto, estos episodios alimentan en la población una percepción de total orfandad y ponen en evidencia la dislocación del discurso oficial respecto de la realidad: a contrapelo de los tradicionales posicionamientos oficiales en el sentido de que se derrotará a los grupos criminales, los delincuentes pagarán sus crímenes, se restablecerá el estado de derecho y otros semejantes, es inevitable que los ciudadanos vean, a partir de episodios como los referidos, la manifiesta inoperancia de la política de seguridad y combate a la delincuencia en curso, así como la inutilidad de los aparatosos operativos policiaco-militares puestos en marcha por el gobierno federal en todo el territorio.
Hasta donde puede verse, ya no se trata sólo de disputas territoriales, venganzas y ajustes de cuentas en el seno de la delincuencia organizada, así como de enfrentamientos entre ésta y los elementos de la fuerza pública federal. Más bien, estamos colocados en otra dimensión: la puesta en marcha de operativos orientados principalmente a crear terror y alarma entre la población, y a la posibilidad de que el descontrol, la zozobra, el desgarramiento del tejido social y la pérdida abismal de paz pública no sólo sean consecuencia de la ineptitud en la aplicación de una política de seguridad o el mal diseño de ésta, sino también síntomas del éxito de un designio desestabilizador.
Un “doliente” Felipe Calderón ante tal tragedia, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra la casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.
Además, un efecto colateral del atentado ha sido poner al descubierto la irregularidad y opacidad con que operan las casas de apuestas en México, y particularmente en Monterrey. Es importante recordar que nuestro país se caracterizó históricamente por ostentar una normatividad estricta respecto de la operación de centros de apuestas. Desde que en 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas prohibió las casas de juego –con el fin de evitar el surgimiento de efectos sociales y económicos perniciosos, pero también por considerarlas espacios proclives para el surgimiento de la corrupción y para la operación de las mafias–, las sucesivas administraciones mantuvieron esa política de proscripción durante casi siete décadas a pesar de los numerosos intentos de grupos políticos y empresariales por derogarla. Fue hasta la administración de Vicente Fox, y a instancias de un reglamento de ley publicado por la Secretaría de Gobernación en la gestión de Santiago Creel, que se potenció un tremendo crecimiento de la industria de juegos de azar. Ahora, ¿las autoridades darán marcha atrás en lo que a todas luces fue un error histórico y revertir las prácticas que permitieron la anarquía imperante en ese rubro? ¿No sería esa medida una acción mucho más efectiva para combatir al crimen organizado que los aparatosos e inútiles, despliegues policiaco-militares en el territorio?
Mención aparte merecen los señalamientos formulados un día después por Felipe Calderón, durante el mensaje en que fijó la postura de su gobierno respecto de la tragedia en el casino Royale. En dicha alocución, intentó lucrar políticamente con el dolor de medio centenar de familias y de todo el país: su declaratoria de luto nacional –emitida con una premura que no ha sido mostrada por el propio gobierno federal ante acontecimientos igualmente trágicos y lamentables, como el incendio en la guardería ABC– y del intento por impulsar, a partir de estos trágicos acontecimientos, la aprobación de la controvertida ley de seguridad nacional, que podría, de pasar en el Congreso como está proyectada, poner a nuestro pobre y sacudido país en el umbral de un régimen autoritario.
Enrique Galván Ochoa (La Jornada, 29/VIII/11), con la agudeza que lo caracteriza, escribe: “A veces resulta sugerente escribir una línea de puntitos entre sucesos aparentemente desconectados. 2001: En los primeros días del gobierno de Fox se fuga de la cárcel El Chapo. 2004: Fox permite abrir casinos. 2011: Fox propone tregua con mafias, legalizar drogas y amnistía a los responsables de más de 50 mil ejecuciones –incluyendo las que ocurrieron en su sexenio–. Dejo a su reflexión esta pregunta: ¿a qué intereses sirve el ex presidente?”.
(Editorial de La Jornada, agosto 26 y 27, 2011).
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