El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 10 de marzo un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el que se busca modernizar esa legislación, vigente desde 1970. Aunque en la exposición de motivos se asienta que el propósito de la reforma es generar más empleos sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores y sin vulnerar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución, la propuesta priísta reviste aspectos sumamente ventajosos para los patrones y lesivos para los asalariados: entre otras cosas, abarata la mano de obra mediante la instauración de los contratos de prueba y la regulación de la subcontratación o outsourcing; facilita los despidos y prevé la notificación de éstos a las juntas de conciliación antes que a los propios empleados, restringe el derecho de huelga y mantiene intactos los mecanismos en que sustentan el control verticalista, opaco y mafioso del charrismo sindical.
Si se toma en cuenta que la iniciativa priísta tiene el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial –el cual, a decir de la coordinación del tricolor en San Lázaro, contribuyó en la elaboración del documento– es inevitable suponer que el proyecto presentado es producto de una negociación entre las corporaciones sindicales priístas y el organismo cúpula de los empresarios. Los términos de ese canje están a la vista: el avance en la añeja pretensión de la patronal de flexibilizar en su favor el marco legal vigente en materia laboral a cambio de la preservación de privilegios y condiciones que se han traducido históricamente en prebendas, impunidades y tajadas de poder para las dirigencias gremiales del PRI.
En marzo de 2010, la bancada del PAN hizo un planteamiento similar; por ello es que, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, saludó la iniciativa priísta y dijo que tiene muchas coincidencias con la presentada por su partido. Así pues, el PRIAN se erige en defensor de un proyecto de reforma laboral contrario a los trabajadores y al mandato constitucional en la materia, y en el que se integran los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y del autoritarismo político.
Lo que se espera es un mayor deterioro de las condiciones de vida de los asalariados, en la falta de empleo formal, en la precarización de las condiciones laborales y en una injusta contención salarial –pactada, por cierto, con el aval de las organizaciones obreras oficialistas y de las cúpulas empresariales–, pero también en una ofensiva recurrente contra expresiones sindicales críticas e independientes.
(Editorial de La Jornada, 11/III/11).
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