EDITORIAL: Calderón, a juicio

En una guerra existen protocolos para actuar, para el trato a los rehenes, para el trato a la prensa, existe, en suma, la Convención de Ginebra que marca la ruta para que uno y otro bandos actúen y tomen decisiones, y existe también La Haya para juzgar a quienes se considere criminales de guerra.

En México existe una guerra de un gobierno contra un sector de la población: los que forman parte del “crimen organizado”. Hubo una declaración unilateral anunciada el 6 de diciembre del 2006, pero lo que nunca existió fueron los protocolos que permitieran juzgar a quien, en nombre de esta guerra, cometiera abusos, violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos.

Si el gobierno federal vive en la indiferencia del clamor de la gente que pide a gritos un cambio en la estrategia anti-crimen, en el Poder Legislativo se vive, sin atreverse a aceptarlo, una complicidad. Así fue desde el momento mismo en que permitieron a Felipe Calderón protestar como presidente de la República. Por el bien de la nación, de las instituciones, dijeron los priistas aquel diciembre de 2006; hoy, por esa misma razón, por el bien de la nación, debieran destituirlo y llevarlo a juicio.

EDITORIAL: Calderón, el genocida

El 6 de diciembre del 2006, Felipe Calderón decidió sacar al Ejército de sus cuarteles y dijo que habría bajas, que cuatro años más tarde recibieron el mote de “daños colaterales”, pero lo que nunca dijo fue cómo evitarlos o quién juzgaría a aquellos que cometieran abusos.

Dejó, por ejemplo, que el Ejército se siga escudando en el fuero militar para que los atropellos de éstos no fueran juzgados. No hizo nada por profesionalizar a los policías federales de Genaro García Luna y sí, en cambio, ha dejado que el titular de la SSP federal siga actuando a pesar de los señalamientos en su contra.

El problema no es que se combata al crimen organizado, sino que, la forma de hacerlo no ha traído nada bueno y, lo peor, no ha disminuido la narcoviolencia. A García Luna se lo repiten legisladores de todos los partidos cada vez que acude a la Cámara de Diputados, pero por otro lado los mismos legisladores no hacen nada para detener el baño de sangre en México.

La pregunta es, ¿existen averiguaciones previas derivadas de los 35 mil muertos que lleva esta “guerra” de Calderón? Por supuesto que muchos de los fallecidos han tenido participación en el crimen organizado, pero otros no, pero también han formado parte de esta masacre. Y como prueba están los más de 140 muertos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Quién los asesinó, el crimen organizado, las policías, el Ejército, el Poder Legislativo, el Presidente de la República, quién?

Los legisladores se la pasan discutiendo asuntos menores frente a lo que vive el país. No se preguntan, por ejemplo, qué hacer, cómo ayudar a los 15 mil niños huérfanos que ha dejado esta guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. No se atreven siquiera a preguntarse cómo evitarán que el rencor de los vivos, que sufrieron alguna pérdida, los lleve a delinquir, a odiar, a golpear, a ver la violencia como algo natural y, por tanto, a reproducirla.

Piensan, quizá, que esta realidad nunca los alcanzará; pero un niño de 10 años al que en el 2000 le mataron a sus padres, ya sea por el fuego cruzado o porque formaban parte del crimen organizado, porque fueron “daño colateral”, porque eran policías que combatían a “los malos” o porque sus padres eran militares y cumplían órdenes del jefe supremo de la Fuerzas Armadas, contará al finalizar este sangriento sexenio con 16 años. Quizá mañana ese niño, hoy huérfano, sea su verdugo.

Legisladores y gobernantes sólo piensan en el 2012, en quién ocupará la silla presidencial. Pero ese año, quien gane, tendrá que lidiar con el odio y rencor que este gobierno ha hecho recrudecer, y se enfrentará con miles de jóvenes que están creciendo en una sociedad vejada.

Quizá mañana quieran llevar a juicio a los militares de este sexenio, quizá quieran llevar a la cárcel a cientos de policías que en medio de esta guerra han abusado del poder y violentado las garantías individuales de cientos de mexicanos. Pero hoy, ¿por qué no obligar al gobierno federal a detener este baño de sangre?

Porque, esto ya es enfermizo: las imágenes son terribles, atroces: cadáveres amontonados, cuerpos mutilados y torturados de cientos de mexicanos abandonados en fosas clandestinas. Se parecen a las que se descubrieron en Chile, Argentina, Guatemala y demás países centro y sudamericanos al final de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Eran las víctimas de la violencia del Estado contra sus disidentes. Son las mismas imágenes que dejaron la guerra nacionalista en la antigua Yugoslavia y la guerra tribal en Ruanda, en los años noventa. Ahora, desde San Fernando, Tamaulipas, México da al mundo el mismo espectáculo fiero, inhumano. No es la primera vez, ni será la última, para vergüenza de un país sumido en una irracional guerra contra el narcotráfico.

Hoy la violencia pende sobre cada mexicano. Nadie se salva. A cualquiera le puede pasar. Ya no es estar en el momento y en el lugar inadecuados. Todo México, en cualquier momento, es propicio para la muerte. Ya por un choque entre narcotraficantes, ya por la acción de las fuerzas federales, policiales y militares, ya por la fuerza que hace tiempo dejó de ser monopolio del Estado mexicano.

Por eso las tumbas clandestinas brotan en cualquier punto del territorio. El horror es el signo del tiempo mexicano que ahora dejamos como testimonio al mundo.

(Basado en: Jesusa Cervantes, proceso.com, 8/IV/11; Jorge Carrasco Araizaga, proceso.com, 18/IV/11).