Hace 26 años, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, la ofensiva de EU contra México fue implacable: utilizó a la prensa, presionó política y diplomáticamente y, en franca violación del territorio, secuestró a algunos supuestos culpables y se los llevó para presentarlos ante sus tribunales.
Camarena hacía lo mismo que Jaime Zapata, el agente del servicio de Control Migratorio y de Aduanas (ICE) asesinado el 15 de febrero en San Luis Potosí –según la información oficial– por Los Zetas. Ambos se movían por el país como si estuvieran en el suyo, con la complacencia de las autoridades, para investigar y surtir de información a sus agencias para “combatir” el narcotráfico en México.
Respaldado por EU ante su orfandad política, Calderón hizo suya la Iniciativa Mérida y a cambio de mil 400 millones de dólares en especie –aún no entregados en su totalidad– cedió a las peticiones de Washington: asumir como propia la “guerra al narcotráfico”, involucrar de lleno a las Fuerzas Armadas –que deben informar a Washington sobre el uso de la “ayuda”– y permitir la operación de más servicios de inteligencia estadunidenses en México, sobre todo del Pentágono, que ya opera desde la Ciudad de México con autorización oficial.
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