El anuncio de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) duplicará el número de agentes desplegados en nuestro país provocó rechazo y cuestionamientos de las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado, incluido el partido en el poder. El denominador común en los señalamientos de los legisladores es la necesidad de que el gobierno calderonista aclare si autorizó o no la citada ampliación de efectivos estadunidenses que operan en territorio nacional: tal reclamo es atendible, pues el anuncio referido se incrusta en una nueva escalada de presiones injerencistas de Washington sobre el gobierno mexicano, y en un momento en que las autoridades del país vecino muestran, en forma cada vez más desembozada, un espíritu unilateral y ajeno a la voluntad de cooperación que tanto pregonan en materia de seguridad.
Tales rasgos han salido a relucir, por un lado, con el tono altanero, rayano en el regaño, con que la secretaria de Seguridad Interna estadunidense, Janet Napolitano, se dirigió a las autoridades nacionales luego del asesinato del agente del ICE, Jaime Zapata –ocurrido en San Luis Potosí hace algunas semanas– y con el posterior envío de un contingente de agentes del FBI a esa entidad para investigar el crimen. Dicha medida, más que una acción inscrita en el contexto de la cooperación bilateral en materia de seguridad, adquirió de inmediato el tono de una imposición de Washington a las autoridades federales y estatales mexicanas: éstas, por su parte, claudicaron con ello al mandato constitucional de procurar justicia en el territorio nacional.
La unilateralidad del gobierno de Obama queda más que confirmada, con la realización del operativo Rápido y furioso, en el contexto del cual las autoridades estadunidenses dejaron pasar cientos de armas ilegales a México –es decir, se erigieron en cómplices de un delito y en proveedores de las organizaciones criminales que operan en el país– y lo hicieron, para colmo, sin informar a sus pares mexicanas.
Un elemento de contexto adicional es lo dicho el pasado 9 de marzo por la propia Janet Napolitano, quien en una audiencia legislativa cuestionó los resultados de la política de seguridad pública del calderonismo en cuatro estados fronterizos (Chihuahua, Nuevo león, Tamaulipas y Sonora). Esos señalamientos se inscriben en una cadena de críticas y descalificaciones formulados por funcionarios estadunidenses al gobierno mexicano, pese a que éste se ha mostrado, en los pasados cuatro años, obsecuente hasta la claudicación y la sumisión con Washington, y no obstante que, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, Estados Unidos ha tenido una función de primera mano en la planeación y coordinación de la estrategia que ahora es impugnada por sus funcionarios.
(Editorial de La Jornada, 13/III/11).
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