El calderonismo considera que puede abatir la esperanza nacional de cambios y mejoría si continúa asesinando a lo mejor de una nación (los niños ABC, los jóvenes de Juárez y, ahora, los estudiantes del Tec, por citar unos pocos ejemplos notables) y si sigue demostrando a todos que ese terrorismo de Estado puede seguir adelante sin castigos verdaderos, sometido todo a la falsa lógica apabullante de una “guerra” contra el mercadeo de drogas que, entre otras cosas, ha generado en 2009 un demostrado crecimiento de la producción nacional de narcóticos y de las ganancias de sus operadores “ilegales”, sobre todo aquellos que son los institucionalmente consolidados como empresarios favoritos de los dos sexenios panistas.
Felipe Calderón ha otorgado en todo el país una licencia sin restricciones a los cuerpos armados federales para que, instalados así en un virtual estado de excepción, puedan actuar por encima y a contrapelo de la legalidad, realizando cateos, detenciones e incluso asesinatos a partir de consideraciones subjetivas, errores previsibles y figuras procesales primitivas, propias de regímenes dictatoriales, como las “denuncias anónimas” que se han constituido en falaz recurso de “justificación” de arbitrarias acciones policiacas y militares que están provocando bajas civiles constantes que, salvo en ocasiones de especial relevancia (como está sucediendo con el caso de los dos jóvenes estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey), suelen ser atribuidas sin mayor valoración judicial a enfrentamientos entre narcotraficantes, ajustes de cuentas entre pandillas o, como quiso justificar el pasado 21 de marzo el devaluado secretario de Gobernación, a la desgracia de quedar en el fuego cruzado entre presuntos narcos y militares.
El comandante Felipe ha desatado una facciosa guerra macabra únicamente contra ciertos segmentos de la parte social no ejecutiva del proceso de creación de riqueza nacional llamado narcotráfico (ni quien toque con el pétalo de un disparo siquiera discursivo a los cárteles de cuello blanco, a empresarios y banqueros que disfrutan las ganancias del negocio cuyas infanterías diariamente son acribilladas). Y en ese proceso de criminalización ha convertido a todo habitante de este país en pieza de indagación ríspida a cargo del nuevo poder dominante, el de las armas y, dado el caso, de violencia sin límites ni contrapeso alguno: cualquiera puede ser (ya lo es, ya ha sido) maltratado de palabra en retenes inconstitucionales, sometido a revisiones excesivas y sin sustento, golpeado y posiblemente herido o asesinado por no obedecer, parcial o totalmente, supuestas órdenes o consideraciones que provienen de mandos cuya visión clasifica de inmediato a todo individuo ajeno a sus corporaciones como un eventual enemigo al que en la primera oportunidad se debe deshabilitar y, llegadas las circunstancias, eliminar.
Felices los que se dicen gobierno porque Estados Unidos acepta su “responsabilidad compartida”, que consistirá en seguir aplicando medidas unilaterales en México para que en este traspatio continúen la sangre y el miedo social, mientras en los jardines imperiales pro-sigue el plácido consumo de los enervantes nomás en suelo tercermundista combatidos.
Estados Unidos se compromete a entregar más dólares al atorado vecino pobre para que éste se llene de equipo, tecnología, asesores y agentes provenientes del país de las barras y las estrellas, todo lo cual formará parte de una reactivación financiera de la llamada Iniciativa Mérida que en realidad será un aceptado caballo de Troya para el control de un México que ha llegado a ser ingobernable (aunque no todos los dólares serán en efectivo, sino parcialmente en especie, para beneficiar a los productores gringos con compras con dinero “donado” y para evitar los sabidos actos de corrupción local que ese botín provocaría de entregarse directamente).
México se compromete a firmar los términos de cuan-to acuerdo le sea presentado por la parte dominante y a poner patrullas, policías, soldados y marinos cada vez que la interventora oficial, señora Clinton, necesite venir personalmente a verificar el cumplimiento de lo convenido. Igualmente, la residencia de paso llamada Los Pinos estará disponible para que al final de esas visitas ejecutivas algún funcionario extranjero pase a informar al ocupante de la citada residencia que los trabajos concluyeron satisfactoriamente (para los intereses de Estados Unidos).
México también se compromete a entender invariablemente que la frase “debemos estar juntos para hacer frente a esta amenaza” del narcotráfico significa que las decisiones y acciones locales serán siempre sometidas al criterio y resolución de los comisionados estadunidenses, sean éstos o no el embajador especialista en estados fallidos, de apellido Pascual. Para evitar controversias que pudiesen concitar la intervención de peritos traductores, la parte mexicana también acepta que la alocución “no se trata de reuniones, de discusiones, nuestros presidentes quieren resultados”, habrá de ser siempre entendida como un reconocimiento plenipotenciario de que el presidente Obama quiere resultados (en apoyo de este punto se deja constancia de que los mexicanos no cuentan, en realidad, con figura institucional que hiciera necesario dirimir a qué presidente se pudiera referir la antedicha frase).
Firman el contrato de anexión silenciosa, como testigos de honor, Fernando Gómez Mont, ya especializado en estos menesteres, y la canciller Patricia cuya función EsPenosa. De inmediato la parte estadunidense tomará control del manejo operativo de las fronteras mexicanas en términos migratorios (aduanas, aeropuertos, etc.) y políticos y policiacos en municipios y ciudades donde el desbordamiento oportunamente provocado haga necesaria la intervención de las fuerzas troyanas, incorporando así los conceptos estadunidenses de seguridad nacional y migración al menú que deberán servir los meseros hispanoparlantes.
(Texto de Julio Hernández López,
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