En una votación dividida –nueve votos contra siete– el Tribunal Supremo de España declaró ilegales las listas de candidatos presentadas por la coalición electoral Bildu, integrada por las formaciones soberanistas vascas Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba, ambas legales, y por candidatos independientes de la izquierda abertzale. Los magistrados del Poder Judicial español valoraron las acusaciones del gobierno de ese país europeo, según las cuales los candidatos independientes de Bildu son, en realidad, cuadros vinculados con la formación política independentista Batasuna, declarada ilegal desde 2003 por sus presuntos nexos con ETA.
Al igual que como ocurrió a mediados de abril, con la decisión judicial de ilegalizar el partido abertzale Sortu, en la resolución que se comenta salió a relucir una argumentación falaz por parte de los magistrados, así como una aplicación facciosa y personalista de las leyes: no otra cosa es el alegato de que las listas de candidatos de Bildu estaban “contaminadas” por antiguos integrantes de Batasuna. Esas consideraciones no son propias de un razonamiento apegado al estricto rigor jurídico –ni siquiera en el marco de la impugnada y retrógrada Ley de Partidos española–, sino a criterios políticos, y que las autoridades españolas han pasado de la persecución policial de ETA a la ilegalización de prácticamente cualquier expresión de independentismo en el País Vasco.
Con todo, la unidad de los dos bloques principales (Partido Popular y Socialista Obrero Español) de la clase política española no alcanza para legitimar la política de persecución y criminalización aplicada desde Madrid al independentismo vasco. Un indicador claro al respecto es la división dentro del Tribunal Supremo español en las votaciones que ilegalizaron a Sortu y a Bildu, pero también el rechazo que esas resoluciones han suscitado en estamentos partidistas moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV): si en otra circunstancia ese grupo político habría podido capitalizar electoralmente la proscripción de la izquierda abertzale, ahora su dirigencia calificó de “imprescindible” la presencia de Bildu en las elecciones locales del 22 de mayo, acaso considerando que, sin la representación en las urnas de un sector importante del electorado vasco, el propio PNV podría ver reducido su margen de maniobra y su legitimidad.
Finalmente, cinco días después, el Pleno del Tribunal Constitucional reconoció el derecho de Bildu a presentarse a las elecciones por seis votos a favor y cinco en contra.
En la jornada electoral del 22 de mayo se dio la irrupción de la izquierda nacionalista en el mapa político del País Vasco. La coalición Bildu, que agrupa a la izquierda abertzale, se colocó como segunda fuerza electoral, precedida sólo por el PNV y muy por arriba de la rama local del PSOE, cuya votación se derrumbó.
Este dato no sólo demuestra la vitalidad de la izquierda nacionalista en Euskadi y de su capacidad de sobreponerse a los numerosos intentos por criminalizarla y proscribirla, sino también la viabilidad de una fórmula independentista democrática y legal.
(Fuentes: Editorial, La Jornada, mayo 2 y 23, 2011; gara, 6/V/11).
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