INTERNACIONAL: Afganistán: crímenes de guerra

El 13 de febrero pasado, tras una ofensiva por tierra y aire de las fuerzas de ocupación contra Marjah, un presunto enclave talibán en el sur de Afganistán, los mandos militares occidentales se jactaron de “estar muy satisfechos” por haber dado muerte en esa acción –en la que perdieron la vida un estadunidense y un británico–, a una veintena de combatientes de la resistencia de ese país centroasiático y por haber encontrado una resistencia mínima. El general inglés Gordon Messenger detalló que los talibanes parecían “desorientados, desorganizados” e incapaces “de oponer una reacción coherente”. Un día más tarde, el mando ocupante hubo de admitir que 12 de las bajas mortales eran civiles, asesinados por dos misiles que “se desviaron” de su objetivo e impactaron en una vivienda de Helmand. Horas antes, la ONU había pedido a ambos bandos que evitaran las muertes de civiles.

Posiblemente la confusión explique por qué las tropas invasoras, que actuaron con el apoyo de efectivos locales del régimen títere que encabeza Hamid Karzai, hayan encontrado una resistencia débil y una reacción desorganizada: porque el objetivo principal de su ataque estaba conformado por personas no combatientes, indefensas y desarmadas. Mientras Karzai reiteraba sus tenues e inútiles peticiones a las fuerzas extranjeras de que no maten civiles, Messenger se disculpó por lo que llamó “un hecho desafortunado” y estimó que la ofensiva occidental “está en su etapa fácil; la difícil será calmar a la opinión pública”.

El cinismo y la inmoralidad de la aventura de Washington –acompañada por Londres y otros socios menores– en el martirizado Afganistán quedan, pues, a la vista: para los gobiernos occidentales, masacrar a la población local no sólo es lícito sino fácil, y las consecuencias de la atrocidad no representan más que un problema de imagen.

Desde cualquier punto de vista, las masacres de civiles en Afganistán constituyen crímenes de guerra; si no ameritan esa calificación en ningún tribunal internacional ello se debe a que el peso político y diplomático de Washington y de sus aliados europeos es capaz de paralizar y neutralizar todo mecanismo de justicia que pueda desembocar en resultados adversos para su causa.

Ocho días después, la noche del 21 de febrero se repetiría la misma historia: aviones de la OTAN atacaron un convoy de tres minibuses en los que viajaban 42 personas, todas civiles, en la provincia montañosa de Uruzgan. Este incidente siguió al ocurrido el jueves 18 de febrero cuando, según la OTAN, una patrulla en la provincia norteña de Kunduz fue atacada con armas de fuego. “La unidad solicitó apoyo aéreo, el cual dejó caer metralla para apoyar a las tropas en contacto”, informó la organización. Más tarde se descubrió, según el parte, que “varios policías afganos resultaron muertos y heridos en esta operación”.

(Editorial de La Jornada, febrero 15 y 23, 2010).