En Guanajuato, la deserción escolar en planteles de nivel medio superior en el ciclo escolar 2008-2009 fue de 8.8%. En nueve municipios el índice de deserción rebasó el 15%, según datos proporcionados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Los municipios con los índices de deserción más elevados son Jaral del Progreso, con el 25%; Villagrán con el 20.6% y Santa Catarina con 18.6%. Les siguen Purísima del Rincón y Huanímaro, con un 17.3%, y Guanajuato, con 16.7%. En Victoria, al noreste, la región más marginada de la entidad, el índice de deserción es del 16.4%, del 15.4% en Romita y, finalmente, del 15.2% en Manuel Doblado. Aunque el gobernador en su III Informe presume que ha abierto más escuelas de nivel medio superior y superior, las cifras indican que hay factores que no están permitiendo que el total de los jóvenes que se inscribieron en una preparatoria, logren terminarla. El problema es grave, como lo ha señalado Vernor Muñoz Villalobos, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación: “La educación no es un servicio ni un privilegio, sino un derecho humano fundamental que representa la puerta para la consecución del resto de las garantías, por lo que el Estado tiene la obligación de invertir todos los recursos posibles para garantizarla a toda la población… La enseñanza no existe para resolver los problemas de los empleadores –pues de ser así se vería reducida a los mandatos determinados por la economía mundial–, sino que su objetivo es desarrollar las capacidades humanas que tienen que ver con la filosofía, las letras y el trabajo”. Enfático, Muñoz Villalobos señala: “La educación representa que los seres humanos podamos construir capacidades que nos permitan atender nuestras necesidades, por lo que –consideró– quien no tiene acceso al conocimiento, está condenado a la muerte. Y la muerte de una persona por analfabetismo o falta de educación significa el fin del género humano”. Pese a lo anterior, el gobierno del estado se empeña en seguir en la ruta del retroceso en materia de educación: por ejemplo, el polémico libro de Biología de primer grado de secundaria, editado por la SEG, volverá a las aulas escolares “como texto de consulta”, además de que será entregado en bibliotecas y puesto a disposición de los padres de familia, pese a que no cuenta con el aval de la SEP, anunció el titular de la SEG. Se trata del texto que, en su capítulo sobre “Sexualidad y reproducción humana”, cuestiona el uso del condón como método de prevención de embarazos no deseados y contra enfermedades de transmisión sexual, principalmente en adolescentes; hace énfasis en la abstinencia sexual, la virginidad de la mujer y el matrimonio como las únicas opciones seguras para evitar el VIH-sida; además que rechaza la diversidad sexual y cuestiona la masturbación y el erotismo. Alberto Diosdado, titular de la SEG, anunció hace días que, luego de la valoración del texto, y “ante las necesidades educativas del estado, porque amplía los contenidos formativos” y, particularmente, por la demanda de padres de familia “y otros sectores de la sociedad”, se decidió retomar su distribución entre los educandos de Guanajuato. Las autoridades dicen haber actuado en beneficio y por necesidades de la sociedad, pero lo que realmente hicieron, a decir de los expertos, es transmitir un conocimiento sesgado y obviar y socavar la existencia del derecho al placer que cada individuo puede ejercer a través de un conocimiento propio: “El derecho al placer erótico existe y su acceso y ejercicio responsable es una fuente de bienestar emocional, sociocultural y orgánico… Cuando el individuo trabaja con sus ideas, sensaciones corporales y sentimientos, está en condiciones óptimas para trabajar en su propia persona en aras de con-quistar el derecho al placer sexual” (David Barrios, director de Caleidoscopía). Por si lo anterior fuera poco, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ha revelado datos que ubican a Guanajuato en un nivel poco alentador: en conjunto, la economía estatal se encuentra estancada, no ha logrado generar empleos suficientes en términos reales, y tanto los salarios como las prestaciones que se obtienen por el desempeño laboral, se redujeron paulatinamente a lo largo de la presente administración. Las cifras son contundentes: el número de empleos existentes en el cuarto trimestre de 2005, frente a los empleos disponibles en el mismo trimestre de 2009, indican que hay una diferencia de sólo 96 mil 763 puestos de trabajo a favor. Es decir, el número de personas ocupadas pasó de un millón 887 mil 033 en el cuarto trimestre de 2005, a un millón 983 mil 769 en el cuarto trimestre de 2009. Como puede verse, a pesar de los más de 95 mil empleos creados en los últimos cuatro años, la demanda fue de más de 165 mil, lo que implica un déficit de más de 70 mil puestos de trabajo. Además, el número de trabajadores que perciben menos de un salario mínimo ha crecido, al haber pasado de 207 mil 706 en el cuarto trimestre de 2005 (11% de la PEA), a 300 mil 090 en el mismo trimestre de 2009 (15.12% de la PEA). En contraste, el número de personas que perciben más de 5 salarios mínimos ha decrecido aceleradamente en los últimos 4 años, pues pasó de 165 mil 836 personas en 2005 (8.76% de la PEA), a sólo 129 mil 929 en diciembre de 2009 (6.54% de la PEA). En conclusión, Guanajuato requeriría crecer a un ritmo del doble de intensidad que el que hoy tiene, para que la actual administración logre dejar al estado, al final de su gestión, al menos con una tasa de desocupación similar a la que existía en 2006. Cegados por su fundamentalismo de corte medieval, las autoridades del estado mejor gastan sus energías en cuestiones baladíes. En su enfermizo afán de institucionalizar el miedo, la misoginia y la homofobia, el gobierno de Oliva interpuso una controversia constitucional contra las llamadas bodas gay. El vocero de la Arquidiócesis de León, Raúl Villegas, expresó su alegría al decir que “esa es la vía que habrán de seguir otras entidades federativas para demostrar que ‘el grueso de la población’ no está de acuerdo en una ley promulgada en el Distrito Federal”. El gusto, habría de durarles muy poco: la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) la desechó luego de considerarla “notoriamente improcedente” porque ningún gobierno estatal puede emplear esta vía legal para oponerse a leyes o reformas legales aprobadas en otra entidad. Es decir, las reformas aprobadas en el Distrito Federal no causan agravio alguno a ninguna entidad. Pasados los días, y luego de ese trago amargo, Oliva habría de endurecer su política hacia la población: 1) militarización de la seguridad pública, al colocar a un militar experto en estrategias de represión social, en lugar de Baltazar Vilches en la Secretaría de Seguridad Pública; 2) con fines electoreros, Miguel Márquez, delfín de Oliva para la gubernatura en 2012, pasa de la inútil Secretaría de la Gestión Pública a la Secretaría de Desarrollo Social, desde la que se le verá proyectarse como “el único hombre capaz de lograr que el estado llegue a superar el actual rezago social”.
(Fuentes: correo, febrero 10, 14, 18 y 20, 2010; marzo 3 y 4, 2010; La Jornada, 10/II/10; proceso.com, 12/II/10; El Universal, 21/I/10).
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