EDITORIAL: Las empresas toman la democracia de EEUU

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de Estados Unidos. Para los editores de The New York Times, el fallo “golpea el corazón mismo de la democracia” al haber “facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar (con dinero) las elecciones e intimidar a los candidatos electos para que obedezcan sus dictados”.

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. El juez John Paul Stevens admitió que “desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda (la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos)”.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la oligarquía: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una “rebelión populista” contra la elite liberal que maneja el gobierno. Los datos de la votación revelan datos interesantes: una alta votación en los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. “Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas”, según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres, estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo similar al de la Gran Depresión. Además, la financiarización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, hacen que las perspectivas de recuperar los empleos que se perdieron sean sombrías.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan que la gente está contra tal programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los gobiernos republicanos como por Obama.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del sistema de salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

(Texto de Noam Chomsky, rebelión, 7/II/10).