domingo, 13 de junio de 2010

ESTATAL: El castillo de la impureza

Durante cinco años, el sacerdote Laurencio Pérez gozó de impunidad gracias a que el obispo de la diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez –recientemente fallecido–, lo protegió de las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción de menores. Y aun cuando pesaba una orden de aprehensión en su contra desde 2005, el sacerdote seguía ejerciendo sus actividades eclesiásticas y cortejando a menores, como a la hija de Ángel Álvarez, una menor de 13 años con quien incluso se fue a vivir. Finalmente, Laurencio fue detenido el 18 de marzo e ingresado cuatro días después al penal de San Miguel de Allende.

Durante los últimos cinco años, Laurencio Pérez Mejía pasó de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia, dejando tras de sí la estela de impunidad que le permitió evadir una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción de menores.

Laurencio Pérez Mejía gozó de la protección de la diócesis encabezada por el obispo Lázaro Pérez Jiménez, quien solía presentarlo como su sobrino. Fue él quien lo ayudó a evadir su captura al cambiarlo periódicamente de templo; además, desoyó los testimonios y quejas sobre los abusos cometidos por Pérez Mejía a jovencitas.

Uno de ellos, Ángel Álvarez, relata que en 2006 el goloso padre Laurencio le pidió a su hija de 13 años para que le ayudara en las oficinas parroquiales del templo de Nuestra Madre Santísima de la Luz en la comunidad de Moral Puerto de Nieto y terminó viviendo con ella como pareja en la casa de los Álvarez. Relata que cuando denunció el caso ante los funcionarios del gobierno municipal, agentes del Ministerio Público, ministeriales y sacerdotes, nadie lo escuchó.

Antes de marcharse con su hija y de dejar dividida a la familia, el padre Laurencio todavía recurrió a Ángel Álvarez para pedirle referencias sobre un buen abogado “por un asunto de unas calumnias que traía detrás”. “Las calumnias” en realidad estaban consignadas en la averiguación previa 2024/2005 en la agencia del Ministerio Público de Celaya, levantada a partir de la denuncia del 12 de noviembre de 2005. La promoverte, una menor de edad, describió los “amistosos acercamientos” del clérigo a partir de febrero de ese año.

Durante casi nueve meses, según el testimonio, el sacerdote comenzó a cortejarla. Al principio le daba regalos, pero luego acudía a esperarla a que saliera de la escuela para llevarla a sitios donde la tocaba y la obligaba a fumar y a tomar bebidas alcohólicas, incluso amenazaba con matar si ella no accedía a sus peticiones o si enteraba a sus padres de lo que estaba ocurriendo entre ellos.

A fines de octubre de ese año, la madre de la jovencita sorprendió al sacerdote besándola. Le advirtió que se alejara de ella. Renuente, él siguió buscando a la menor, a quien incluso le hacía llegar recados a través de algunas de sus compañeras de escuela. Cansada por el hostigamiento, la familia tomó la decisión de denunciar penalmente al cura.

(Texto de Verónica Espinosa, proceso, no. 1746).

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