Voto nulo: quinta fuerza electoral

Las elecciones realizadas el 5 de julio pasado demuestran una vez más la ilegitimidad del gobierno y la crisis del sistema. Sólo votó 43.74% de los empadronados, a pesar de los miles de millones de pesos gastados por el gobierno para instar a votar y dar legitimidad al espurio presidente Felipe Calderón, impuesto por el fraude hace tres años.
La suma de abstenciones y votos anulados equivale al 62% del padrón electoral. Por sí solos, los sufragios de castigo suman un millón 364 mil 673, equivalentes al 5.97% de las actas. Esta cifra supera a los votos obtenidos por el PT, Convergencia, Nueva Alianza y PSD, convirtiéndose en la quinta fuerza política del país.
Por lo tanto, si la suma de abstenciones y votos anulados es de 62%, veremos que el Partido Acción Nacional (PAN), clerical derechista, partido de gobierno, no representa sino una porción reducida de los electores, y el “ganador”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expulsado del gobierno hace nueve años por corrupto y antidemocrático, llega cuando mucho a cerca de 15% del padrón, mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya dirección abyecta y conciliadora con el gobierno provocó el repudio de muchos de sus votantes tradicionales, queda tercero, lejos de los dos primeros que, en realidad, consiguieron un resultado cuatro veces menor que el heterogéneo “partido” de la abstención y del voto nulo, que es, en realidad, la fuerza mayor.
Es evidente que más de la mitad de los probables votantes no escuchó las exhortaciones gubernamentales, patronales, de la Iglesia y de los aparatos partidarios a acudir a las urnas y, por lo menos, demostró desinterés. Con esto, el gobierno nacido del fraude es ahora doblemente ilegítimo, por su carácter minoritario y por su derrota ante el desprestigiado PRI.
El PAN, en efecto, vio caer el número de sus diputados de 206 a 141 y perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que pasó a manos del PRI, que obtuvo 237 de los 500 diputados y que, con sus aliados del Partido Verde Ecologista (22), tiene mayoría absoluta en dicha Cámara. En cuanto al PRD, perdió 40% de sus diputados (conserva sólo 71, muchos de ellos, además, adversarios de la dirección y partidarios de López Obrador, quien llamó a votar por los partidos del Trabajo y Convergencia y venció de modo aplastante al PRD en la zona obrera de la capital, la delegación Iztapalapa, con Juanito, un candidato popular desconocido).
Sin embargo, el proceso electoral de 2009 se ha desarrollado en un contexto de mayor iniquidad e ilegalidad que el de 2006. Así mismo, en esta ocasión las autoridades electorales han sido más parciales y omisas de lo que fueron hace tres años. La incuestionable y constante violación de las normas que caracterizó a las campañas pone en duda el cumplimiento de los cinco principios rectores en la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que la intervención indebida de Vicente Fox en el proceso electoral “constituyó un riesgo para la validez de los comicios”. Pero, ahora, Felipe Calderón no se contentó con simples mensajes metafóricos sobre “caballos y jinetes”, sino que tomó la desafortunada decisión de encabezar personalmente la campaña del PAN. A menos de 48 horas del inicio legal de las campañas, Calderón violaría la Constitución con su mensaje, transmitido en cadena nacional, para presumir los “logros” de su gobierno con respecto a la influenza, y en el que prácticamente se erigió como salvador de la humanidad.
El gobierno federal presupuestó mil 800 millones de pesos (Proceso, 1704) para propaganda gubernamental en los medios durante este año. Luego, para apuntalar la campaña de su partido, Calderón lanzó el programa de promoción turística Vive México, Vive lo Tuyo, y difundió constantes llamados a votar. El PAN también utilizó abusiva e ilegalmente la figura presidencial en su campaña. También, las televisoras intervinieron directa y descaradamente en las contiendas electorales al regalar, o vender de manera subrepticia, múltiples espacios a los partidos políticos y a sus candidatos predilectos. Ahí tenemos los casos de Demetrio Sodi, César Nava, el Partido Verde, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, entre muchos otros más. Cabe señalar que la ley no solamente prohíbe la venta de propaganda electoral en radio y televisión, sino que también proscribe cualquier donación en especie a partidos o candidatos de parte de empresas de carácter mercantil.
Campañas negativas como las de 2006, fueron utilizadas por el PAN en contra del PRI. Si bien el IFE y el TEPJF ordenaron el retiro de algunos anuncios, el PAN, en un franco desafío a las autoridades electorales, insistió en difundir spots similares y en general degradó el nivel del debate público. Asimismo, ante las francas provocaciones de parte de las principales televisoras del país y del Partido Verde, el IFE y el TEPJF siempre titubearon en sus respuestas, negándose a ejercer sus funciones constitucionales. Nunca lograron meter en cintura a los poderes fácticos. El descarado desacato de parte de Televisa y TV Azteca, así como de las revistas Cambio y Vértigo, a las medidas cautelares del IFE durante los últimos días de las campañas es un claro recordatorio de quién realmente manda en el país.
Ante la reincidencia de las televisoras en acciones violatorias de la ley, el IFE tendría que haber aumentado de manera significativa el monto de las multas e incluso pudo haber pasado a la siguiente fase de sanción: el retiro directo de tiempo comercializable. Sin embargo, tal y como ocurrió en 2006, los consejeros sistemáticamente actuaron de forma tibia y a destiempo.
Respecto al TEPJF, el Dictamen de Validez de la Elección Presidencial de 2006 destaca como una obra maestra de ciencia jurídica en comparación con algunos casos recientes resueltos por los magistrados actuales. Los casos de la contienda por la presidencia del PRD, los supuestos “informes” de los legisladores del Partido Verde y la candidatura del PRD en Iztapalapa pintan de cuerpo entero un tribunal electoral sometido a intereses políticos cuya capacidad para garantizar la certeza de los resultados electorales se encuentra en duda.
De seguir en esta ruta, que, en realidad no se ve que vaya a cambiar, las elecciones presidenciales de 2012 serán un verdadero desastre. La solución, según algunos expertos, está en pugnar por un aumento de las facultades de investigación, de sanción y de regulación del IFE, así como por el nombramiento de consejeros y magistrados electorales que estén a la altura del momento histórico. Es decir, las instituciones electorales deben contar con integrantes que se caractericen por un compromiso democrático y ético de mayor tamaño y solidez.
(Fuentes: apro, 5/VII/09; Guillermo Almeyra, La Jornada, 12/VII/09; John M. Ackerman, apro, 9/VII/09).