2009: violencia imparable

ESTATAL


El año 2009 representa para Guanajuato el año más violento del que se tiene conocimiento, pues en tan sólo seis meses se superó por mucho, la cifra que se había registrado en años anteriores. En estos primeros meses del año, el sureste de Guanajuato ha sumado un total de 62 homicidios relacionados con el crimen organizado, concentrándose en los municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Cortazar, Tarimoro, Acámbaro, Jerécuaro y Coroneo. El sur del estado, limítrofe con Michoacán, ha registrado 19 asesinatos en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón, Salvatierra y Yuriria. En tanto, en la zona metropolitana de León, se han cometido 21 crímenes, encabezados por León, Silao, San Francisco del Rincón, Irapuato y Salamanca. Finalmente, en la región suroeste, de los municipios que la conforman, solamente en Cuerámaro, se han registrado tres casos. En nuestro estado, tan sólo en el mes de junio se registraron 33 homicidios, superando a enero con 28, y marzo con 19, que habían sido los meses con más violencia. Al sumar 105 crímenes relacionados con la delincuencia organizada –hasta junio–, esto ubica a Guanajuato en el sexto lugar a nivel nacional, sólo por debajo de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, y Sonora, donde los cárteles de la droga se encuentran plenamente asentados. Lo anterior refleja el grave problema en que se encuentra la entidad.
Un ejemplo: en la mañana del viernes 26 de junio, más de mil disparos cruzaron por las calles de Niños Héroes e Insurgentes de la comunidad San José de Agua Azul del municipio de Apaseo el Alto. Fueron sólo 20 minutos. Frente a frente se encontraron un grupo armado –identificado como célula de Los Zetas– y elementos de diversas corporaciones federales y estatales en un operativo especial que después fue presentado ante los medios como un éxito rotundo en el combate al narcotráfico, adjudicado principalmente a la Procuraduría estatal y al gobernador panista, Juan Manuel Oliva. El golpe fue tan espectacular que al día siguiente de la balacera, en la visita para los cierres de campaña que hizo a Celaya, el presidente del CEN panista, Germán Martínez Cázares, pronunció una apología “al mejor gobernador”: “El gobernador Oliva, de la misma manera valiente como lo hace el presidente Felipe Calderón… está enfrentando sin tregua, sin cuartel, sin pausa electoral, sin pretexto, está enfrentando y le está ganando la batalla a la delincuencia”. Martínez Cázares se dijo “orgullosísimo del gobierno, feliz y contento del gobiernazo que tiene Guanajuato. Es de envidia, está para presumir al gobernador Oliva”. Y también sin pausa electoral, lanzó con jiribilla: “El gobernador Oliva no se esperó a que nadie le dijera hacer la tarea, como el de Michoacán o como el de Nuevo León”.
Desde hace meses la presunta célula de Los Zetas cometía robos de camiones de carga, levantones y ejecuciones de narcomenudistas que servían a La Familia Michoacana, en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, la carretera federal 57, Salamanca, Irapuato y Abasolo. Sus incursiones se extendían prácticamente por los límites del estado con Michoacán, hasta Yuriria, Valle de Santiago y Pénjamo, según datos de la investigación obtenidos por Proceso.
En el enfrentamiento, 12 sicarios murieron acribillados –algunos con el rostro destrozado–, otros ocho fueron detenidos. Del lado de las corporaciones, un agente de la Policía Ministerial fue herido en la cabeza y otro sufrió lesiones leves. “No fue una casualidad, sino un operativo planeado y con la participación de los grupos especiales; no cualquier corporación se puede enfrentar a esos grupos y lograr ese nivel de eficacia. Si hubiéramos llegado por casualidad, nos hubieran matado a nosotros”, aseguró el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Para el sábado 27, en que el presidente nacional del PAN estaba de visita en la entidad, las autoridades estatales informaron de la localización de una casa de seguridad en el rancho El Salto, también en Apaseo el Alto, donde según el informe se encontraron armas sepultadas y restos de huesos humanos calcinados que pertenecían a más de una docena de víctimas.
Maquillaje policiaco. La operación policial, pregonada como una estrategia antecedida por un trabajo de investigación, labor de inteligencia y coordinación entre las corporaciones estatales y federales, tiene puntos confusos. Versiones encontradas de los reportes oficiales, así como de algunos testigos y vecinos de las casas de seguridad, muestran que, a partir del desmantelamiento real de la célula de Zetas, la historia se adaptó para que luciera mejor en los medios.
Las autoridades han pretendido minimizar la protección que le brindaba a los delincuentes el director de policía de Apaseo el Alto, Víctor Guillermo Ramírez, hoy bajo arraigo junto con su segundo de a bordo, Iván Borja, y el director de policía de Silao, Antonio Ramírez. Ambos municipios gobernados por el PAN.
El caso exhibió, sobre todo, la relación cada vez más distante del procurador estatal, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Baltazar Vilches. El primero es abogado y criminólogo egresado de la academia del FBI, mientras que Vilches es médico veterinario sin experiencia previa en el área de seguridad. En la información oficial sobre este “operativo” se resaltó la coordinación entre la Policía Ministerial del estado, la policía leonesa –con sus respectivos grupos especiales GERI y GET–, el Ejército, la delegación de la PGR y la PFP. Pero no se incluyó a la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos elementos se apersonaron en las comunidades una semana después del enfrentamiento; y Vilches ni siquiera estuvo presente en las conferencias de prensa del procurador.
El sector empresarial ya le ha reclamado esa falta de entendimiento de los dos funcionarios encargados de la seguridad del estado, y le ha exigido al gobernador Oliva la destitución del titular de la SSP, tanto de manera pública como en encuentros privados. Oliva, por supuesto, no les hace caso.
Seguridad, el gran fracaso gubernamental. La racha de violencia desatada en la mayor parte del territorio nacional después de la jornada electoral del pasado 5 de julio, sólo deja en claro una cosa: el rotundo fracaso de Felipe Calderón en materia de seguridad. En Guanajuato, La Familia Michoacana libra una guerra abierta con el cártel del Golfo por el control de la plaza. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio, sicarios de la Familia Michoacana ejecutaron a 10 personas. Como consecuencia, el viernes 10, los “Mata Zetas” hicieron su aparición en la entidad y ejecutaron a cinco hombres en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende, San José Iturbide, San Luis de la Paz y León.
Junto a los cuerpos, la policía encontró cartulinas con el siguiente mensaje: “Aquí también está la resistencia. Mata Z”. En todos los casos, las víctimas fueron encontradas con las manos atadas, amordazados y con las cartulinas pegadas en distintas partes del cuerpo. No se hallaron huellas de disparos, y los primeros datos indicaron que fueron estrangulados o asfixiados.
Hasta el 11 de julio, la cifra de ejecuciones se había elevado a 121.
(Fuentes: correo, junio l1 y julio 11, 2009; Verónica Espinosa, apro, julio 8 y 10, 2009).