Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los lamentables sucesos del pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en donde 49 niños perdieron la vida y decenas más resultaron heridos–, el director del IMSS, Daniel Karam, entregó a los legisladores la información sobre las poco más de mil 500 guarderías subrogadas por la entidad que encabeza, incluidos los datos de los representantes legales y los socios originales y actuales de esos centros, así como los contratos y las actas constitutivas correspondientes.
De acuerdo con los documentos proporcionados por el funcionario federal, entre los beneficiados con la subrogación de guarderías se encuentran Tarcisio Torres Calderón, primo de Felipe Calderón; José Fox Quesada, hermano de Vicente Fox; Óscar Medina Plascencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; Bárbara Botello, ex candidata a la alcaldía de León; Malú Micher Camarena, ex diputada federal del PRD y actual presidenta del Instituto de la Mujer del DF; María Elena Morales Sánchez, ex contralora del estado de Guanajuato cuando Vicente Fox fue gobernador; Maricruz Crivelli Rojas, quien aparece en la lista de personas que aportó recursos para la campaña de Vicente Fox en el año 2000; Claudia y Martha Lorena Medina Padilla, hijas del ex gobernador Carlos Medina; Roberto Cueto González, ex presidente del comité del PAN en Guanajuato; Ramón Ascencio Villanueva, actual subsecretario de Inversiones del gobierno del estado de Guanajuato; Juan Carlos Murillo Flores, encargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el sexenio anterior, así como familiares de Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS en tiempos de Ernesto Zedillo, y de Dulce María Sauri, ex presidenta nacional del PRI.
A partir de esa información, queda claro que el caso de la guardería ABC representa sólo la punta del iceberg de un entramado de casos de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias en la concesión de los servicios públicos, y que el esquema de guarderías subrogadas aplicado por el IMSS no busca el mejoramiento de una prestación que corresponde por ley a los trabajadores y a sus familias, sino el enriquecimiento de personajes cercanos al poder político.
La tardanza con que se ha presentado esta información constituye en sí misma un indicio alarmante de torpeza e incapacidad administrativa por parte de los funcionarios calderonistas, el formato en que fue entregada –más de 70 mil cuartillas– pareciera obedecer a un intento por encubrir a los propietarios de los centros referidos al esconder sus nombres en una montaña de documentos. Asimismo, la extemporaneidad con que se dan a conocer estos documentos alimenta la sospecha –ampliamente difundida en la opinión pública nacional– de que Felipe Calderón se ha conducido, en el caso de la guardería ABC, con una lógica electorera inadmisible: es significativo, a este respecto, que legisladores del PAN hayan maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social fuera pospuesta para después de los comicios del pasado 5 de julio.
Además, ha habido una serie de actitudes tardías, erráticas e improcedentes por parte de la administración federal, que obligan a suponer un designio de proveer impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos en la guardería ABC en la capi-tal sonorense. El pasado martes 7 de julio, la PGR dio a conocer que había solicitado a la Interpol la detención de nueve supuestos responsables de la muerte de los 48 niños –entre los que se encuentran servidores públicos y particulares–, medida del todo inverosímil, habida cuenta de que esa misma dependencia tardó cerca de tres semanas en atraer la investigación –pese a que el incendio se originó en un local a cargo de una institución federal y era, por tanto, procedente y necesario que emprendiera las pesquisas de inmediato–, y otorgó, con ello, un amplio margen de maniobra para que los indiciados huyeran.
Todo lo anterior, pone en relieve que, ante una tragedia por demás dolorosa, el gobierno mexicano se ha conducido con una vergonzosa indolencia, ha ocultado información a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, y ha actuado, en sentido contrario de su responsabilidad de procurar justicia y esclarecer los hechos.
En Guanajuato, los 59 contratos para las guarderías subrogadas fueron otorgados en forma directa, sin licitación. Este esquema de asignación, denominado subrogación, se diseñó en 2001, en el periodo del “gobierno del cambio”. En Guanajuato atienden a aproximadamente 9 mil niños, por los que el IMSS paga casi los 2 mil 300 pesos al mes por cada menor atendido. Es decir, el IMSS paga mensualmente más de 20 millones de pesos a los particulares que tienen guarderías subrogadas.
(Fuentes: Editorial, La Jornada, 9/VII/09; a.m., 9/VII/09; correo, 28/VII/09).
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