EDITORIAL: Diego: el abogado de la Mafia

Se le acusa de: 1) votar en favor de la quema de las boletas de la cuestionada elección de 1988, por la que Carlos Salinas llegó a la primera magistratura del país; 2) colaborar con el gobierno salinista, al instaurar las llamadas concertacesiones, que abrieron al PAN la puerta para acceder a gobiernos estatales a cambio de aprobar reformas en el Congreso que permitieron regresiones en los ámbitos social y económico; 3) participar activamente en las negociaciones –entre 1995 y 1997– para que el Estado asumiera como deuda pública el quebranto de los bancos, que derivó en la creación del Fobaproa; 4) negociar desde el Senado, la aprobación de la ley indígena, que incumplió los acuerdos de San Andrés; 5) ser factor clave para la aprobación de la llamada ley Televisa, que luego fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia; 6) apoyar a Salinas de Gortari participando en la organización de los videoescándalos, en busca de detener la carrera de López Obrador rumbo a la Presidencia; 7) enemistarse con Calderón y alejarse del PAN, para dedicarse de lleno a sus negocios, entre ellos, litigar contra el Estado, como ocurrió en un millonario juicio que le ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria; 8) defender intereses del narcotráfico, como cuando a finales de 1996, se le vinculó con el cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes; 9) despojar a ejidatarios de Punta Diamante, en Acapulco, y utilizar fondos públicos para construir “la carretera del amor”, en 2005 en un poblado de Arandas, Jal.