Tragedia y corrupción

La tragedia ocurrida el viernes 5 de junio en la guardería ABC –subrogada por el IMSS– en Hermosillo, Sonora, donde un incendio cobró la vida de 38 niños (48 hasta el 26 de junio) y dejó heridos a decenas más, así como a seis adultos, ha dejado tras de sí un profundo sentir de indignación y consternación en la sociedad sonorense y nacional, en cuya percepción los espacios destinados supuestamente al cuidado de los niños –y en particular, de los hijos de asalariados y de familias de escasos recursos– se han convertido, en cambio, en entornos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pequeños.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) anunció una investigación orientada a deslindar responsabilidades y esclarecer estos dolorosos sucesos, hay razones de sobra para afirmar que esos acontecimientos no tienen un responsable único, sino que son consecuencia de una cadena de negligencias lamentables: la habilitación de una nave industrial como guardería, no obstante que el espacio carecía de las condiciones de seguridad necesarias –extintores, señalamientos, salidas de emergencia–; la ubicación del inmueble en las cercanías de una gasolinera; la presumible falta de capacitación del personal de la guardería para actuar ante una emergencia de este tipo y, por supuesto, las deficiencias en la supervisión del personal de protección civil de la entidad y de las propias autoridades del IMSS.
Esta tragedia pone en perspectiva –de manera por demás trágica– las enormes deficiencias y los riesgos que conlleva el sistema de subrogación adoptado por el propio IMSS, que otorga la operación de las guarderías a particulares, y que ha crecido de manera exponencial durante las dos administraciones panistas: entre 2000 y 2007, el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a mil 426, mientras que el total de las que operan bajo el régimen de “prestación directa” sigue siendo el mismo que a inicios de la década (142). Tales cifras ponen de manifiesto la abdicación del Estado a cumplir con una de sus responsabilidades principales en materia de seguridad social –la de prestar servicios de calidad a los trabajadores y sus familias– mediante la imposición de un modelo que, para colmo de males, ha sido expandido por el gobierno calderonista a través de la aplicación del programa de “estancias infantiles”.
La subrogación ha derivado en un deterioro sostenido de la atención que se presta en esas instalaciones a cargo del IMSS, y ha acabado por convertir a éstas en establecimientos con fines de lucro, en donde lo que importa es maximizar las ganancias y abatir los costos, a pesar de que en muchas ocasiones esto opere en perjuicio de los infantes y sus familias.
A semanas del terrible suceso en la capital sonorense, nadie ha sido detenido, comenzando por los directamente responsables del funcionamiento y seguridad de la estancia infantil. Hasta el 23 de junio sólo se tenían unos cuantos chivos expiatorios, es decir, funcionarios menores, que salieron libres bajo fianza. Los dueños, intocables. Eso sí, el número de conferencias de prensa, deslindes públicos y privados, justificaciones, “argumentos” y conexos ha sido especialmente nutrido, aunque nadie se ha tomado la molestia de explicar quién y por qué autorizó el funcionamiento de dicha guardería en un lugar absolutamente inseguro, rodeada de obvios peligros que tarde que temprano –y no se requiere ser especialista para advertirlo– se harían efectivos.
Por su parte, la PGR ha tenido un comportamiento errático y equívoco con respecto al trágico suceso, especialmente con la exoneración anticipada, y a todas luces improcedente, formulada el 10 de junio por el propio procurador federal, cuando aseguró que “nadie iría a prisión” porque el incendio no había sido intencional. La credibilidad de la PGR ante los hechos de la guardería ABC es, pues, deficitaria.
Es significativo, al respecto, que a más de tres semanas del incendio no ha sido citado ninguno de los propietarios de la guardería ABC, entre quienes figuran familiares de ex funcionarios del gobierno sonorense y de la esposa de Calderón. No por nada el mercado de las guarderías subrogadas por el Seguro Social está valuado en 8 mil millones de pesos anuales. Una delicia para los invitados al banquete del saqueo.
En esta circunstancia, es lamentable la escalada de ataques mutuos en la que se han involucrado el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el gobernador Eduardo Bours. La exigencia de acciones federales manifestada por Bours ha parecido a Gómez Mont una ofensa a la investidura presidencial: “Lo que no acepté ni le acepto al señor Gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República”, dijo el miércoles 24 de junio. Lo cierto es que hasta hoy, se sigue esperando la prometida publicación de las guarderías subrogadas.
(Fuentes: Editorial, La Jornada, 7/VI/09; Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 11/VI/09; El Universal, 24/VI/09; Editorial, La Jornada, 25/VI/09).