Guanajuato: corrupción y sangre

El gobierno municipal leonés pagó a Elías Villegas Torres, líder moral del PAN en el estado y cardenal del yunquismo, casi 7.5 millones de pesos por nueve despachos del edificio Montes de Oca, el cual será demolido para darle vista a la catedral. El monto representa 44% de los 17 millones de pesos presupuestados para comprar 54 oficinas. La Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública puso bajo reserva –figura usada para justificar la negación de la información– el monto erogado por 26 inmuebles adquiridos, de los cuales nueve eran de la inmobiliaria Villet, del panista Elías Villegas: “Los recursos son escasos y la información debe manejarse con prudencia, para que se pague el precio que establezca un avalúo profesional, y no se ponga en riesgo la realización del proyecto”, señala el acuerdo de reserva ACR-2008-000020. Plaza Catedral es uno de los proyectos emblema del alcalde Vicente Guerrero, cuya administración ya compró 26 de las 54 oficinas alojadas en el edificio Montes de Oca. En abril pasado, el entonces secretario de Economía municipal, ex precandidato a alcalde y ahora director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Miguel Ángel Salim Alle, ofreció comprar a 4 mil pesos el metro cuadrado de los despachos y después elevó la cifra a 8 mil pesos. La Secretaría de Economía pagó en 714 mil pesos cada despacho de Elías Villegas, es decir, compró a 17 mil pesos el metro cuadrado. Es indudable que hubo tráfico de influencias para cumplir el capricho de Villegas, cuyo mayor sueño es el de comprobar la majestuosidad de la catedral, según palabras del regidor Fernando Ávila. Es más, los integrantes del ayuntamiento no son informados de los pagos hechos para el proyecto Catedral: en todo hay opacidad, es muy sospechoso que se reserve la información. Al fin panista, el alcalde Vicente Guerrero ha insistido que no se benefició a Elías Villegas, y ha defendido la decisión de ocultar la información de los pagos “hasta que se concluya el proyecto”. Elías Villegas no sólo es jefe en la entidad del grupo de ultraderecha El Yunque, vinculado al PAN; es, además, consejero del Instituto de Planeación de Guanajuato. Todo queda en la familia feliz. Sin embargo, no todo es color de rosa: en León, ciudad de contrates inmensos, de plazas comerciales para la clase media alta y de colonias marginales para los jodidos, fue escenario de la muerte de una joven de 15 años, que el domingo 24 de mayo se quitó la vida teniendo ocho meses de embarazo. Patricia Dávalos, presidenta del DIF municipal, se dijo “alarmada y preocupada”, porque esta es la primera ocasión que conocen de una chica embarazada que se quita la vida. Reconoció que de julio a diciembre de 2008, acudieron a 200 jóvenes que cruzan por una etapa de embarazo para ofrecer terapias y ayuda psicológica, pero sólo 20 han accedido a recibir el apoyo a través del Programa de Atención Integral a Embarazadas Adolescentes (PAIDEA). Acostumbrados a tapar las deficiencias con dinero, ciegos ante el dolor humano y, sin ir al fondo de las causas que orillan a una joven a, primero, embarazarse, y luego, a quitarse la vida, Patricia Dávalos dijo que ya están en acercamientos con los padres de familia de la joven a fin de brindarles ayuda psicológica: “Tendremos que revisar cómo vive la familia y los problemas a los que se están enfrentando para a partir de ahí, darles seguimiento y apoyo en las necesidades que tienen, necesitamos conocer su contexto social”. Pero, todo será inútil, los suicidios de adolescentes se dan en un contexto de descomposición y de violencia social e intrafamiliar. La hoy occisa, había dejado la escuela y sólo se dedicaba al hogar en donde vivía con su mamá y su padrastro. Hace algunos meses comenzó una relación amorosa con un chofer y posteriormente quedó embarazada, y a tan sólo un mes de tener a su bebé, la adolescente decidió ahorcarse en el interior de su hogar. Con su muerte, sumaron 33 suicidios en la ciudad de León hasta el 26 de mayo. Unos días después, las balas vuelven a zumbar en territorio guanajuatense: un mayor del Ejército fue ejecutado en la madrugada del 4 de junio en la carretera de Acámbaro a Tarandacuao, en el sur del estado. El cuerpo tenía un mensaje dejado por sus ejecutores conteniendo una amenaza para los militares de parte de Los Zetas, indicó una fuente de la policía acambarense. El militar presuntamente se dedicaba a actividades de inteligencia, aunque una versión extraoficial indica que había desertado. La víctima presentó dos disparos en la cabeza, estaba tapada con una bolsa de plástico, con los brazos atados a la espalda y una cartulina clavada con una navaja a la altura del abdomen. Se cree que este homicidio tiene relación con la desaparición de ocho integrantes de una familia radicada en Silao, el domingo 31 de mayo. Los ocho fueron levantados por sicarios en varias camionetas –algunas con torretas–, según testimonios de vecinos, quienes se quejaron de que a pesar de las insistentes llamadas, la Policía Municipal acudió una hora después. A raíz de este “levantón” masivo, agentes de la Policía Ministerial y del Ejército patrullan diariamente las calles de Silao, y mantienen resguardados edificios de gobierno y de la propia Procuraduría. Por otro lado, y teniendo como telón de fondo la mediocridad gubernamental que trasmina todos los poros de la vida pública, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que enderezar una sentencia de tres años de prisión –emitida el pasado 18 de enero– en contra del periodista José Sacramento Herrera, director del periódico Antorcha, de Acámbaro, acusado por el anterior presidente municipal Antonio Novoa Acevedo por haber publicado una entrevista con su ex chofer en la que éste dijo que el edil utilizó bienes municipales en beneficio propio. La protección de la intimidad y el honor de los funcionarios “es siempre menos extensa que lo habitual porque han aceptado voluntariamente exponerse al escrutinio público”, sostuvo la SCJN, la cual precisó que las denuncias relacionadas con afectaciones a la reputación de los servidores públicos deben ser ponderadas de manera diferente que los casos “ordinarios” de ciudadanos comunes. La primera sala del máximo tribunal resolvió lo anterior al conceder un amparo definitivo al periodista. El hoy ex alcalde Novoa Acevedo, argumentó, con base en seis artículos de la Ley de Imprenta de Guanajuato, que la nota violaba su honor y vida privada. Sin embargo, el dictamen elaborado por José Ramón Cossío, aprobado de manera unánime, determinó que la legislación referida es inconstitucional porque “criminaliza” la difusión de notas y comentarios en los medios de comunicación, lo que genera “autocensura” y otras restricciones a la libertad de expresión. Además, indica el texto, dicha ley pretende limitar la manifestación de las ideas de manera “innecesaria y desproporcionada”. La resolución, que aborda el derecho a la intimidad y la invasión del honor de los funcionarios públicos, precisa que quien alegue que la información afectó su honorabilidad, debe demostrar “que el daño es real y que efectivamente se produjo”. En tanto, la parte acusada puede defenderse de la acusación. La Corte señaló que la sentencia en favor del munícipe –que motivó el amparo del periodista– era ilegítima porque se basó en artículos inconstitucionales de la Ley de Imprenta guanajuatense. Lo anterior representa un severo revés no sólo para quienes diseñaron la mencionada legislación de imprenta, sino para los encargados de vigilar que los derechos humanos de cualquier ciudadano no sean vulnerados. Pero, no todo es malas noticias en el estado, en algo estamos destacando: aunque los niveles de competitividad son raquíticos y el índice de desempleo va a la alza en Guanajuato, nuestro estado va ascendiendo de manera paulatina y firme en la tabla que registra el número de muertes violentas a nivel nacional. Ya ocupamos el noveno lugar, superando incluso a las registradas en el Distrito Federal y en el Estado de México. Durante 2008 se registraron 48 y en lo que va del año van 79 (hasta el 18 de junio, es decir, sin contar los 14 asesinados en Apaseo el Alto y León el 26 de junio). Esta cifra mantiene a Guanajuato, tan sólo por debajo de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Coahuila y Sonora, donde los cárteles de la droga se encuentran plenamente asentados. En el país, el número de ejecuciones ha crecido año con año a pesar de que se intensificaron los operativos militares y de las fuerzas federales. Van 11 mil 483 muertes, desde que Felipe Calderón de manera espuria tomó las riendas del país. En el primer semestre de 2009, Chihuahua, donde los cárteles de Juárez y Sinaloa mantienen una guerra por el territorio, permanece como la entidad con más crímenes atribuidos al narco con mil 198 muertes, seguido de Durango con 351; Sinaloa con 313; Guerrero con 269; Michoacán con 165; Coahuila con 83; Sonora con 80 y finalmente Guanajuato con 79 decesos. En la mayoría de los casos, los cadáveres han sido encontrados con huellas de tortura, maniatados y con cartulinas con mensajes donde grupos criminales se adjudican la ejecución y refieren el presunto motivo del crimen.
(Fuentes: La Jornada, 26/V/09 y 18/VI/09; correo, 26/V/09 y 19/VI/09; Verónica Espinosa, apro, 4/VI/09).