Hace cuatro años, a pocos días de haber protestado el cargo de “representante popular”, Jaime Verdín despreocupado se paseaba por los pasillos de la Cámara de Diputados. Pero fue el primero de diciembre de 2006, cuando él, junto con muchos más diputados, arriesgaron su integridad física para dar paso a lo que se llamó: “la toma de protesta del espurio al cargo de Presidente de la República”. Feliz, Verdín presumía su hazaña: “ha ganado, a favor de la democracia, la cordura y la civilidad. Nos esperan años de progreso y continuidad de lo realizado en el sexenio anterior”. Por ello, decimos que Jaime Verdín es corresponsable de lo que hoy sucede en el país, a partir de que él fue uno de los que contribuyeron a la inauguración del ya denominado sexenio rojo.
Jaime Verdín es corresponsable de que en el país existan millones de jóvenes desempleados, sin acceso a la educación, carentes de oportunidades y, en resumen, sin futuro. Recientemente dos dependencias del Ejecutivo federal –Segob y SEP– fallidamente intentaron minimizar el número de jóvenes mexicanos en tal condición. Son 285 mil, según sus cifras, pero expertos en la materia y voces éticamente autorizadas –como la del rector Narro– han tirado a la basura la endeble versión gubernamental: son 7.5 millones, y contando.
Jaime Verdín es corresponsable de que el país acumule un espeluznante rezago social. El modelo económico defendido a capa y espada por quienes imponen gobiernos sólo ha provocado que tal inventario se incremente día tras día. La economía mexicana no funciona para los más, lo que ha profundizado la problemática social, y por si algo faltara, la crisis de 2009 empeoró más el panorama.
Jaime Verdín es corresponsable de que las políticas de Calderón hayan hecho en consecuencia de México el espacio para que se lleven a cabo operaciones violentas de todo tipo, incluso de terrorismo, con objetivos políticos. Ya desde mediados de 2009 expertos señalaban que decapitaciones, narcomantas y ejecuciones eran obra por igual de militares como de ex militares al servicio del narco y que tendían cada vez más a fortalecer la imagen de México como un narcoestado para propiciar en todos los órdenes la intervención del exterior.
Jaime Verdín es corresponsable de la severa crisis del Estado mexicano, los mexicanos lo padecemos y el mundo es testigo: pobreza endémica, violencia inusitada, corrupción atávica y una desigualdad que avasalla en cualquier lugar del territorio, son expresiones de la debilidad en que se encuentra el Estado mexicano del siglo XXI. De las guerras intestinas del siglo XIX que costaron la mitad del territorio a la dictadura porfirista y del régimen autoritario del PRI que predominó en el siglo XX a la alternancia pactada de ese partido con el PAN, el Estado que se gestó hace dos siglos ha sido incapaz de generar uno de sus componentes básicos: la ciudadanía. La falta de ciudadanía permite y explica a una elite política y económica que en dos siglos ha dispuesto de los recursos de la nación sin someterse a un control real y efectivo. Su voracidad y trapacerías explican en buena medida la impunidad histórica de México.
Jaime Verdín es corresponsable de las políticas neoliberales, del abandono del modelo solidario de desarrollo y la entrega de los recursos y bienes nacionales a privados nacionales y extranjeros. A partir de tales condiciones, el bicentenario Estado mexicano generó su propio veneno: los poderes fácticos, representados por el narcotráfico y la televisión. A manos del narcotráfico, el Estado mexicano ha dejado de tener presencia en crecientes zonas territoriales en todo el país. Lo que significa que México ha perdido a miles de personas que viven en torno a la ilegalidad y la violencia.
Jaime Verdín es corresponsable de que ante la televisión, los Poderes del Estado hayan perdido autoridad, de que estén sometidos a la dictadura de la pantalla. Hoy, beligerante, la televisión desafía y hace sentir su fuerza cuando se trata de que prevalezcan sus intereses, a costa de los de la nación. Forma y deforma, en detrimento de la ciudadanía.
Jaime Verdín es corresponsable de que el Estado no pueda garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Los casi 30 mil muertos que van en la "guerra al narcotráfico" del gobierno de Felipe Calderón hablan de un problema mayor: el de su incapacidad para garantizar la seguridad nacional.
(Con información de Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 31/VIII/10; Luis Javier Garrido, La Jornada, 3/IX/10; Jorge Carrasco Araizaga, proceso.com, 12/IX/10).
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