Por mayoría de cuatro votos contra uno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el 30 de junio la liberación de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), entre los que se encuentra Ignacio del Valle –condenado a 112 años de prisión por “secuestro equiparado” y ataques a las vías de comunicación–, quienes permanecían en prisión desde los enfrentamientos en San Salvador Atenco y Texcoco ocurridos en mayo de 2006. De acuerdo con los magistrados, las condenas dictadas en contra de los activistas fueron producto de procesos irregulares en los que se emplearon pruebas ilegales por medio de los cuales se buscó, a decir del ministro Juan Silva Meza, dar “maquillaje institucional” a un acto de criminalización de la protesta social.
La resolución de la SCJN implica la reparación de una profunda injusticia: debe recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado, que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de derechos humanos, en violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de pertenencias a manos de policías estatales y federales, así como en la muerte de dos personas. Además, en los meses posteriores a estos hechos los reclusos enfrentaron procesos plagados de irregularidades y padecieron la aplicación facciosa de las leyes, traducida en la invención del delito de “secuestro equiparado” y en sentencias desproporcionadas e injustas.
Sin embargo, la determinación de la Corte no alcanza a reparar el enorme sentir de extravío en los aparatos estatales de procuración e impartición de justicia, que ha derivado en la aplicación de un castigo injustificable para los activistas de Atenco y en la persistencia de impunidad para los responsables de las vejaciones y atropellos cometidos hace más de cuatro años en esa localidad mexiquense. Es pertinente recordar, al respecto, que la propia SCJN determinó, en febrero del año pasado, eximir de toda pesquisa a connotados funcionarios de los ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de poder en las que cabe presumir alguna responsabilidad por esos hechos.
Cabe pugnar por la reparación del daño causado a los activistas, además de proceder a realizar las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios estatales y federales, así como de los integrantes del Poder Judicial que los mantuvieron injustamente encarcelados durante cuatro años. Es exigible, asimismo, la cancelación de las órdenes de aprehensión que actualmente pesan sobre América del Valle –hija del dirigente del FPDT, la que recientemente solicitó asilo político al gobierno de Venezuela–.
Finalmente, hay que decir que a pesar de la contundencia del fallo emitido por la SCJN, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos, de manera tramposa, cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel, por unas horas más, a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, quienes fueron liberados hasta las 9:30 de la noche del primero de julio. Es decir, la SSP federal enturbió y ensució hasta donde pudo el cumplimiento de un fallo inapelable que restituía, así fuera parcialmente, el sentido de justicia ignorado por las autoridades durante más de cuatro años.
(Fuente: Editorial de La Jornada, julio 1 y 2, 2010).
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