Operativos infructuosos

Los operativos encabezados por militares en el fraccionamiento El Paraíso y la colonia Villas del Sol, el pasado 16 de abril, de los que resultaron cuatro personas detenidas, así como el decomiso de un supuesto “arsenal”, el aseguramiento de dos vehículos y dinero en efectivo, fue más para efectos mediáticos que en efectividad en contra del llamado “crimen organizado”. Para las autoridades locales es “un alivio” que en San Francisco no haya los niveles de violencia que hay en Chi-huahua, Durango, Michoacán o Zacatecas. Sin embargo, la militarización de la vida pública está produciendo efectos que en el futuro provocarán reacciones violentas por parte de los sectores sociales que hoy son golpeados. Los militares no están entrenados para realizar labores policiales, por eso su actuar no encuadra en la lógica de la vida civil de la población, que no está acostumbrada a ver “operativos” como el de la noche del viernes 17 de abril, en el que hubo decenas de soldados a bordo de Hummers y otros vehículos militares, patrullando la ciudad, “atendiendo zonas conflictivas” e “instalando retenes”. Todo lo anterior totalmente ilegal. A los militares se les ve lo mismo en la colonia de la Purísima Concepción que en Jardines de San Francisco, en el fraccionamiento San Miguel que en el barrio de El Llano. Sin proporcionar información sobre los resultados de tales “operativos”, el número de detenidos y la causa de su detención, las autoridades municipales no han encontrado una mejor forma de enfrentar la inestabilidad social que provoca el desempleo, la carestía y la falta de oportunidades para que los jóvenes satisfagan sus necesidades de superación, ya sea escolar, laboral o cultural. Si la intención de las autoridades es incrementar el miedo en la población a partir de la presencia de militares, se trata de una política equivocada y contraproducente: ese miedo podrá paralizar o cambiar de rutina temporalmente a quienes se dedican a la venta de droga o su consumo, pero con el paso de los días, la vida del municipio se tornará insufrible por el nivel de violencia al que las autoridades nos están llevando. A Toño Salvador no le importa, él sólo sigue las directrices de los capos a los que sirve. No olvidemos que a partir del ajusticiamiento de El Chicago, se vive en el municipio un reacomodo de los distintos grupos que se disputan la plaza. Y Toño Salvador protege a unos, pero hostiga a otros. Por eso la represión es selectiva en contra de quienes se dedican a la venta de droga. Con total desconocimiento de la idiosincrasia de nuestro pueblo, el director de Seguridad Pública pretende que la ciudadanía “comprenda que la presencia militar es para reforzar las acciones de seguridad”, por eso pide lo imposible: “pedimos a la población que no se alarme, que no interfiera en la labor que se está realizando, pues buscamos el beneficio de la ciudadanía”. ¿Cómo puede decir este gorila que se busca el beneficio de la ciudadanía cuando su actuación ha sido no sólo pobre y deficiente, sino en contra de la legalidad? ¿Cómo pretende que la población apoye los “operativos” si éstos van en contra de los más vulnerables, los que no se pueden defender, ocasionando destrozos a casas habitadas por “gente sospechosa de traficar con droga”? ¿Con qué cara puede hablar Toño Salvador de respeto a las leyes cuando ha sido en “su” administración en que se han elevado los índices de inseguridad, de cateos a domicilios sin contar con una orden judicial, de detenciones arbitrarias de ciudadanos inocentes a partir de delaciones, etc.? Cínico, ignorante y sin tacto alguno, el director de Seguridad Pública afirma que “el aumento de la presencia militar se debe a los incidentes ocurridos en el municipio y que están relacionados con la delincuencia organizada, los cuales son protagonizados por gente de paso, que no es del municipio”. Empero, poco a poco se va conociendo el trasfondo de la actual política de seguridad pública en el país: a) En los dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar a tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración. Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como en el gobierno de Felipe Calderón, el presidente espurio. Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense. En junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense; b) policías de países como Estados Unidos, Francia, Colombia e Israel, entre otros, capacitarán a 300 elementos mexicanos a fin de que se conviertan en los mandos de los nuevos agentes dedicados a realizar tareas de inteligencia. Esos países, hay que decirlo, se caracterizan por la violación a los derechos humanos de sus ciudadanos; c) para hacer frente a la expansión de la “delincuencia organizada” y garantizar cabalmente la seguridad nacional, Felipe Calderón hizo llegar el pasado 22 de abril al Senado de la República cuatro iniciativas de ley, una de ellas encaminada a dar el sustento legal debido a la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y permitir que, en algunos casos, el Ejército asuma el control total de los operativos, “para ello se declararán medidas especiales de emergencia en aquellos municipios, entidades o regiones en que se ponga en riesgo la seguridad interior, ya sea por alteraciones del orden y la paz pública, incapacidad de la autoridad civil o incluso en caso de sublevaciones”. Mucha atención en esto último. El gobierno federal espera que pronto estalle el país en sublevaciones e inestabilidad social incontrolable. 
(Fuentes: a.m., abril 17, 19 y 22, 2009; La Jornada, 23/IV/09; Jorge Carrasco, proceso, no., 1694).