¿Acción responsable?

El gobierno de Guanajuato “tiene que buscar los mandatos jurídicos necesarios” para no aplicar la norma oficial mexicana NOM 046, publicada el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a los gobiernos estatales a interrumpir embarazos producto de abuso sexual, advirtió Fernando Torres Graciano, dirigente estatal del PAN, en una clara muestra de querer subordinar a las mujeres guanajuatenses a sus prejuicios religiosos. Ese mismo día (23 de abril), dijo que el Comité Directivo Estatal del PAN buscará, junto con el gobernador Juan Manuel Oliva, que, al amparo de la autonomía del estado, se encuentren medidas legales que permitan no aplicar la norma oficial sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046), que propuso la Secretaría de Salud del gobierno federal. Torres Graciano fue aun más lejos, se deslindó del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos: “Estoy de acuerdo en que el gobierno federal es del PAN, pero (la decisión) no fue como institución, y el partido no ha variado la postura del respeto a la vida”. Anunció que la fracción parlamentaria del PAN seguirá promoviendo en Guanajuato una reforma constitucional para garantizar “el derecho a la vida” desde la concepción y “un debate jurídico” sobre si se debe aplicar la NOM 046. Tal “debate jurídico” no se dio y, en su lugar, la fracción panista, más dos diputados priístas y la del PT, aprobaron hace tan sólo unas semanas, la modificación al artículo primero de la Constitución estatal, a fin de “garantizar el derecho a la vida desde la concepción”. Vale la pena recordar que en 1999 el gobierno de Baja California le negó a Paulina –en aquel entonces una adolescente– su derecho a un aborto legal, pese a que demostró que su embarazo fue producto de una violación. La joven acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tras años de negociaciones el gobierno estatal aceptó reparar el daño y se comprometió a impulsar en el Congreso local un proyecto para reglamentar el aborto por violación. La CIDH también recomendó al gobierno de México que elaborara una norma oficial que combatiera la violencia institucional que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así las cosas, el 21 de julio de 2008 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó la NOM 046, que obliga al personal de esa dependencia a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia, informar a las pacientes sobre las opciones para interrumpir el embarazo y brindar ese servicio a quien lo solicite. Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro las Libres con sede en León, y una de las mujeres más combativas a favor de los derechos de las mujeres guanajuatenses, dijo que la Secretaría de Salud tiene que cumplir la NOM 046, porque “Guanajuato no es una isla donde pueden violarse los derechos de las mujeres. Tenemos que lograr que el gobierno federal haga cumplir las normas”. Alejandro Madrazo Lajous, del programa de derechos a la salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo en reciente entrevista (mayo 19) que a los legisladores promotores de las reformas en contra del aborto “en realidad no les interesa evitar abortos por prevención, sino por intimidación a las mujeres”. El especialista destacó que la reforma es anticonstitucional porque la Carta Magna no contempla esa figura, por lo que los legisladores locales expusieron su concepto de persona, invadiendo el ámbito federal al que corresponde esa definición: “Los estados no pueden definir a su gusto ese concepto, porque habría multiplicidad de personas en este país”. Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), denunció que las reformas contra el aborto hechas en al menos 11 estados, “restringen y menoscaban los derechos constitucionales, lo que da como resultado discriminación de las mujeres en las entidades donde se realizaron modificaciones”. Con ello se les “reduce a la función de incubadoras humanas. Intentan blindarlas de derechos fundamentales, como la libre decisión, la libertad de conciencia y la maternidad voluntaria. El Estado mexicano ha fallado en todo lo referente a los derechos sexuales y reproductivos, con lo que amplía la discriminación hacia las mujeres”. Mientras esa batalla se da en el plano jurídico, en el de salud quedó claro que frente a la incredulidad de la población del estado sobre el brote de influenza porcina que surgió en nuestro país, el municipio de León, hasta el día 17 de mayo, tenía 13 casos confirmados de personas contagiadas con el virus. Como ha sido costumbre en el gobierno de Oliva, se trató de manipular la información hasta el grado de que ya no fue posible ocultar lo inevitable: en Guanajuato, el brote de influenza se extiende ya a varios municipios, sobre todo a los que registran datos de mayor pobreza y rezago social. Y, no podía ser de otro modo: en las últimas administraciones estatales, incluida la presente, se ha empecinado en políticas económicas que favorecen a los capitales extranjeros –el caso de General Motors en Silao es más que elocuente–, en detrimento de los sectores económicos locales, y que propician privilegios para unos cuantos, la concentración de la riqueza en pocas manos y la condena de cientos de miles de personas a estadios de insuficiencia en materia de ingreso, vivienda, transporte, alimentación, salud y educación. Si algo ha impedido que la devastación neoliberal desembocara en una completa desestabilización del estado ha sido el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, la perspectiva del éxodo económico parece haber llegado, en el actual contexto de crisis económica global, al límite de sus posibilidades como válvula de escape al maltrato social y económico de parte de los distintos gobiernos a la mayoría de la población. En el contexto de una realidad social que ha sido agravada por los gobiernos neoliberales que van de 1988 al presente, el surgimiento de un brote viral largamente anunciado ha de ser obligada-mente desastroso y, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en diversas naciones europeas, mortal para muchos de los infectados. En este panorama de crisis económica y sanitaria, cabe preguntarse cuántos miles de pequeños negocios personales y familiares –que dan sustento a gente que vive con las ganancias del día–, por no hablar de empresas pequeñas y medianas, se han vuelto ya inviables o lo harán en los días próximos; en qué porcentaje se disparará el desempleo ante el cierre de fuentes de trabajo o la imposibilidad de muchos empleados de asistir a sus centros laborales. En la actual circunstancia es urgente que las autoridades, además de empeñar las acciones pertinentes para evitar una mayor difusión del nuevo virus, empiecen por rescatar a los sectores mayoritarios de la población del desastre causado por décadas de políticas económicas antipopulares; que presenten un plan real y coherente destinado a auxiliar a la ciudadanía, antes que a las grandes empresas, a los contratistas y a los grupos de interés corporativos, y que apliquen, con transparencia y honestidad, los dineros públicos para financiar acciones concretas de apoyo a asalariados, jubilados y desempleados; a usuarios de servicios básicos, a causantes, a inquilinos, a estudiantes sin recursos, etc. (Fuentes: La Jornada, abril 24 y 27, 2009; La Jornada, 20/V/09).