Sin rumbo

En los dos primeros días de la segunda semana de septiembre, Felipe Calderón, emitió sendos mensajes nacionales: el lunes (septiembre 7), para anunciar la remoción y el remplazo de tres funcionarios de primer nivel de su equipo, y el martes (septiembre 8) para delinear algunas medidas económicas y sociales de cara a lo que llamó la gravedad de la circunstancia que enfrentamos. En el primer caso, renovó a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez.
La eficacia de tales funcionarios había venido siendo cuestionada desde mucho antes de las elecciones de julio pasado: en el caso de Medina Mora, por el inocultable y alarmante fracaso de los lineamientos de reforzamiento del estado de derecho, por la persistencia de la impunidad, por el incremento de las violaciones a las garantías individuales y por la confrontación –un secreto a voces– entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna.
Por su parte, Reyes Heroles, en Pemex, desplegó una campaña costosa, llena de falsedades, inútil a la postre, para colocar en manos privadas los segmentos fundamentales de la industria petrolera, y bajo su administración la paraestatal aceleró su declive, no sólo por causas externas (como la caída internacional de los precios del crudo, el saqueo fiscal de Pemex y la crónica dependencia de los ingresos petroleros en la que ha caído el sector público), sino también por la inocultable corrupción, el contratismo desaforado y la incapacidad o la falta de voluntad para planificar y racionalizar la producción de hidrocarburos. De la gestión de Alberto Cárdenas en la Sagarpa es difícil recordar algo relevante, salvo que esa dependencia siguió permitiendo la ruina de la mayor parte de los campesinos del país y orientó su acción a favorecer a grandes empresas agroexportadoras.
Para colmo, la elección de los sucesores despertó una oleada de críticas y señalamientos. Juan José Suárez Coppel llega a la dirección general de Pemex con una carga de antecedentes que hacen dudar de la pertinencia de su nombramiento: sus vínculos políticos y empresariales, así como su paso por la dirección de finanzas de la paraestatal se vinculan con ejercicios de especulación poco responsable y con episodios de opacidad, hasta el grado de que los apellidos Suárez Coppel figuran en una indagatoria emprendida por la Secretaría de la Función Pública (SPF) en torno a una presunta red de corrupción en Pemex.
Arturo Chávez Chávez, propuesto para encabezar la PGR, ostenta, por su parte, una trayectoria lamentable como procurador de Chihuahua (de 1996 a 1998), cargo en el que fue señalado por omisiones, negligencia y la comisión de irregularidades graves, particularmente ante la ola de feminicidios que ya por entonces se abatía sobre Ciudad Juárez. En cuanto al relevo de Alberto Cárdenas por Francisco Mayorga en la Sagarpa, la medida refleja más designio de continuidad que espíritu de cambio en las políticas agrarias en curso.
Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Reforma y de Proceso, calificó la ratificación de Arturo Chávez Chávez por parte del Senado, de la siguiente manera: “En el Senado fue ratificado el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República. Por la insolencia con que fue designado el nuevo funcionario, por la fuente real del nombramiento, por el desdén a la ciudadanía chihuahuense y mexicana, así como a la opinión pública internacional, por la forma en que se fraguó la aquiescencia senatorial y por sus imaginables y perniciosos efectos, la designación de Chávez Chávez es autocrática. El poder se sirvió a sí mismo, en vez de ser ejercido en beneficio de la sociedad.
“Como símbolo señero del desdén del poder a los gobernados, el Senado no recibió a las agrupaciones, algunas de ellas formadas por familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, opuestas a que su antiguo procurador local lo fuera de la República. Escuchó al funcionario, que contaba además con valedores en el PRI y el PAN, pero rehusó oír los motivos por los cuales se consideraba que Chávez incumplía el requisito constitucional de contar con buena reputación. Los senadores priístas, que inicialmente parecían tocados por la mala fama de que llegaba precedido el funcionario a ratificar, lo avalaron acríticamente, acaso por un eventual o ya pactado canje de apoyos con el PAN en vista de las varias designaciones en que participará su cámara en las semanas y meses siguientes. Al confirmar así al procurador, los legisladores del PRI hicieron que el Senado retrocediera y perdiera en los hechos un atributo que, por aminorar el peso de la institución presidencial, había sido bien calificado por la sociedad. Cuando se convierte en mero trámite para el que bastara un acuse de recibo, la designación de procurador nos vuelve al presidencialismo arbitrario del pasado”.
A esos relevos debe agregarse el anuncio formulado por Calderón sobre ajustes administrativos y en política social. Y es que, en rigor, Calderón se abstuvo, una vez más, de emprender un viraje económico, que es lo que el país requiere, y se limitó, en esencia, a anunciar la adopción de medidas de austeridad tan tardías cuanto insuficientes y el reforzamiento de programas asistenciales –sobre cuya operación recae siempre la sospecha de manipulaciones electoreras– de entrega de dinero en especie a los sectores más pobres de la población y el incremento de presupuesto para el Seguro Popular, programa engañoso y demagógico de una verdadera seguridad social de cobertura universal. Adicionalmente, el gobernante anunció la desaparición de tres secretarías poco relevantes: Turismo, Reforma Agraria y Función Pública; un colofón lógico a la caída del sector turístico, a la orientación empresarial y anticampesina del actual gobierno y a la prevalencia de la impunidad y la corrupción en las oficinas gubernamentales.
En suma, la crisis económica sigue causando estragos sociales, el tejido social del país continúa resistiendo embates que amenazan con provocar estallidos sociales y la descomposición institucional avanza a un ritmo alarmante, pero el grupo en el poder sigue, a tres años de inaugurada la presente administración, sin transitar por otro rumbo que el del caos.