Luego del anuncio de que la justicia italiana investiga al Instituto para las Obras Religiosas (IOR) –popularmente conocido como Banco Vaticano– por presunto lavado de dinero, la sede papal defendió el 22 de septiembre pasado, en un artículo publicado en el rotativo L’Osservatore Romano, la “integridad” y “transparencia” de ese organismo, y atribuyó el incidente a una “incomprensión” de las autoridades italianas. Por su parte, el presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, afirmó sentirse “humillado” por la investigación referida, y sostuvo que “se está usando un error de procedimiento como una excusa para atacar al instituto, a su presidente, y al Vaticano en general”.
No es ésta la primera vez que el Vaticano se ve envuelto en escándalos por presuntos fraudes fiscales y lavado de dinero. Por citar algunos de los episodios más célebres, debe recordarse la documentada participación de la institución financiera vaticana en operaciones de lavado de la mafia italiana, con la que estableció vínculos desde finales de la década de los años 60 a instancias del banquero Michele Sindona, a la sazón asesor financiero de Paulo VI. También, en 1982, la sede papal se vio involucrada en el escándalo político-financiero de la quiebra del Banco Ambrosiano –cuyo principal accionista era el propio Vaticano–, atribuida a los malos manejos del arzobispo Paul Marcinkus, entonces director del IOR. Es decir, existen elementos suficientes para poner en entredicho la “transparencia” e “integridad” del Banco Vaticano en lo que se refiere a las operaciones con dinero sucio.
Así pues, la llamada sede terrenal de la Iglesia católica dista de ser una institución inmaculada y no tiene por qué ser ajena a los fenómenos de corrupción que recorren el mundo. Por el contrario, la historia vaticana registra, desde hace siglos, numerosos manejos monetarios fraudulentos, y actualmente no hay motivo para eximir al papado, en automático, de sospecha, y menos para que las autoridades seculares le otorguen a priori exculpaciones penales o administrativas. Una de las facultades primordiales de los EstaPublicar entradados contemporáneos es investigar las presuntas violaciones a la ley. Ni la jerarquía católica ni ninguna otra institución religiosa deben disfrutar, ante tal atribución, de fuero o privilegio alguno. Por ello la investigación relacionada con el IOR debe ser llevada a sus últimas consecuencias y disipar o confirmar los indicios de movimientos financieros indebidos.
Al margen de lo que resulte de la investigación referida, la Iglesia católica no podrá restaurar su credibilidad y su prestigio en tanto persista en reclamar, así sea con un léxico contemporáneo, fueros medievales.
(Editorial de La Jornada, 23/IX/10).
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