Mientras el discurso oficial se sigue concentrando en la defensa de una supuesta estrategia de seguridad pública llamativa, ésta no ha tenido consecuencias positivas. Asimismo, la desigualdad y los rezagos económicos en el estado y el municipio siguen agravando las condiciones de vida de la mayoría de la población, y merman el cumplimiento de derechos básicos, empezando por la educación. Así lo demuestran, entre otros elementos, las cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en su página electrónica para los distintos niveles educativos del municipio. Actualmente, como se muestra en las distintas gráficas para el ciclo escolar 2009-2010, en primaria se tuvo una eficiencia terminal –porcentaje de alumnos que concluyeron oportunamente el ciclo escolar– del 94.4%, es decir, casi todos los que iniciaron el ciclo escolar lo concluyeron; en secundaria, fue de 73.2%, es decir, de cada cien alumnos que iniciaron el ciclo, setenta y tres lo concluyeron; en preparatoria, fue de 72.2%, o sea, sólo setenta y dos de cada cien alumnos lo terminaron. Los datos anteriores tienen que ver con la deserción escolar –porcentaje de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar–: en primaria fue de 1.7%, es decir, casi dos alumnos desertaron por cada cien que iniciaron el ciclo escolar; en secundaria fue de 4.0% y en preparatoria fue de 10.4%, o sea, diez alumnos desertaron por cada cien que se inscribió al inicio del ciclo a nivel bachillerato. Las cifras para el nivel licenciatura son alarmantes, pues según la SEG, para el ciclo escolar 2009-2010, el nivel de absorción –proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior– fue de tan sólo 5.7%, lo que significa que de cada cien alumnos que egresaron de bachillerato, sólo seis alumnos se inscribieron para seguir en la universidad; más aun, el dato de la evolución de la matrícula –porcentaje de la matrícula de un ciclo “n” de un nivel educativo, respecto a la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior “n-1”– registra un saldo negativo: -23.5%, es decir, de cada cien alumnos que se encontraba estudiando a nivel licenciatura en el ciclo 2008-2009, sólo 76.5 alumnos siguieron estudiando para el ciclo 2009-2010. Lo anterior no está muy alejado de las cifras que se manejan en el país: dos de cada diez de los jóvenes más pobres del país tienen acceso a los ciclos de enseñanza superior, mientras que aquellos que pertenecen a los sectores de más altos ingresos tienen cuatro veces más posibilidades de estudiar una carrera universitaria. A estas cifras deben sumarse otras, como las proporcionadas por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, en el sentido de que 70% del rezago educativo en el país se concentra en familias de campesinos depauperados. Por su parte, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha documentado la existencia de más de 6 millones de analfabetas en el territorio nacional, donde prácticamente la totalidad son pobres.
Las cifras comentadas dan cuenta de una realidad exasperante, en la que los atrasos sociales persistentes se traducen en pocas o nulas esperanzas de educación para los sectores menos favorecidos, y esta última circunstancia deriva, a su vez, en una reproducción de las condiciones de pobreza, marginación y exclusión de cientos de jóvenes y adolescentes habitantes de San Francisco.
No puede omitirse, sin embargo, la cuota de responsabilidad que corresponde a las autoridades en la configuración de esta dinámica: durante los últimos veinticinco años, y conforme al modelo político-económico vigente, las sucesivas administraciones municipales simplemente han administrado la crisis, contribuyendo a la construcción de un municipio en el que los niños y jóvenes de escasos recursos no tienen otros horizontes de desarrollo personal que la economía informal, la emigración, la delincuencia o, en el menos malo de los escenarios, la incorporación a trabajos mal pagados, inseguros, insalubres y carentes de perspectivas de superación.
Ante esto, es claro que la corrección de los retrasos educativos del municipio no se logrará únicamente mediante medidas cosméticas y asistencialistas –como las vergonzosas limosnas pomposamente llamadas “becas”–, sino con acciones mucho más profundas: a la par del fortalecimiento de las responsabilidades estatales en materia educativa –que necesariamente se debe traducir en un crecimiento presupuestario sustancial para el rubro– es urgente que la autoridad municipal diseñe políticas públicas tendentes a aliviar los rezagos sociales imperantes, pues en éstos se gesta la desigualdad presente en las oportunidades de acceso a la educación.
(Basado en Editorial de La Jornada, 3/I/11).
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